Todas las fracciones de la Asamblea Legislativa apoyan al ombudsman capitalino

Alonso Urrutia y Miriam Posada Ť Las fracciones parlamentarias representadas en la II Asamblea Legislativa rechazaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se encargue de investigar las ejecuciones de los jóvenes de la colonia Buenos Aires, por considerar que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal tiene capacidad y facultades plenas, además de que ello implicaría caer en el ``grave problema del centralismo''.

En tanto, las posturas sobre la conveniencia de que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), general Enrique Salgado Cordero, continúe al frente de la dependencia son encontradas.

El coordinador de la fracción perredista, Martí Batres, señaló que la CNDH podría atraer el caso siempre y cuando la comisión local no estuviera debidamente constituida o no funcionara de manera eficiente, ``pero no es el caso de la CDHDF que preside Luis de la Barreda, quien ha realizado su trabajo con valentía y rigor''.

Si la presidenta de la comisión nacional Mireille Roccatti determina ejercer la facultad de atracción, señaló Batres, le estaría restando facultades al ombudsman capitalino, y en todo caso habría que analizar por qué no actúa de igual forma en otros casos que también podrían ser considerados ``de interés nacional''.

El coordinador de la bancada priísta, Manuel Aguilera Gómez, consideró que lo más lógico es que la CDHDF agote la investigación, y en caso de ser necesario se solicite la intervención del órgano nacional. Coincidió en que Luis de la Barreda se ha desempeñado de manera eficiente, ``sin contar todas las cualidades que le atribuimos para ratificarlo aquí mismo hace sólo unos días''.

Para el coordinador panista Miguel Hernández Labastida la intervención de la CNDH en el caso de la Buenos Aires no tiene justificación alguna. De hacerlo caeríamos en el grave problema del centralismo al intentar darle carácter nacional, cuando también son muy preocupantes las ejecuciones y crímenes cometidos en Tijuana y Ciudad Juárez y sobre los que la CNDH no ha manifestado su interés por intervenir''.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, Alfonso Rivera Domínguez, dijo que el caso no compete sólo a los defensores de derechos humanos, sino a las autoridades judiciales, por tratarse de un crimen ``que se cometió con todas las agravantes''. Destacó que los argumentos de la CNDH ``son muy débiles''.

El presidente de la Comisión de Seguridad, Armando Salinas, criticó que la CNDH atraiga el caso ``porque entonces debería aclarar si garantiza la agilidad'' de la investigación.