De las declaraciones formuladas anteayer por Tomás Ruiz, presidente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se desprenden diversas consideraciones relacionadas con la urgente necesidad de emprender una reforma fiscal a fondo, que haga posible -además de una gestión equitativa y transparente de los ingresos y egresos del Estado- establecer una política tributaria capaz de fungir como instrumento para la redistribución de la riqueza y la reducción de las graves desigualdades sociales que enfrenta el país. Es pertinente poner en perspectiva la importancia y los impactos que esas políticas, de llevarse a cabo, tendrían en el futuro mediato e inmediato de la nación.

En primer lugar, el anuncio de Ruiz, en el sentido de que los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados alcanzaron un consenso para no violentar las finanzas públicas y mantener la disciplina presupuestal, representa un dato alentador ya que, de mantenerse el acuerdo hasta la votación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos en el pleno de ese órgano legislativo, se despejarían los riesgos -sean éstos fundados o falaces- de posibles crisis motivadas por el desencuentro entre las iniciativas en materia económica del Ejecutivo y las determinaciones de los legisladores, y se establecería un principio de acuerdo que puede propiciar un trabajo menos áspero y más plural y propositivo, tanto al interior del Congreso como en su relación con los otros poderes.

Por otra parte, el reconocimiento de Ruiz de que se analiza la factibilidad de una disminución progresiva del Impuesto sobre la Renta (ISR) implica, por un lado, el rencauzamiento de la discusión sobre posibles reducciones impositivas del campo del impuesto al consumo, el IVA, al del impuesto al ingreso, y por el otro, pone sobre la mesa de debate la impostergable necesidad de emprender una reconfiguración del esquema tributario vigente que haga posible una efectiva redistribución de la riqueza.

La reforma de la política fiscal del país es una cuestión crucial para permitir un desarrollo económico con justicia social que debe ser abordada de forma racional e incluyente, sin caer en radicalismos ideológicos ni en posiciones irreductibles. Como señaló Agustín Ricoy, secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y especialista en derecho tributario, en su ponencia dictada ayer, no se terminará con la inequidad social si la política fiscal no diferencia suficientemente a los multimillonarios de los contribuyentes más desfavorecidos y si no es proporcional al abismo social que separa a unos de otros. No basta con la simple creación de empleos para permitir una mejora en las condiciones de vida de millones de mexicanos; para ello es indispensable que las percepciones de los trabajadores sean dignas y suficientes -como, a fin de cuentas, está dispuesto en la Constitución- para cubrir las necesidades materiales, sociales, culturales y educativas de sus familias. Por eso, hacer proporcionales a los ingresos de los contribuyentes las cargas impositivas -como sucede en la mayoría de las naciones desarrolladas- es un paso necesario en la generación de condiciones para la recuperación de los salarios y, con ello, de la capacidad de consumo y bienestar de la población.

Emprender una amplia reforma fiscal es una tarea indispensable para propiciar un desarrollo nacional justo y equitativo, y para reducir la graves desigualdades sociales y las tensiones generadas por la falta de expectativas de vida digna para la población, circunstancia que es una de las causas del alarmante agravamiento de la delincuencia, de riesgos a la estabilidad política, de la migración hacia Estados Unidos, de la desesperanza de muchos y de los graves fenómenos de desintegración familiar y social que se experimentan en el país.