Pide México a EU cancelar la enmienda 245 de la ley migratoria

Jesús Aranda, enviado, y Rubén Villalpando, corresponsal, El Paso, Tex., 21 de octubre Ť A unas horas de que termine la prórroga para que cerca de un millón de connacionales regularicen su situación migratoria en Estados Unidos, el gobierno mexicano exigió al estadunidense la suspensión definitiva de la enmienda 245 (I) de la ley migratoria de ese país, la cual considera la deportación y sanciones a quienes no hayan legalizado su residencia.

Tal fue el planteamiento hecho por el subsecretario de Relaciones Exteriores, Juan Rebolledo Gout, a la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos, Doris Meissner, a quien le expresó su preocupación por las ``consecuencias negativas'' que tendrá para las familias mexicanas la posible deportación de uno o varios de sus miembros por la aplicación de la citada enmienda, la cual incluye también la restricción para regresar a Estados Unidos en un plazo de hasta 10 años.

Dicha enmienda establece que todo aquel que interponga un juicio de migración para convertirse en residente legal debe pagar una fianza de mil dólares, salir de Estados Unidos y esperar hasta que el juez emita su veredicto.

En conferencia de prensa, Rebolledo manifestó su confianza en que finalmente el Congreso estadunidense se manifieste por la suspensión definitiva de esa medida, en virtud de que, en caso de aplicarse, ``cientos de miles de familias'' quedarían en riesgo de ser desintegradas.

Por su parte, Doris Meissner indicó que su gobierno está comprometido en respetar los derechos humanos y evitar en lo posible dicha desintegración de familias.

Más allá de las palabras oficiales, funcionarios mexicanos que asistieron a la presentación oficial del Estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración en esta ciudad, afirmaron que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad Migratoria de 1996 contiene una serie de imprecisiones que no garantizan su justa aplicación.

Comentaron que, independientemente de los trámites para no ser deportados, no hay ninguna garantía de que los connacionales que cumplan los requisitos y procedan legalmente resulten favorecidos, como tampoco hay plazos concretos para que la justicia estadunidense emita un fallo.

Un ejemplo de tantos que se comentaron en el hotel que es sede también de la Reunión Regional del Mecanismo de Consulta sobre funciones del SIN y Protección Consular, fue en relación a un joven mexicano que estudia la high school, que lleva buenas calificaciones, es un buen deportista y aspira a conseguir incluso una beca universitaria; sin embargo, de aplicarse la enmienda 245 (I) tendría que regresar solo al Distrito Federal, de donde es originario, porque sus padres sí cumplen con los requisitos de residencia exigidos por las autoridades de este país.

En caso de que ese joven se negara a salir del país durante el tiempo que dure su juicio migratorio, sería deportado y en caso de intentar ingresar ilegalmente sería acusado de reincidencia, con lo que le sería negada la entrada por un plazo que va de los tres a los 10 años.

David V. Aguilar, jefe de la Zona Central de la Patrulla Fronteriza -que abarca parte de Texas y Nuevo México-, aseguró que esa corporación no realizará ``deportaciones masivas'', y rechazó que en caso de que el Congreso estadunidense confirme la enmienda se tengan previstos operativos especiales para detectar inmigrantes. ``Seguirán las mismas acciones en los lugares en que se llevan a cabo regularmente''.

Jesús Aranda, enviado, y Rubén Villalpando, corresponsal, El Paso, Tex., 21 de octubre Ť La presentación oficial del Estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración confirmó las diferencias ``insalvables'' que tienen los dos gobiernos sobre ese tema, así como la falta de una estrategia común para garantizar el respeto a los derechos humanos y la integridad de las familias mexicanas que se verán afectadas por las recientes medidas antinmigratorias en este país.

Al presentar oficialmente el estudio -considerado el ``más serio esfuerzo'' de cooperación bilateral en la materia-, el subsecretario para Asuntos Bilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Rebolledo Gout, y la comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN), Doris Meissner, evitaron asumir un compromiso concreto que dé seguimiento a las recomendaciones que establece el documento, elaborado durante más de dos años por 20 expertos de ambos países.

En conferencia de prensa, en la que también se anunció la puesta en marcha de la Reunión Regional del Mecanismos de Consulta sobre Funciones del SIN y Protección Consular, Rebolledo Gout reiteró el rechazo del gobierno mexicano a la adopción de medidas unilaterales antinmigratorias, así como al enfoque policiaco y ``de contención'' que representan acciones como las operaciones Guardián, Río Grande, Bloqueo, etc.

Demostró la falta de confianza que persiste entre los dos gobiernos sobre la forma de enfrentar el problema migratorio, e hizo un llamado a la comisionada Meissner para que ambas naciones alcancen ``un estadio superior de política'', en el cual reconozcan que las directrices gubernamentales también inciden en dicho fenómeno, además de ``ir abatiendo la migración como un problema entre los dos países''.

Por su parte, Meissner comentó, a pregunta expresa, que en su momento el gobierno mexicano no se había inconformado porque la Operación Río Grande se iba a implantar en el área de Texas, sino que las autoridades habían planteado su preocupación por el respeto a los derechos humanos y evitar que las medidas antinmigrantes afecten a las familias de los connacionales que viven en Estados Unidos.

Meissner dijo en reiteradas ocasiones que ambos gobiernos tenían que avanzar en profundizar las coincidencias que hay sobre el tema migratorio, en lugar de discutir sobre las diferencias que aún persisten en cuanto a las causas y formas de enfrentar la migración indocumentada.

Mientras que la funcionaria estadunidense reiteró la posición de su gobierno respecto a frenar la migración ilegal y favorecer la legal con el apoyo de la Patrulla Fronteriza, Rebolledo aseveró que México continuará insistiendo en que los operativos antinmigratorios conllevan riesgos enormes para los connacionales, quienes se ven en la necesidad de buscar caminos cada vez más alejados y peligrosos para ingresar en el vecino país.

El punto de conversación entre los funcionarios mexicanos asistentes a la Reunión Regional de Mecanismos de Consulta sobre Funciones del SIN y Protección Consular fue, precisamente, la futura aplicación de la ley de migración, la cual podría afectar a casi un millón de connacionales. Hubo consenso en que, si bien el estudio sobre migración constituye un avance, lo cierto es que ya es hora de que se aterricen en la práctica las propuestas que éste contiene.

Rebolledo y Meissner coincidieron en que aún no existen cifras confiables en cuanto a los ``costos y beneficios'' de la migración para México y Estados Unidos, aunque en entrevista posterior Rebolledo rechazó que los migrantes mexicanos ``consuman más de lo que pagan'' en impuestos.

``El estudio dice que hay costos y beneficios para los dos países, pero que no son homogéneos. Hay beneficios en ciertos sectores para Estados Unidos que son enormes, gente que consume muy pocos beneficios y que directamente aporta, tanto en costos como en productividad, en determinados sectores. Precisamente, el documento propone la realización de estudios binacionales por sector, pero no hay respuestas contundentes para que se le quite al gobierno estadunidense determinada cantidad de recursos...''

Historia de un informe anunciado

El documento dado a conocer ayer oficialmente en esta ciudad, era el mismo que entregó la cancillería en septiembre pasado, cuando el canciller José Angel Gurría compareció ante el Senado mexicano. Sin embargo, tanto Rebolledo como Meissner reaccionaron ante los cuestionamientos en la conferencia de prensa conjunta como si fuera la primera vez que tenían el documento en sus manos.

Entre los datos que contiene el análisis, ya publicado en diferentes entregas, se menciona que hay 7 millones 300 mil mexicanos en Estados Unidos, de los cuales 4 millones 900 mil son residentes autorizados y 2 millones 400 no autorizados.

Se indica que el tema de la migración es un problema que ha generado ``tensión'' entre los dos países a lo largo de la historia y que, a pesar de las diferencias de enfoque, conlleva beneficios y costos para ambas naciones.

Revela que se ha dado un cambio en el perfil de los migrantes, y que incluso el trabajo en el área de servicios ha desplazado al de las zonas rurales.

Se hacer ver que el fenómeno migratorio debe analizarse desde una perspectiva completa, y de manera implícita descalifica las acciones policiacas que han implantado en los últimos años las autoridades estadunidenses a lo largo de la frontera.

Reconoce que la violación a los derechos humanos de los connacionales son los principales puntos de preocupación para el gobierno mexicano, como también el que las políticas migratorias hayan tenido un carácter ``episódico'', toda vez que el debate en la materia ``está muy influido por las condiciones económicas variables en ambos países''.

El documento plantea la necesidad de que México y Estados Unidos emprendan un análisis sistemático de las políticas que apoyen las consecuencias migratorias del creciente comercio y los flujos financieros y de inversión, facilitando los movimientos autorizados y ``reduciendo las barreras a la entrada autorizada de migrantes''.