Probaré mi inocencia, expresó el ex funcionario; fue el trámite más rápido entre ambas naciones
Braulio Peralta, corresponsal, Madrid, 3 de octubre Ť El gobierno de España ratificó hoy durante su reunión del Consejo de Ministros la decisión de la Audiencia Nacional de conceder al gobierno de México la extradición del ex fiscal de la Procuraduría General de la República (PGR), Pablo Chapa Bezanilla.
Desde el pasado 29 de septiembre la sección tercera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional desestimó todos los recursos presentados por los abogados defensores de Chapa Bezanilla, quien, al conocer la decisión de los jueces, se limitó a decir: ``soy inocente y lo probaré en México''.
El gobierno mexicano tiene hasta 60 días naturales para llevarse a Pablo Chapa Bezanilla, detenido preventivamente desde el 17 de mayo de este año. La agregaduría de la PGR para la Unión Europea y Suiza, con sede en esta ciudad, ha representado al gobierno mexicano durante todo el procedimiento de extradición.
El portavoz del gobierno español, Miguel Angel Rodríguez, afirmó a los medios de comunicación mexicanos que ``se ha autorizado la extradición de Pablo Chapa Bezanilla por falso testimonio, malversación de caudales y falsificación de documentos''. Toca al gobierno mexicano decidir el momento en que el detenido sea trasladado (todo parece indicar que será en menos de una semana).
El bufete Giménez Torres, que lleva el caso, llevaba ya seis solicitudes de libertad bajo fianza, cuatro apelaciones a las decisiones del juez cuarto de la Audiencia Nacional, Carlos Divar Blanco, y dos más sobre cuestiones de procedimientos. Todas las perdieron. Al final, bajo consulta con su defendido, los abogados retiraron las apelaciones y aceptaron la extradición.
El proceso
Pablo Chapa Bezanilla fue detenido el pasado 16 de mayo en la céntrica calle de Goya, en esta ciudad. Al día siguiente, el juez le dictó prisión preventiva sin derecho a libertad bajo fianza. En un principio estuvo preso en la cárcel de Carabanchel, pero desde el 21 de mayo se le trasladó a la prisión de alta seguridad de Soto del Real.
Desde el inicio del proceso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, declaró a la prensa: ``somos partidarios de la extradición, a la vista de la documentación de la que tenemos conocimiento y de la similitud de los cargos que prevé la legislación mexicana con la española'' (La Jornada, 22 de julio).
El mismo 22 de julio, Chapa Bezanilla, en las únicas declaraciones a la prensa mexicana, tras rechazar la extradición a México, dijo tres veces: ``soy inocente''. Esta vez vuelve a defender su inocencia, pero asume la extradición. Sabía que las autoridades españolas le negarían la libertad condicional bajo fianza y prefirió continuar el proceso ante los jueces mexicanos.
Los jueces mexicanos (16 y 50) dictaron orden de aprehensión por considerarle probable responsable de los siguientes delitos: asociación delictuosa, simulación de pruebas materiales, uso indebido de atribuciones o facultades, violación de las leyes de inhumación y exhumación, y coalición de servicios públicos.
La agregaduría de la PGR en Madrid hizo las aplicaciones jurídicas necesarias para compatibilizar la traducción de delitos. Si en México se habla de ``ejercicio abusivo de funciones'', en España se dice ``malversación de caudales''. Aquí, ``falso testimonio'' es lo que conocemos como ``falsedad en declaraciones ante autoridad''.
La defensa
El hermetismo ante la prensa del bufete Giménez Torres no ha variado un ápice. Todavía hoy, ante los sucesos, un portavoz de los abogados se concretó a decir que no tienen nada que agregar al respecto, porque ellos asumen la decisión de su defendido. El bufete es uno de los más caros y prestigiados en casos de extradición.
En el proceso judicial el bufete se concretó a dar a conocer dos comunicados: el primero, para anunciar los lineamientos de su defensa y, el segundo, donde Chapa Bezanilla desmentía lo publicado en un diario mexicano según el cual se le había confiscado información ``comprometedora''. Según consta en el sumario son --dice el acusado-- ``papeles que parecen ser copias de actuaciones judiciales de tribunales mexicanos''.
Fuentes consultadas por este diario afirman que la defensa de Chapa Bezanilla objetó desde el principio del juicio la personalidad jurídica de la agregaduría de la PGR en Madrid. El bufete Giménez Torres se quejó más de una vez al decir a las autoridades españolas que había ``una indudable ferocidad'' contra Pablo Chapa Bezanilla, lo que dañaba su imagen pública.
La queja se produjo porque la PGR en su argumentación exponía: ``no es posible conceder una libertad provisional a quien por su conducta se ha hecho merecedor a dos órdenes de captura, hechos con consecuencias de desprestigio de la carrera ministerial, así como de un debilitamiento de la confianza que la sociedad debía de tener en sus instituciones...''
En la agregaduría, hermetismo exagerado sobre el caso, y siempre a la espera de que sea la PGR en México la que dicte las órdenes de información, lo que dificulta la labor de los corresponsales mexicanos acreditados en España. Aunque se sobreentiende la satisfacción por los resultados: los altos cargos mexicanos también son extraditables.
Lo que falta
En los términos del tratado de extradición entre México y España, la salida de Pablo Chapa Bezanilla será la más rápida que se haya dado en favor del gobierno mexicano: apenas cuatro meses y medio. Según ese instrumento, en menos de 60 días naturales Chapa Bezanilla estaría en México.
El regreso del acusado al país tiene sus dificultades, por el tipo de vuelo que se puede emplear: un avión especial de la PGR (lo que sería muy caro); un vuelo charter, o en las líneas comerciales Aeroméxico o Iberia. También, por el tipo de escolta. Las autoridades españolas y la representación de la PGR esperan aquí los detalles desde México.
Chapa Bezanilla seguirá preso en Soto del Real, en el módulo siete, a la espera final de su regreso a México. No comparte celda con nadie. Tiene derecho a una visita semanal de 40 minutos. Desde los primeros días en prisión tuvo una visitante: su esposa, María Elena Martínez.
El caso de Chapa Bezanilla no es el único con España. Hay otros procesos de extradición pendientes: David Héctor Cantú Díaz, ex procurador general de Justicia de Nuevo León, detenido recientemente; Carlos Max Zapata, y Angel Isidoro Rodríguez Díaz, El Divino, todos, acusados de fraude.
El caso de El Divino es el más antiguo: se le detuvo en julio de 1996 y en cualquier momento se le podría extraditar. De hecho, se creía que sería el primero en salir a México para saldar sus cuentas; pero le ganó Pablo Chapa Bezanilla.