Exigirá el CT cambios a la ley del Infonavit
Fabiola Martínez Ť Representantes del sector obrero exigirán hoy la modificación de la ley del Infonavit (vigente desde el 1o. de julio pasado), ante los cobros ``excesivos e indebidos'' que se aplican a los trabajadores. De no prosperar esta demanda en los órganos deliberativos del instituto, los legisladores priístas presentarán en la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma correspondiente.
Con la gestión de la Secretaría del Trabajo y el conocimiento del presidente Ernesto Zedillo, el Congreso del Trabajo presentará a la directiva del Infonavit una propuesta para retornar inmediatamente, ``aunque de manera provisional'', al esquema de descuentos anterior, en tanto se analizan ``los errores administrativos y violaciones a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo'' con los que opera el Instituto actualmente.
A los trabajadores, agregaron representantes sindicales de diversas centrales, se les descuenta mensualmente hasta 60 por ciento de su salario total o integrado (incluye prestaciones).
Sin embargo, en caso de morosidad o insolvencia para efectuar los pagos, no existe ningún programa o alternativa de reestructuración. Tampoco hay incentivos para los derechohabientes cumplidos, quienes enfrentan problemas burocráticos, incluso, para obtener sus estados de cuenta.
La amortización de créditos se calcula con base en el desarrollo del salario mínimo; éste prácticamente se duplicó en los últimos cuatros años, al pasar de 14.27 a 26.45 pesos al día. Ello significa, por ejemplo, que un trabajador que hubiera suspendido sus aportaciones en ese lapso se enfrentará a un saldo 85 por ciento mayor, sin considerar el interés aplicable anual de 6 por ciento que se establece en los contratos de créditos actuales.
El secretario general de la CTM, Leonardo Rodríguez Alcaine, subrayó que el Infonavit se convirtió en un organismo financiero ``que se maneja como cualquier banca privada'' y no cumple con el mandato constitucional de proveer vivienda a los trabajadores en un esquema solidario o con oportunidades reales de pago.
``Es responsabilidad del instituto respetar la Ley Federal del Trabajo; retornar a la antigua reglamentación, y rescatar el sentido social del organismo'', subrayó.
En cuanto a los créditos, indicó, este año hay 140 mil solicitudes, de las que 113 mil podrían obtener respuesta favorable, y las otras 27 mil se acumularán al rezago histórico de vivienda.
En el primer pleno ordinario del consejo nacional del CT, el dirigente de los trabajadores del Infonavit, Rafael Rivapalacio Pontones, estimó que los cobros excesivos afectan a 800 mil trabajadores, es decir, quienes a partir de julio de 1997 obtuvieron un crédito, y aquellos que aún no lo saldan.
Exigió que la directiva del instituto, encabezada por Oscar Joffre, haga valer el artículo tercero transitorio de la ley respectiva, el cual establece que los descuentos a los trabajadores deben efectuarse conforme a los artículos 97 y 110 de la Ley Federal del Trabajo, esto es, que no se quite a los adjudicatarios más de 30 por ciento del salario. El dirigente mostró diversos talones de pago en donde algunos deudores quedan ``en ceros'' tras el descuento del Infonavit.
A su vez, el secretario general de la Confederación Revolucionaria de los Trabajadores, Mario Suárez, sostuvo que el Infonavit se convirtió en un organismo ``de usura mercantil'', mientras que funcionarios y constructoras se han dedicado ''a hacer negocio en perjuicio de los trabajadores''.
El reclamo para un cambio sustancial en la normatividad del Instituto y los esquemas para la amortización de créditos es compartido por las organizaciones que integran el Congreso del Trabajo y por múltiples sindicatos independientes.
Al respecto, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana presentó ayer en la oficina número seis de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, una denuncia por los motivos referidos.
Ahora, explicó el líder de este gremio, Francisco Hernández Juárez, el problema fundamental no es el otorgamiento de créditos, sino la imposibilidad de pagarlos. Por eso, los telefonistas impulsarán un programa para integrar su propio fondo financiero y solidario para la vivienda y desechar así los vínculos con el instituto. La secretaria general de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, Alejandra Barrales, indicó que los gremios de sobrecargos y pilotos presentarán también demanda contra el Infonavit ante la JFCA porque en 25 años de cotizar al instituto ``no hemos recibido ni un solo crédito''.