De nueva cuenta, el nuncio apostólico en nuestro país, Justo Mullor García, emitió expresiones indebidas e incompatibles con su misión diplomática. Cuando aún no terminaba de despejarse la andanada de reacciones críticas que suscitaron sus improcedentes afirmaciones de la semana pasada sobre la presunta infiltración de la PGR y el Ejército Mexicano por parte del narcotráfico, así como sus deplorables juicios sobre diversos aspectos de la enseñanza pública, el representante papal aludió al artículo 33 de la Constitución con una gracejada poco respetuosa.

Resulta sorprendente, por decir lo menos, el empecinamiento del diplomático en palabras y actitudes que suscitan la animadversión en su contra de amplios sectores de la sociedad mexicana y que, de persistir, no dejarán a las autoridades otro camino que el de exigir al Vaticano, ya sea en forma discreta o mediante una nota oficial, que retire al nuncio.

Es también inaudito, amén de poco elegante, el empeño de Mullor García por descalificar de antemano a los informadores ante quienes manifiesta sus incontinencias verbales y por atribuirles la culpa de la reprobación social que éstas generan.

A este respecto cabe señalar que, si bien el propio nuncio se ha colocado, con sus acciones, en una situación semejante a la del ex embajador canadiense, Marc Perron, existe por lo menos una clara diferencia en la actitud de ambos personajes: mientras que el representante de Ottawa asumió con entereza e integridad la responsabilidad y las consecuencias de sus palabras, el diplomático vaticano busca sistemáticamente diluir los efectos de sus exabruptos acusando a los medios de tergiversar sus palabras o recurriendo a la supuesta existencia de ``pequeños grupos'' o de ``campañas'' orientadas a boicotear las relaciones entre el gobierno mexicano y la Iglesia católica.

El ``pequeño grupo'' al que se refiere Mullor García es, en realidad, todo el conjunto de mexicanas y mexicanos interesados en el respeto, la observancia y el cumplimiento de los ordenamientos constitucionales y de las leyes nacionales e internacionales vigentes, particularmente los que rigen la presencia de extranjeros en nuestro país, las que se refieren a las asociaciones religiosas y las que regulan el comportamiento de las misiones diplomáticas.

En cuanto a los intentos por crear conflictos entre las autoridades nacionales y las instituciones católicas del país y del extranjero, el único a la vista de la opinión pública es el que el propio representante papal parece estar realizando.