La Jornada Semanal, 28 de septiembre de 1997

En un proyecto de democracia para todos, lo primero que se plantea es luchar contra el populismo. Se entiende por populismo cualquier movimiento popular que se vuelve autoritario. Ese es el uso correcto del término ``populismo'' y es conveniente precisarlo porque hoy se califica de populismo cualquier política del pueblo para el pueblo. Los neoliberales califican de populista cualquier proyecto democrático. Y no nos deben confundir.

Pero si populista es un gobierno popular que se vuelve autoritario y excluyente, entonces los primeros en criticar al populismo seremos los partidarios de una democracia no excluyente, de una democracia con justicia y con pluralismo ideológico y religioso respecto a las creencias e ideas de todos, con respeto a la persona humana y a la dignidad de todos. Es así como plantearemos los problemas políticos de la ética.

El autoritarismo populista o neoliberal frecuentemente cae en políticas clientelistas y corporativistas. Nosotros debemos estar contra las políticas clientelistas y corporativistas. Son políticas que tienden a hacer concesiones excluyentes. Benefician a los amigos del Poderoso, a los ``cuates'', a los paisanos, a los familiares e incluso a los que venden su dignidad. Es muy difícil la lucha contra el clientelismo. Muchos piensan que un gobernante es ``bueno'' si le hace a uno favores especiales, si le reconoce a uno derechos que les niega a otros. El problema principal es que los políticos clientelistas constituyen grupos de presión que buscan todo para sí y nada para los demás. De ese modo, el clientelismo y el populismo acaban con cualquier proyecto democrático.

La moral pública exige luchar también contra el corporativismo y el gremialismo excluyentes. Los gremios a veces no sólo luchan por obtener tales o cuales servicios o prestaciones, sino por impedir que otros los tengan. La lógica gremialista llega a ser muy excluyente, por ejemplo en la educación superior. Para que no aumente la competencia, muchos tienen miedo de enseñar lo que saben. El miedo de enseñar es disimulado. Pero a menudo incita a una política excluyente que no sólo reproduce una sociedad hecha de grandes exclusiones sino que apoya las nuevas políticas de exclusión. Apoya incluso al elitismo en nombre de la lucha contra el populismo. Hasta apoya la exclusión en nombre de la lucha por un saber de excelencia para pocos y con pocos. La lucha contra el populismo excluyente tradicional, neoclásico, neoliberal, es una lucha esencial por la democracia. La lucha contra el elitismo en la educación es una lucha esencial por los valores éticos, políticos y científicos de la democracia. La lógica de los presumidos que van a universidades exclusivas o a escuelas exclusivas es una lógica articulada de gremios y corporaciones elitistas que psicológicamente se enfrentan a los excluidos.

La lucha contra la corrupción de los funcionarios públicos y de los representantes de la ciudadanía, tiene también un importante carácter ético-político. La crisis y el fracaso de todos los gobiernos populares anteriores no sólo se debió al autoritarismo, al clientelismo o al corporativismo. La crisis de los gobiernos de origen popular se debió a la corrupción de los dirigentes, una corrupción fomentada y compartida por los grupos de apoyo de arriba y abajo de la sociedad civil.

La lucha contra la corrupción exige formular un código moral de los funcionarios públicos que sea un código político. Ese código moral de los funcionarios públicos tiene que apelar a la conciencia de los funcionarios y representantes, pero también tiene que señalar los procedimientos a que estarán obligados para demostrar y comprobar ante los ciudadanos de su circunscripción un manejo claro de los recursos públicos y del ejercicio presupuestal.

La organización jurídico-política contra la corrupción no sólo deberá complementarse con una motivación ética que apele a la dignidad de los funcionarios. La organización jurídico-política deberá poner en marcha y organizar a la ciudadanía para la práctica de la ética en la política. Al hacerlo, fomentará una cultura de freno a las acusaciones infundadas, y de respeto mutuo entre ciudadanos, representantes y funcionarios, con exigencia de cumplimiento por todos de las prácticas jurídicas y de las reglas comunes. Las organizaciones del pueblo, los ciudadanos o la sociedad civil no deben limitarse a los partidos políticos o a los frentes y coaliciones, sino extenderse a las organizaciones de cada comunidad y a la organización de redes, comunidades de cada delegación o municipio, y de redes de delegaciones y de municipios.

Las organizaciones democráticas del pueblo, con sus variadas funciones, no sólo fomentarán las prácticas morales en la política, sino las prácticas de la tolerancia a las ideas de los demás, las prácticas del diálogo respetuoso, y las prácticas del ``acuerdo'' por consenso o mayoría. Aquí el peligro es la transa. Luchar contra la transa es el principio ético fundamental de un proceso histórico de luchas que llevan a la negociación, de luchas con negociación. Por ``transa'' debemos entender la negociación que beneficia al negociador y sus intereses particulares, y a grupos particulares, contra los intereses generales. Estamos contra la transa, no contra la negociación que permite obtener beneficios para los pueblos y aumentar los espacios de lucha legal y política de los pueblos. Esta negociación es bienvenida y debe ser apoyada.

La cultura de la gobernabilidad democrática y de la capacidad ejecutiva y no sólo deliberativa de las comunidades, será tan importante como la cultura de la seguridad democrática y de la participación de ciudadanos y colectividades en los programas sociales.

El control democrático no sólo luchará por impedir la corrupción. También pugnará por acabar con el burocratismo, que hace olvidar los compromisos y que no se ocupa de ver si se están cumpliendo bien los compromisos y si se pueden cumplir mejor. Las organizaciones democráticas gubernamentales de programación y control de actividades, de asignación y distribución de recursos humanos y materiales, deberán complementarse con organizaciones democráticas de ciudadanos que con toda responsabilidad y respeto, y con toda firmeza, promuevan y vigilen el cumplimiento de planes y programas aprobados.

El objetivo ético-político de un gobierno democrático incluye la disposición de bienes y servicios, de inversiones y gastos, con criterios de justicia social, con criterios de aumento del empleo y su calidad, y de aumento de la producción y la productividad, así como de la mejoría en la calidad de servicios y productos.

El objetivo ético-político de la justicia social es el más difícil de lograr. Hay múltiples razones que aparecen de inmediato. Las grandes carencias de la mayoría de la población corresponden a escasos recursos para la inversión pública. Es más, se enfrentan a duras resistencias de los intereses creados para una distribución menos equitativa del producto.

A corto plazo, las medidas más importantes corresponden a la elección y designación de representantes y funcionarios conocidos por su honradez, conocidos por su honestidad. Pero es indispensable también el apoyo a las unidades sociales para la producción y los servicios, así como la instauración de un sistema de convenios-compromisos entre el sector privado y el sector social de la economía, para una participación creciente de los hoy excluidos y marginados en el empleo, la producción y los servicios.

Al efecto, será fundamental impedir los pactos económicos cupulares. Será indispensable pensar, desde ahora, en las organizaciones que se ocupen de la Economía Social. Esas organizaciones deberán atender los problemas de conflicto y consenso sobre la política económica social y del medio ambiente, para llegar a acuerdos entre quienes implantan la lógica del costo-beneficio y quienes tienen la obligación de pensar en términos de la lógica del desarrollo social necesario.

Por sentido común es imposible pensar en una democracia con participación política creciente de las mayorías, cuando al mismo tiempo se mantiene la exclusión de las mayorías de los bienes y servicios más elementales. Aquí el problema radica en mantener la lucha en los cauces legales y en aumentar a la vez los espacios político-legales para la creación de miles y miles de organizaciones de la sociedad civil.

La forma indiscriminada con que las fuerzas de seguridad están realizando redadas y cateos en los barrios pobres debe ser detenida. No sólo viola las garantías constitucionales sino que enardece los ánimos y atiza la indignación de la ciudadanía, como si el objetivo fuera contrario precisamente a la gobernabilidad democrática.

La democratización de la educación es, con la del sufragio, la demanda prioritaria del pueblo mexicano, de los padres de familia y de los jóvenes.

Por democratización de la educación se entiende la extensión de los conocimientos básicos y especializados a capas crecientes de la población. Esa extensión de la educación no sólo debe preocuparse por mantener, sino por aumentar, la calidad de la educación.

Quienes legítimamente se preocupan por aumentar la calidad de la educación no deben usar las pruebas de calidad para una política de exclusión. Deben y pueden usar las pruebas de calidad junto con los nuevos sistemas educativos, que permitan a la vez alcanzar esa mayor calidad y educar a una población creciente de beneficiarios de la educación, que con el sistema actual ven cerrados los puestos de su porvenir y de su vida.

Al implantar un sistema educativo a la altura de las técnicas de nuestro tiempo, enfrentaremos de nuevo los antiguos prejuicios contra la educación que están muy arraigados, por ejemplo los de algunos monetaristas que dominaron en la década de los sesenta, y que auxiliados por el autoritarismo de los funcionarios y políticos nos llevaron a la tragedia de 1968. Ahora, con el neoliberalismo, esos mismos prejuicios pueden conducir a una situación mucho más grave que la del '68. Para impedirla, es necesario tomar medidas desde ahora; algo que no se hizo entonces. Sí, tomemos medidas desde ahora. En efecto, antes de que se acumule la demanda insatisfecha de educación y venga la inminente e inevitable explosión de los excluidos, es necesario preguntarse cómo podemos realmente organizar un sistema educativo a la altura de nuestro tiempo. Los intereses creados, académicos y extra-académicos, con antiguos prejuicios y espíritus gremiales o de élites, han impedido el desarrollo de los sistemas abiertos de enseñanza, los más desarrollados en la pedagogía mundial. Podemos y debemos organizar una nueva universidad de universidades, superior a la universidad tradicional, tanto en la enseñanza de pequeños grupos como en la enseñanza de inmensas poblaciones.

Sin entrar en una polémica infecunda, es necesario crear una red de redes de las universidades e institutos de cultura superior para la producción de recursos didácticos que en forma de libros, de folletos, de videos, de instrumentos y computadoras, abra las puertas a la Universidad del Siglo XXI. Esa universidad no será de masas; tampoco será de élites. Será una universidad de redes, de seminarios, de talleres de lectura, de talleres de redacción, de talleres de análisis, de grupos de observación, de laboratorios de experimentación, de profesionistas e investigadores, que en clínicas y hospitales, en empresas y fábricas, en escuelas y numerosas casas o centros de cultura preparen a las nuevas generaciones para aprender y enseñar las ciencias y las humanidades, las técnicas y las artes. La red de redes universitarias nos permitirá realizar una política que bajo el lema practicable de ``Mejor educación para más'' logre con verdadera seriedad ambos objetivos, optimizando los rendimientos de las instituciones ya existentes, y las inversiones y gastos para la producción de recursos didácticos.

El proyecto ha de incluir a todos los niveles de la educación. Para eso tendrá que complementarse con la política llamada del ``árbol del conocimiento''. Esa política corresponde a un sistema que pone en movimiento a comunidades enteras. En cada comunidad o barrio se pregunta a cada habitante qué sabe y qué quiere saber, qué sabe y qué quiere enseñar. Con formas ya probadas, se integran los llamados talleres de enseñanza-aprendizaje, en los que América Latina es pionera y que ahora en Francia están dando lugar a uno de los movimientos más avanzados en las ciencias de la educación.

Voy a citar a dos educadores: Michael Authein y Paul Levy. Dicen: ``La democracia o la República del porvenir se fundará en la apropiación de una tierra aún invisible, la del saber, que ya se ha convertido en el principal elemento de la producción.'' Sí, la democracia es la República del Porvenir y ya desde ahora ``el saber'' es el principal elemento para la producción, para la construcción y para la creación de un mundo y de un México menos injustos y más libres.

El proyecto político de nuestro país -y de todos los países- no significa nada si no vincula la ética al conocimiento científico, técnico y humanista del más alto nivel que sea posible, y si no lo extiende al mayor número de jóvenes, de ciudadanos, de trabajadores, de pueblos indios y no indios que quieran construir con la democracia la justicia y fortalecer la dignidad.

El objetivo de la democracia y del saber, de la ética y de la política de las mayorías -ese ideal moderno y posmoderno-, es perfectamente factible desde el punto de vista técnico y científico: los obstáculos ideológicos y sociales que enfrenta serán vencidos. Para eso, debemos educar y organizar también nuestra voluntad personal y colectiva, alertar nuestro espíritu, estimularlo a corregir y reparar errores, orientarlo a la práctica del interés general y el bien común.