Luego de que un juez negó la libertad bajo fianza a 18 de los 19 policías detenidos antier por estar presuntamente involucrados en las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de la colonia Buenos Aires --el otro detenido, acusado de homicidio, no tiene derecho a esa prerrogativa-- y de que se reconoció que dos de los acusados son oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y no simples policías que actuaron de manera aislada o descontrolada, queda nuevamente en evidencia la atropellada y contradictoria actuación de las autoridades policiales alrededor de estos graves incidentes y se refuerzan las dudas sobre si la investigación que se ha llevado a cabo se encuentra realmente encaminada a esclarecer los asesinatos y las arbitrariedades policiales o si, por el contrario, estas detenciones tienen detrás la inaceptable y alarmante pretensión de ocultar responsabilidades mayores y ofrecer chivos expiatorios en un intento desesperado por atenuar la creciente irritación de la sociedad.

El hecho de que existan mandos operativos de la policía entre los detenidos, circunstancia que había sido negada repetidamente por las autoridades, levanta amplias dudas sobre la implicación que pudieran tener en estos delitos --ya sea por ineptitud o por el inadmisible acatamiento de un oscuro designio desestabilizador-- las jerarquías de la Secretaría de Seguridad Pública. Este dato vuelve aún más endeble la versión, rechazada incluso por la regencia --instancia que solicitó a Salgado Cordero ir a fondo en las investigaciones ante el convencimiento de que hay otros elementos policiacos involucrados en los homicidios--, de que un solo individuo fue el responsable de los múltiples asesinatos.

Las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante los operativos policiacos, las ejecuciones extrajudiciales, las contradicciones y los reconocimientos tardíos de las autoridades sobre la responsabilidad de mandos y policías en los ajusticiamientos y las hipótesis inverosímiles, no han hecho sino socavar la ya de por sí ínfima credibilidad de las corporaciones policiales y son muestra del fracaso de las estrategias de seguridad pública y moralización de las policías del actual gobierno capitalino.

Estas circunstancias, además de que desinforman a la sociedad y generan nuevas y perturbadoras sospechas, abonan el terreno de la delincuencia, en el entendido de que una policía descontrolada, copada por la corrupción y acusada de cometer crímenes, no puede garantizar la seguridad de la población. Por el contrario, la inexistencia de una policía capaz de hacer valer el estado de derecho envalentona a las bandas criminales y amplía sus espacios de acción y de impunidad.

Cabe exigir que las investigaciones que se han iniciado para esclarecer los asesinatos de jóvenes de la colonia Buenos Aires se realicen con estricto apego a derecho y lleguen hasta sus últimas consecuencias, sean quienes sean sus responsables materiales o intelectuales. De no ser así, y de mantenerse las actitudes contradictorias y cambiantes de las autoridades capitalinas que un día niegan un hecho y al otro se ven forzadas a reconocerlo, no será posible combatir efectivamente a la delincuencia, generar el clima de seguridad y libertad al que tiene derecho la ciudadanía, ni hacer valer la ley sobre las prácticas bárbaras y criminales, ya sean éstas perpetradas por delincuentes o, lo más grave, por quienes están encargados de combatirlos.

Como la anterior gira presidencial por los países del sureste asiático actualmente en crisis, la actual visita a Europa del presidente Ernesto Zedillo tiene una loable e importante justificación, pero su planeación y la elección de la oportunidad han sido insuficientemente prolijas. En efecto, el deseo de abrir para México nuevos mercados y fuentes de tecnología e inversión para no depender de un solo cliente y proveedor --Estados Unidos-- parecen chocar con la prisa, la mala elección de los tiempos y, en gran medida, con la insuficiente comprensión politicocultural de los países que visita el primer mandatario.

Lo cierto es que la Unión Europea importa muy poco de México, sobre todo porque la calidad de nuestros productos --salvo la cerveza y el petróleo, que está comprometido con Estados Unidos-- no es suficientemente competitiva. Y los países europeos, con contadas excepciones, invierten muy poco en México, porque el mercado interno mexicano está deprimido por los bajísimos salarios, porque la productividad es baja y porque la excesiva carga burocrática y la corrupción son importantes disuasores.

La posibilidad de utilizar a México como un trampolín para la exportación hacia Estados Unidos no ha sido, hasta ahora, un incentivo suficiente para los capitales y los inversionistas europeos, quienes privilegian, en la mayoría de los casos, a China y a los países asiáticos o, en el plano latinoamericano, al Mercosur, y no piensan en cambio en nuestro país. Por ejemplo, recientemente la italiana Fiat anuló una inversión multimillonaria en México y la desvió hacia China, para iniciar allí su penetración en el mercado asiático.

La Unión Europea, además, es muy sensible en lo que se refiere a los derechos humanos y a la defensa del ambiente, ya que el peso de la izquierda y del ecologismo es muy fuerte en los principales países del viejo continente. Las difíciles negociaciones sobre el problema de la inclusión de la llamada ``cláusula democrática'' en el acuerdo entre México y la Unión Europea habrían debido funcionar como un llamado de atención para nuestra diplomacia, ya que la exigencia de respeto a la democracia como condición sine qua non para el comercio mutuo, había sido planteada originalmente por Europa para empujar hacia la democratización a la España gobernada por el régimen de Franco. Sin embargo, la visita presidencial no sólo fue inmediatamente posterior a sucesivos incidentes con altos dirigentes de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos --como la Federación Internacional por los Derechos del Hombre o Amnistía Internacional--, muchas de las cuales tienen más influencia que varios gobiernos, sino que reprodujo esa tensión en París, donde el gobierno socialista francés teóricamente habría debido ser el promotor de México ante sus pares europeos.

El congelamiento de la cuestión chiapaneca, la militarización de la seguridad pública en la capital mexicana y hasta los planes masivos de plantación de eucaliptos en el Sureste del país son otros tantos motivos de desacuerdo en Europa que deberían ser solucionados previamente, al igual que la cuestión de la calidad de nuestros productos y de la firmeza de nuestra economía o, por lo menos, deberían ser clara y positivamente encarados antes de que una larga y eficaz campaña de relaciones públicas pudiese preparar una fructífera acción diplomática.