Por desgracia, el hallazgo de restos humanos en la carretera al Ajusco parece estar dando la clave del destino que corrieron tres de los seis jóvenes desaparecidos el pasado 8 de septiembre en la colonia Doctores, luego de una movilización policial. Los otros tres ausentes fueron hallados muertos, con huellas de ajusticiamiento, al día siguiente de su desaparición, en el rumbo de Tláhuac. Aún está pendiente la plena identificación de los cadáveres encontrados el pasado fin de semana en el suroeste de la ciudad, pero los familiares de los jóvenes desaparecidos han identificado ya las prendas de vestir de los cuerpos hallados en la carretera al Ajusco.
A la natural consternación e indignación por lo que es, sin lugar a dudas, un multihomicidio deben agregarse las fundadas sospechas de que este crimen, al igual que el de los otros tres jóvenes, pudo haber sido cometido por efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. Tal hipótesis, basada en los testimonios de vecinos y familiares de los seis muchachos, según los cuales éstos fueron capturados por uniformados en el curso de la balacera que se suscitó en la colonia Doctores el 8 de septiembre, es robustecida por la decisión del Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes (Capea) de no intervenir en el caso, en la medida en que existían denuncias de que los jóvenes habían sido capturados por policías.
Estos elementos deben dar pie a que, en forma paralela a la investigación de los seis homicidios, la cual corresponde al ámbito de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se emprenda una acción paralela en el ámbito de la protección a los derechos humanos, con el fin de establecer la posible participación de efectivos y mandos de la Secretaría de Seguridad Pública en el crimen múltiple. Y es evidente que esa tarea corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y no a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ha anunciado su intención de atraer el caso a su propio ámbito.
En otras circunstancias, cuando ha sido patente la incapacidad de las comisiones estatales de derechos humanos para actuar con eficacia e independencia de los gobernadores, se ha señalado la pertinencia de que la CNDH ejerciera su facultad de atracción y evitara la impunidad de servidores públicos. Tal fue el caso, por ejemplo, de la matanza de Aguas Blancas, ocurrida en Guerrero.
Pero en el contexto que nos ocupa existe una comisión local de derechos humanos que ha probado su eficacia y su independencia con respecto de los poderes públicos, y que se ha construido una autoridad moral incuestionable. Por otra parte, las violaciones a los derechos humanos presuntamente cometidas por efectivos de la policía preventiva del DF son ciertamente un asunto de interés para toda la sociedad capitalina, pero no necesariamente para ``toda la sociedad mexicana'', como lo afirma la CNDH, a menos que el caso fuese integrado en una investigación de ejecuciones extrajudiciales supuestamente cometidas por diversas corporaciones de policía local en distintas partes de la República, investigación que, hasta donde se sabe, no existe.
Ha de considerarse también que en el momento actual, cuando el Distrito Federal se apresta a dar posesión a sus primeras autoridades electas y cuando la capital del país se esfuerza en disminuir su dependencia con respecto a la Federación, en lo que constituye un auténtico ejercicio democrático, sería políticamente equivocado -aunque exista el margen legal para ello- que una instancia federal se empeñara en asumir atribuciones que corresponden originalmente a, y que pueden ser asumidas por, la institución local correspondiente.
Finalmente, la Procuraduría del Distrito Federal -no la General de la República- está obligada a identificar plenamente los restos humanos encontrados en la carretera al Ajusco y a intensificar sus pesquisas para dar con los responsables de los bárbaros crímenes que -al menos en tres casos- fueron el corolario de la acción policial del 8 de septiembre en la colonia Doctores, sin importar si se trata de delincuentes comunes o de servidores públicos adscritos a la corporación de seguridad pública. Por su parte, la CDHDF, con el apoyo de la comisión especial de seguimiento creada anteayer en el seno de la Asamblea Legislativa capitalina, debe garantizar que los responsables materiales, intelectuales -y políticos, si los hubiera- de esos homicidios atroces no permanezcan en la impunidad.