En estos días de tragedia y enfrentamiento, hay un problema grave que se necesita afrontar en México: la necesidad de tener gobiernos con responsabilidad pública.

Los ciclones Paulina, Olaf, se llevaron las máscaras de silencio en que viven millones de mexicanos en las costas de Oaxaca y Guerrero y ahora nos muestran su miseria. Resulta casi una broma de mal gusto cuando estos pobladores de arroyos y terrenos peligrosos afirman, ``nos quedamos sin nada'', como si antes de la última tragedia tuvieran realmente algo. Además de esta miseria, Paulina nos ha permitido ver de nuevo otras realidades: el nivel de subdesarrollo de nuestras autoridades para prevenir desgracias masivas y luego para solucionarlas.

No se desalojó a la población que peligraba, y luego tampoco se ha podido ser eficaz en la ayuda. Las zonas devastadas son un buen laboratorio para mirar el submundo político de los caciques, los líderes de colonia, los oportunismos, la ineficiencia de la organización, las miles de tranzas que rodean a los asentamientos irregulares (por definición altamente peligrosos para sus habitantes), los estragos de una economía que ha agravado el mundo de la pobreza en el que viven millones de mexicanos, las expresiones dantescas o africanas de miles de personas pidiendo ayuda. Un Presidente de la República sorprendido, molesto y a la vez preocupado, del México que nos han develado estos fenómenos naturales y que hoy le dan visibilidad pública a esa miseria cotidiana de miles de mexicanos que no tienen entrada al modelo económico del México moderno que exporta, juega en la Bolsa de Valores y se comunica por Internet.

Una vez pasada la emergencia, se impone pedir responsabilidad pública, pero cuántos años atrás necesitaremos para llegar al primer político que autorizó esos asentamientos o que orilló a esos grupos a poblar lugares peligrosos, que no ofreció alternativas viables de vivienda accesible y segura. Porque no se trata nada más de la responsabilidad de un día antes de la tragedia, de un desalojo que no se hizo, o de la responsabilidad de los que ``lucran'' con la tragedia en estos días o de los que delinquen y se clavan las despensas, como dijo el presidente Zedillo.

¿Dónde están los responsables de la tragedia, o por lo menos de la parte que se pudo haber evitado? ¿Ante qué instancia de justicia van a responder? ¿Cuántas paulinas más se requieren para evitar que esto se vuelva a repetir el año que sigue?

Hay otra responsabilidad pública, la que corresponde a los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. Mientras se reproducen con intensidad los signos del endurecimiento y la descomposición política del país, con hechos que van de la matanza de los jóvenes de la colonia Buenos Aires a los abusos de políticos que usan todo el poder y los recursos de sus gobiernos estatales para hacer que el Partido Revolucionario Institucional no pierda elecciones, como es de nuevo el paradigmático caso de Tabasco, los partidos de oposición en la Cámara de Diputados y sus respectivas direcciones nacionales, se dan el lujo de poner en peligro la alianza opositora.

El momento es definitivo, lo que se logre de aquí al año 2000 --un periodo sustancialmente de tránsito-- repercutirá a favor o en contra de una posible democracia con estabilidad en los próximos años.

No hay a la vista ningún otro actor con capacidad y poder para hacer cambios y modificaciones económicas y políticas urgentes que el grupo de partidos aliados, bien o mal llamado bloque opositor (PRD, PAN, PT y PVEM). Estos líderes tienen que entender que no están en juego sus plataformas programáticas o sus celos personales, sino la posibilidad --por primera vez en la historia del país-- de forzar al gobierno y a su partido a una transición pactada. Si Adolfo Suárez, el rey Juan Carlos y Felipe González se hubieran empeñado en sus obsesiones y pequeños intereses, nunca hubiera habido pacto de La Moncloa y transición.

Claro que no somos España, si acaso hoy seremos Rusia, pero la oportunidad no debe depender de la mirada de corto plazo de un grupo de líderes de oposición. El momento requiere de miradas de largo plazo, de un proyecto para este pobre país, en una palabra, de acciones con responsabilidad.

Poner en peligro la alianza opositora de la Cámara de Diputados es renunciar a incidir y modificar la actual política económica, la política social, las reglas laborales, y consolidar los instrumentos que nos permitan cruzar con más certeza y menos traumatismo el año 2000.

Poner en peligro la alianza es dejarle el camino despejado a los duros, que el domingo pasado en Tabasco nos mostraron otra vez sus ``métodos'' de hacer política. Poner en peligro esa alianza es un acto de irresponsabilidad pública.