Burgoa: ``ridículo'', investigar el 68; el derecho a la verdad no prescribe: Krieger
Los juristas Emilio Krieger y Eduardo López Betancourt destacaron la importancia política de la decisión de la Cámara de Diputados de formar una comisión que investigue la matanza del 2 de octubre de 68, pero coincidieron en que la medida no tendrá repercusiones jurídicas o penales. A su vez, Ignacio Burgoa Orihuela consideró que los diputados ``sólo harán el ridículo'', porque la iniciativa ``no tiene ningún sustento jurídico''.
Burgoa Orihuela sostuvo que los nuevos diputados, al haber aprobado la iniciativa, demuestran que desconocen el derecho. Explicó que jurídicamente la acción penal contra los responsables de la matanza ya prescribió, y que los legisladores no tienen ninguna atribución para investigar en cuestiones penales.
Advirtió que no tiene caso que se abran los archivos del Ejército y del gobierno para llegar a la verdad de los hechos, porque ``sólo se agitaría al país y se crearían problemas. Aunque es un acontecimiento lamentable, el 2 de octubre debe ser enterrado como a un muerto''.
Por su parte, Emilio Krieger calificó de ``interesante'' la iniciativa, pero sostuvo que más que abrir archivos secretos lo importante sería que los diputados que integren dicha comisión valoren los datos que arroje la investigación, por el sentido político-social que representa el movimiento de 68 para la historia del país.
``Los archivos oficiales no van a decir si Díaz Ordaz dio la orden para la represión, eso es público desde siempre; el propio ex presidente, en uno de sus informes de gobierno, asumió públicamente esa responsabilidad'', señaló.
Respecto a una posible acción penal contra los responsables de la matanza aún vivos, dijo que los delitos pueden haber prescrito, ``pero lo que no ha prescrito ni puede prescribir es el derecho del pueblo de México ha conocer la verdad''.
Afirmó que el Congreso sí está facultado para crear una comisión para tal fin, aunque recordó que la ejecución de una investigación penal corresponde a la Procuraduría General de la República.
A su vez, el presidente de la Barra Nacional de Abogados, Eduardo López Betancourt, manifestó que la decisión de los diputados debe analizarse en dos aspectos: uno político y otro jurídico.
En el primero, expuso, la resolución debe aplaudirse porque retoma un reclamo de la sociedad para el esclarecimiento de la matanza, que sería de enorme utilidad al país. ``La posición asumida con tanta decisión muestra un cambio democrático en el país que se traduce en una manera distinta de los diputados para hacer las cosas, con mayor responsabilidad para que México conozca la verdad de los hechos ocurridos en Tlatelolco hace 29 años''.
En cuanto al aspecto jurídico, admitió que castigar a los responsables de la represión será muy difícil, porque los delitos en que incurrieron ya prescribieron y no habría condiciones para aplicar penas.
Recordó que las disposiciones en materia de prescripción penal son muy drásticas, como se indica en el artículo 105 del Código Penal. ``Lo que vamos a tener son responsables políticos, vamos a tener una higiene democrática'', agregó.
``El Ejército debe ser maduro y no responsabilizarse de hechos pretéritos. La institución debe ser comprensiva con la necesidad y reclamo de saber la verdad respecto al 68; una actitud contraria llevaría al enfrentamiento y al deterioro de su imagen'', concluyó. (José Juan de Avila)