Entre 1985 y el actual 1997 cambió el concepto de seguridad nacional en México. Para la nueva doctrina el terremoto de 1985 se volvió paradigmático, pues se consideró que la emergencia era una oportunidad para que la sociedad fortaleciera sus propios vínculos y modificara su relación con el gobierno. Para garantizar la supremacía gubernamental, los ideólogos de la seguridad nacional inventaron la Protección Civil, no sólo como concepto específico para prevenir y actuar en desastres y peligros, sino como institución para corporativizar a las víctimas del desastre. La consigna es: prohibido organizarse; organizarse es corrupción y ``líderes''.

En este sentido, Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación para enlazar al Ejército, la Armada, Cruz Roja e instituciones públicas en situaciones de emergencia, tiene como objetivo construir un solo interlocutor -conformado por ellos mismos- para impedir que la sociedad, los pueblos, las comunidades, se conviertan en interlocutores de la reorganización social y económica. Protección Civil es, pues, una de tantas colas de la seguridad nacional.

Un ejemplo de esto es la comparación sobre el comportamiento del gobierno entre el terremoto de 1985 en la ciudad de México y el huracán Paulina que azotó la costa de Guerrero y Oaxaca. En ambos casos, la Presidencia tuvo dos comportamientos totalmente distintos, pues Miguel de la Madrid no tenía guión y fue rebasado, incluso obligado por sus errores y la movilización social, a expedir un decreto de expropiación de tierra para la reconstrucción en el área central de la ciudad. En el caso del doctor Zedillo, éste llegó de Alemania a defender primero a Protección Civil, pues con ello defendía el guión y una política largamente trabajada para la zona en los escritorios de seguridad nacional, encubierta con la máscara de Protección Civil. Las ventajas están a la vista; siendo el gobierno el único actor e interlocutor, él dice cuándo empieza y cuándo termina la emergencia; impone las prioridades a la reconstrucción y establece la organización de todo a fin de que no se organice nada.

En 1977-78, recordaremos que Rubén Figueroa Figueroa, como gobernador de Guerrero, realizó una ofensiva directa en contra del anfiteatro de Acapulco, que dio como resultado la creación de Ciudad Renacimiento, zona baja y pantanosa, convirtiéndola en hermana de Ciudad Nezahualcóyotl en el valle de México. Durante los siguientes casi 20 años, el anfiteatro de Acapulco se siguió poblando, así como los lechos de sus arroyos; los gobiernos priístas no sólo permitieron sino que alentaron este repoblamiento. La irresponsabilidad de Protección Civil se convirtió en una alianza de éstos con Paulina y el fantasma de Rubén Figueroa para un nuevo y macro desalojo de los habitantes pobres del Acapulco del anfiteatro. Lo que hizo a medias Figueroa, lo hicieron Paulina y el doctor Zedillo al decidir la reubicación fuera del anfiteatro, lo que creará una nueva ciudad tras los cerros de Acapulco.

Esta situación está dentro del guión no sólo de Protección Civil, sino de seguridad nacional, que le otorga grado de coadyuvante al huracán Paulina en la planeación de una ciudad crecida anárquicamente debido a la pobreza, mala distribución, represión, cacicazgos, neoliberalismo y crisis, luego del desplome de la producción coprera, cafetalera, cítrica en la costa de Guerrero y Oaxaca por la apertura indiscriminada; no es difícil predecir que la migración hacia Acapulco, Huatulco, ciudad de México y la frontera norte continuará por estas razones.

A diferencia de 1985, en que la sociedad se impuso, en Guerrero y Oaxaca los damnificados tienen prohibido organizarse e imponer sus condiciones y prioridades en la reconstrucción. La militarización de la ayuda tiene este propósito, pues Protección Civil ha sido tan incompetente que no sirvió ni como fachada y se la llevaron las aguas de los ríos y los arroyos de Paulina. El doctor Zedillo, como líder único de los damnificados, está en una lucha política en contra de la sociedad y sus irritaciones y no tanto contra los efectos de Paulina, y para ello decretar la normalidad es ganar una batalla en contra de los pueblos, imponiendo los viejos intereses de constructoras, empresas hoteleras, bancos y trasnacionales, que de nuevo en la tragedia se verán favorecidos a costa de la desgracia de la mayoría.