El gobierno mexicano tiene cuentas pendientes con Amnistía Internacional (AI) en Londres y con la Unión Europea (UE) en Bruselas, que más temprano que tarde deberá de pagar. Su negativa a enfrentar responsablemente los señalamientos de diversas ONG, nacionales y extranjeras, sobre el creciente deterioro de los derechos humanos (DH) en el país, y los obstáculos puestos a su labor, han creado serias dificultades en sus relaciones con Europa, de cara a la firma de un Tratado de Libre Comercio.

El conflicto rebasa, con mucho, el incidente suscitado durante la gira del primer mandatario a Francia, cuando los representantes de cuatro ONG internacionales cuestionaron beligerantemente la situación de los DH en México. Desborda también la discusión sobre si el secretario general de AI tenía o no una cita para entrevistarse en México con el jefe del Ejecutivo. El problema de fondo es mucho más sencillo: hay sólidas evidencias del deterioro de los DH en el país y del menosprecio oficial hacia las ONG.

Aunque formalmente México cuenta con un sistema de protección y promoción de los DH, y ha firmado más de 30 acuerdos internacionales sobre el tema, las instituciones responsables de impartir justicia no funcionan adecuadamente. El problema no es, exclusivamente, de leyes, sino de su cumplimiento.

Según un estudio realizado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ``la denegación y privación de justicia son las violaciones de DH más generalizadas en el país''. Existe, además, una multitud de informes que dan cuenta del incremento en la desaparición forzada de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, violación al proceso legal (se practican detenciones ilegales sin orden judicial ni flagrancia, no se pone al detenido en disposición del Ministerio Público o del juez, etcétera) y agresiones en contra de defensores de DH. Las entidades donde estas violaciones se concentran son: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal.

El deterioro en este terreno ha sido ampliamente documentado en estudios realizados por Human Rights Watch, Abogados de Minnesota, AI, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH), así como diversas instituciones vinculadas a la ONU: el Comité para la Eliminación Racial (CEDR), el Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, el Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías, etcétera.

Ante lo delicado de la situación, varias de estas instituciones han visitado al país. Tan sólo en este año estuvieron aquí miembros de la CIDH y el Relator Especial contra la Tortura. Todos ellos han hecho recomendaciones al gobierno mexicano, aunque se hayan topado con la indiferencia oficial, como sucedió con las que hizo la CIDH en el caso del general Gallardo. En palabras de Fernando Mejía, director adjunto de la Organización Mundial contra la Tortura: ``Las autoridades mexicanas han carecido de argumentos creíbles para refutar las gravísimas denuncias sobre las múltiples violaciones de derechos humanos y la preocupante militarización del país que hacen en su contra ONG nacionales e internacionales y expertos de grandes instituciones internacionales''.

Tres hechos han profundizado el deterioro de los DH. El primero es el uso del Ejército para enfrentar al EZLN y al EPR, combatir el narcotráfico y suplir a la policía. El segundo es el deterioro generalizado de los mecanismos de seguridad pública y las tendencias a suplirlos con acciones al margen de la ley. El tercero es la promoción y tolerancia de grupos paramilitares en Chiapas y Guerrero para contener la rebelión indígena y campesina.

El desprecio gubernamental hacia las ONG (nacionales y extranjeras) tiene una larga historia, y se ha intensificado en los últimos tres años. Desde el poder se les quiere reconocer legitimidad tan sólo si circunscriben su acción a tareas asistenciales o filantrópicas, pero se juzga inconveniente su protagonismo político. Tal actitud ha sido fuente constante de choques. No en balde, la canciller de Finlandia, Tarja Halonem, debió recordar al gobierno mexicano que ``en Europa respetamos enormemente las opiniones de las ONG, particularmente las que se dedican a los DH'' (La Jornada, 16-X-97).

La gravedad de la situación de los DH en nuestro país nos recuerda que la ``normalidad'' democrática está mucho más lejos de lo que el poder quiere hacernos creer. Para que pueda decirse que hemos entrado realmente a una transición democrática, los derechos humanos deben ser parte sustancial de la agenda política nacional, y se requiere reconocer como interlocutores reales a las ONG que buscan promoverlos y defenderlos. Mientras tanto, el gobierno tiene una cuenta que pagar en Bruselas y Londres, y su crédito parece estar agotándose.