Salazar Toledano: lejos de la ingobernabilidad, el DF

Alonso Urrutia y Miriam Posada Ť La crítica perredista volvió a ser la misma contra el régimen. El diputado Alfredo Hernández lanzaba la máxima condenatoria: ``La administración de Oscar Espinosa ha sido juzgada por la historia; el proceso electoral fue una condena histórica contundente''.

Responsable de finiquitar la deuda política de Oscar Espinosa ante el pleno de la Asamblea Legislativa, mayoritariamente perredista, el secretario general de Gobierno, Jesús Salazar, devolvió:

``El triunfo que se hace residir más en las fallas y errores de los adversarios que en los méritos propios es un boomerang muy riesgoso. Esta explicación implica un menosprecio hacia todos los cuadros y dirigentes que elaboraron una plataforma electoral que convenció a la población; agravia también a quienes abanderaron esa lucha política y los convierte, simple y llanamente en afortunados recipiendarios del mal comportamiento ajeno''.

Era el clímax de una comparecencia y el PRD recrudecía sus embates contra la actual administración en la comparecencia del secretario de Gobierno ante la Asamblea Legislativa capitalina.

Era el último encuentro público con la actual administración y Hernández lo aprovechó para advertir que ``el proyecto político de su administración ha fracasado; ha carecido de sensibilidad ante las necesidades de las mayorías; ha demostrado un alto grado de descomposición reflejado en una profunda crisis de credibilidad y corrupción''.

Autodefinido como priísta de la vieja guardia, Salazar Toledano replicó que ``no habría razón válida para rehuir la parte que nos toca --como gobierno-- en la derrota, sino aceptarla con sentido autocrítico en su justa dimensión''.

Luego soltó la respuesta directa: ``afirmar que el resultado constituye una tajante e irremisible desaprobación del actual gobierno, resulta, lo menos, irrespetuoso para partidos y candidatos. Reducir de manera tan enfática el comportamiento de más de 2 millones de electores es una extraña forma de autodescalificación''.

El porqué del triunfo

Salazar fue más allá y atribuyó el factor central del triunfo perredista a ``quien cosechó el esfuerzo y la constancia de un trabajo político de 10 años que, compartiendo o no sus opiniones, nadie le puede escatimar coherencia y voluntad''.

Larga intervención final no exenta de autocrítica como militante priísta: ``Una larga militancia partidista me preparó para la función pública. Un severo avatar político, me reintegra, con orgullo, a la militancia''.

Tres horas de comparecencia y críticas de la todavía oposición al actual gobierno y del nuevo PRI que se comporta ya como nueva oposición.

El panista Fernando Pérez Noriega sostendría que las administraciones priístas dejan un caos y un desorden en la ciudad, antes de acusar al gobierno de ``fomentar y en algunos casos financiar'' marchas y plantones para que desde el punto de vista político teóricamente encuentren una solución las demandas.

Criticó las soluciones llamadas políticas ``apartadas de la legalidad'' bajo el sofisma de que si se aplica la ley en esta ciudad no hay viabilidad política. ``Ustedes han tolerado la violación reiterada de la ley, no sólo en marchas y plantones, comercio ambulante e invasiones de predios, entre otros''.

Salazar respondió que ``la creciente eclosión de grupos organizados para abanderar reclamos tiene su origen en limitantes económicas que padece el gobierno para atender las necesidades a tiempo''. Reconoció que se han incrementado los nuevos asentamientos en formas de presión a las autoridades, mediante diversas medidas.

Más allá de las limitantes presupuestales, complementó el funcionario, la obligación de responder a las demandas no debe implicar ``de ninguna manera caer en la componenda, en el chjantaje, en arreglos subrepticios, sino en la aplicación de una política social''.

Plantones y críticas de priístas

La comparecencia de Salazar no estuvo exenta de manifestaciones, desde el enésimo plantón del Frente Popular Francisco Villa, mitin de la Asamblea de Barrios, aisladas pancartas de quienes se oponen al proyecto Cuicuilco, colonos de Contreras que reclaman justicia para quienes murieron atropellados por policías, entre otras inconformidades expresas.

Ese panorama resumió el perredista Alfredo Hernández en su apretada síntesis que calificó al gobierno como un ``régimen autoritario, que ha tomado como norma los golpes con toletes y las columnas de granaderos con perfil de asalto''.

Larga cadena de descalificaciones contra un gobierno ``que ha activado en los últimos días una verdadera bomba de tiempo'', en la que citó la inseguridad pública, la inconformidad generada por los megaproyectos y las medidas para cobrar la tenencia que en conjunto dan un cuadro de ingobernabilidad.

El secretario de Gobierno aceptó que hay una situación preocupante, pero lejos de la ingobernabilidad. ``Desde luego no vivimos un grado óptimo de gobernabilidad, pero no confundamos inseguridad con ingobernabilidad'', porque no hay una trasgresión generalizada de las leyes. Por ello aseveró que no sería saludable crear la falsa impresión de que el próximo gobierno tendrá que comenzar por restaurar la gobernabilidad, sobreponerse a la anarquía y al caos, porque podría crear expectativas y presiones que se tradujeran en una invitación al autoritarismo.

Esta vez la crítica también provino del PRI. Eduardo Escobedo aludió con insistencia al tema de la corrupción gubernamental enraizada funadmentalmente en los cuerpos de seguridad y en las delegaciones políticas.

Son los dos focos más importantes donde se genera la corrupción favorecida por insuficiencias en las funciones de inspección gubernamental. Lamentó que el informe enviado a la asamblea sólo diera cuenta de 5 mil 124 servidores sancionados con 6 millones 500 mil pesos.

El secretario de Gobierno admitió la existencia de corrupción, pero no sólo está enraizada en el ámbito gubernamental, sino que es un fenómeno que abarca otros ámbitos sociales. Pormenorizó que en esta administración han sido destituidos 260 funcionarios; 130 se han inhabilitado; 430 se han sancionado económicamente y se han recuperado 35 millones de pesos.