Nada resolvería la renuncia de Salgado, señala De la Barreda

Ricardo Olayo Ť El ombudsman Luis de la Barreda dijo que sería inadmisible que para acallar críticas, las autoridades hubieran fabricado culpables o creado chivos expiatorios del homicidio de tres jóvenes de la colonia Buenos Aires.

Indicó que aún no se aclara ante la opinión pública la participación que tuvieron los 19 policías consignados y que en algunas partes parece confusa la relación de hechos conocida hasta ahora.

De la solicitud de renuncia que han hecho algunas ONG contra el secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado, expresó que no es partidario de esta fórmula porque un ``un crimen no se resuelve por una renuncia''. De la Barreda precisó: ``No hay que pedir cabezas para aplacar iras''.

En conferencia de prensa declaró que si se comprueba el encubrimiento o el auxilio de algún mando policial o del mismo general Salgado, no sólo se le deberá destituir, sino procesar penalmente.

Dijo que sin pruebas sería injusto asociar los crímenes con los mandos militares que desde hace 15 meses llegaron a la SSP, pues, por ejemplo, en la década pasada, cuando se encontraron varios cuerpos flotando en el río Tula, los homicidios fueron cometidos por gente distinta a los militares.

Retirar a un funcionario de su cargo porque sus subalternos cometieron una falla no es justo, insistió. En 1971, recordó, los halcones ``masacraron a jóvenes en plena vía pública'' y a pesar de la renuncia del regente no ocurrió nada, no se castigó a nadie.

La CDHDF hará su propia hipótesis

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) comentó que cuando se tuvieron indicios de que pudieron haber participado policías, la CDHDF no dudó en establecer dicha hipótesis. Hoy, con los documentos de la averiguación previa y otros en poder del juzgado del caso, se podría tener otra hipótesis o reforzarla, aseveró.

Declaró que sería un ``doble agravio'' para la sociedad que los consignados de la Secretaría de Seguridad Pública no tengan relación alguna con los hechos, y que sólo por salir del paso las autoridades hayan hecho su detención.

Hasta ahora, dijo en la conferencia celebrada ayer en la mañana, falta que las autoridades informen cuál fue la participación de cada uno de los uniformados en el delito del que se les acusa.

Hay aspectos confusos que ``esperamos queden claros cuando nuestros visitadores hagan la revisión del pliego de consignación'', que es el documento en el cual se debe establecer la probable participación de cada uno de los detenidos, expresó el ombudsman.

Dijo que no hubo diferendo con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Mireille Roccatti, por la intención que ésta expresó de atraer el expediente y que provocó el envío de una carta para pedir que el asunto quedara en el ámbito local.

De la Barreda señaló que las policías del Distrito Federal ``dejan mucho que desear'' porque no hay cuerpos profesionales. Entre otros vicios, los agentes judiciales no están supeditados al agente del Ministerio Público, precisó.

Durante la conferencia de prensa, la segunda visitadora, Alejandra Vélez, indicó a su vez que ``no se ha podido comprobar fehacientemente que hayan viajado civiles o policías de civil'' en el camión donde los vecinos han dicho que fueron subidos los jóvenes que después aparecieron muertos en Tláhuac y el Ajusco.