El juego de la globalización está generando una nueva presión política y moral sobre el país, y de forma particular, sobre el gobierno del presidente Zedillo. El mundo de los negocios y de las alianzas comerciales tiene un ingrediente que resulta conflictivo para el gobierno mexicano: se trata de la corrupción interna y de la violación a los derechos humanos. Ninguna de esas dos pestes --que pertenecen a los sótanos del subdesarrollo-- son una novedad en México, pero hoy los criterios internacionales de nuestros socios comerciales están muy por arriba de los parámetros internos en ambos problemas.

En la última semana hay tres hechos que muestran esa nueva realidad: primero fue un encuentro entre el gobierno de México y organizaciones no gubernamentales en París, que de forma directa sentaron al Presidente en el banquillo de los acusados y lo ubicaron como un gobierno que viola de forma grave los derechos humanos; luego una declaración del embajador de Canadá, Marc Perrot, quien en una entrevista aventuró una pequeña frase que fue explosiva: ``Soy un experto en el Medio Oriente y cuando llegué aquí pensé que ya conocía todo en cuanto a corrupción. Pero estaba equivocado'' (Milenio, núm. 6); un poco después el nuncio apostólico, Justo Mullor, se subió a la ola y se lanzó en un reto abierto a denunciar la corrupción del gobierno y del Ejército por el narcotráfico, las narcomordidas. El hecho de que todos los emisores sean extranjeros y diplomáticos no invalida su denuncia; la existencia de los problemas está más allá de que un embajador o una ONG sean las fuentes. Las denuncias no fueron desmentidas, pero mediante la vía diplomática se ha querido hacer una cortina de humo. Nadie dijo que Perrot mintiera, simplemente lastimó los rituales de la diplomacia; el propio Zedillo no ha emitido una versión en contra del informe de Amnistía Internacional, pero se ha hecho un gran escándalo por la famosa impugnación de Sané, si realmente pidió o no audiencia y si efectivamente el Presidente se negó a recibirlo. El gobierno ya no se puede refugiar en las salidas falsas que funcionaron en el pasado y afirmar que se trata de vulnerar la soberanía del país. Hoy se tienen que enfrentar los problemas reales: la violación de derechos humanos está en niveles graves y la corrupción ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Sobre corrupción, tomemos nada más el criterio de la organización Transparency International y según sus parámetros México se encuentra en el sitio 47 de 52 países, sólo mejor que Nigeria, Bolivia, Colombia, Rusia y Pakistán (Proceso, núm. 1093).

De pronto, los reclamos que se hacían sobre la corrupción a principio de la década pasada han regresado, pero ahora por la vía internacional. Al gobierno le debería de preocupar que sus socios y el medio diplomático tengan esa visión del país. Después de darle muchas vueltas al tema hoy en día se pueden afinar algunas hipótesis sobre las causas del problema: México no va a cambiar por simples presiones internacionales, ni por una extraordinaria voluntad de sus gobernantes para enfrentar estos problemas; tampoco se trata de una esencia maligna del ser mexicano que es corrupto; no es el caso de una tradición ancestral. Se trata más bien de las consecuencias de haber tenido durante tantos años un sistema de partido hegemónico, de una ausencia de contrapesos y de una falta de división de poderes y, también, de un diseño incorrecto de los mecanismos para rendir cuentas, así como de una debilidad en las instituciones encargadas de vigilar el manejo de los recursos públicos.

Por ejemplo, por más que la Contraloría se reproduzca y aumente sus recursos y ponga un auditor en cada oficina y adentro de cada archivero, el principio está equivocado: el Ejecutivo no se puede vigilar a sí mismo. Para ser eficiente se tiene que hacer desde otro poder, el Legislativo, el cual requiere una pluralidad que ya tiene, sólo le hacen falta los recursos para convertir sus instrumentos en una poderosa fuerza fiscalizadora. Si el Presidente de la República sólo es responsable, según la Constitución, por delitos del orden común o por traición a la patria, ¿cómo se va a poder terminar con esa punta de la pirámide de la que se desprenden arreglos y compromisos? Se necesita desmontar el sistema de intereses económicos en los que está inserta la presidencia.

Un Poder Judicial deficiente no sólo en sus recursos legales, sino en las alianzas estratégicas con la delincuencia organizada, son la mejor invitación a delinquir, practicar la corrupción, y violar los derechos humanos, porque al final de cuentas no hay castigo.

Mientras tanto, México será para nuestros socios comerciales un país corrupto donde no se respetan los derechos humanos y los ciudadanos seguiremos padeciendo estas pestes.