El presupusto público para 1998 está ya en disputa. Por ello, la política económica se ha vuelto motivo de opiniones y análisis, y objeto de demandas diversas de sindicatos, fuerzas políticas y grupos empresariales. No es todavía muy claro hasta dónde llegan las presiones de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, que es donde se discute y debe aprobarse el presupuesto de egresos. Tampoco se sabe cuáles son los límites hasta los que pretende llegar la Secretaría de Hacienda en la negociación, así como no son suficientemente claras las formas de influencia de los grupos de interés del sector privado. Por un lado, están las restricciones legales para modificar la parte de los ingresos en el presupuesto, así como las limitaciones de tipo económico que han sido expuestas por el responsable del Sistema de Administración Tributaria, encargado del cobro de los impuestos. Por otra parte se advierte una disposición de las fuerzas opositoras al PRI de hacer efectiva su demanda de mayor y transparencia en el uso de los recursos y de una menor discrecionalidad por parte del Poder Ejecutivo.

Un asunto que se está expresando de modo abierto en esta etapa de debate económico en el país, es el que se refiere a la política monetaria. El bando central puede señalar la efectividad de sus acciones para reducir la inflación y es muy posible que alcance las metas fijadas para la tasa de crecimiento de los precios durante el año, y que es de 15 por ciento. Este éxito, además, se acompaña de una recuperación de la economía vista en su conjunto, es decir a escala macroeconómica. El apoyo que estas dos cuestiones dan a la política monetaria se enfrenta, sin embargo, al atraso que aún muestran varias actividades productivas, a la lenta recuperación de los ingresos y al surgimiento de un desequilibrio en la cuenta comercial, pues ya se registra un déficit provocado por el más rápido crecimiento de las importaciones. Bajar la inflación no es una condición suficiente para volver a armar la economía mexicana.

La semana pasada, Alan Greenspan hizo una impecable presentación del estado de la economía de Estados Unidos ante el comité del presupuesto del Congreso. En ella consideró las formas de operación de la economía y los cuellos de botella que se presentan en los mercados, sobre todo en el mercado laboral, y que podrían frenar la expasión y generar una tendencia inflacionaria. En ese marco alertó sobre las acciones que en materia monetaria podría tomar la Reserva Federal y que consistiría esencialmente en el alza de las tasas de interés para alentar la reducción del gasto y evitar lo que se llama el sobrecalentamiento de la economía. Unos días después, el vicegobernador Gil Díaz, de Banxico, propuso en una reunión en Washington sus tesis sobre la más reciente crisis de la economía mexicana (véase El Financiero, 15 de octubre de 1997). Ahí señaló que a diferencia de la interpretación convencional sobre la devaluación de diciembre de 1994, ella no fue provocada por la sobrevaluación del peso sino por el caos del sistema bancario. En sus ``Lecciones sobre la crisis del peso mexicano'', advirtió que el problema empezó desde la privatización de la banca en 1982, cuando los banqueros que sabían del negocio lo abandonaron y los reguladores no ejercían sus funciones. Despúes, y siempre conforme al funcionario y según consta en el reporte periodístico, la privatización se hizo de modo apresurado y sin criterios propios y aptos, y los nuevos banqueros demostraron rápidamente su falta de aptitud en la concesión de créditos. En fin, de acuerdo con esta versión, el sistema quebró y ello explicaría 15 años de errores del gobierno y de abusos de los dueños de los bancos.

Como interpretación de la crisis ésta deja mucho que desear. Sobre todo por su debilidad política que abarca el asunto de las responsabilidades y por lo discutible de su análisis de la economía. El propio gobierno ha señalado en el programa de financiamiento al desarrollo que la sobrevaluación del peso habría alcanzado en 1994 más de 23 por ciento, y si bien las exportaciones aumentaron en el sexenio anterior, ello no modifica el hecho que en ese mismo año se acumularan 18 mil millones de déficit comercial. Lo que más sorprende de las lecciones del vicegobernador es que el ámbito monetario se vincule de manera tan pobre con la parte productiva y se mantenga la disociación entre la gestión monetaria y la estructura productiva del país. Esta misma cuestión se aprecia en las advertencias del gobernador Mancera respecto de la necesidad de mantener la disciplina fiscal, que hoy se ha fijado en la posibilidad de financiar un déficit público equivalente a 1.25 por ciento del PIB. Tal y como está la economía y conforme se le ve desde las oficinas el banco central, el equilibrio macroeconómico actual parece tan precario que cualquier movimiento monetario o fiscal acabaría con él. Esta postura es políticamente restrictiva y persiste el cuestionamiento de que la gestión económica actual sea una garantía para el cumplimiento del objetivo de crecimiento de largo plazo.