La comparecencia del general Enrique Salgado en la Asamblea del Distrito Federal se convirtió en una provocación (involuntaria). Puso de relieve la decadencia del sistema, la vocación democrática de la sociedad y, oblicuamente, las debilidades de la propuesta democratizadora.

La pesadilla de inseguridad que vivimos tiene una relación directa con la declinación del ``sistema''. La línea conservadora ejercida en México desde 1982, resultó una salida falsa y peligrosa a la crisis social. Su ``costo social'' incluye una expansión de la delincuencia. Además, el aparato funcionó con la más completa impunidad. Desde 1983 la clase política empezó a mezclarse con la delincuencia nacional e internacional. La podredumbre llegó a los órganos centrales del Estado y ningún poder alternativo social o político fue capaz de frenarla. Era inevitable que los cuerpos policiacos, acostumbrados al abuso, se convirtieran en administradores de la delincuencia.

Cuando el general Salgado Cordero, con franqueza inusitada, habló de nuevos operativos, si es que se quieren evitar los toques de queda, y de zonas enteras de la ciudad gobernadas por los delincuentes, está describiendo el panorama cotidiano en unos cuantos años si fracasa la iniciativa democrática o si ésta no tiene un poder real.

La ``amenaza'' del general Salgado ha desencadenado una muestra de vocación por la democracia en la élite. Los órganos empresariales, los partidos, las organizaciones de derechos humanos, los medios, hasta el secretario de Gobernación, han descalificado el autoritarismo. Por ahora, cualquier tentativa de ampliar los poderes políticos del Ejército y los mandos militares carecería de legitimidad.

Sin embargo, las fuerzas democráticas parecen tener muy baja capacidad para presentar alternativas a la línea dura. ¿Qué se ganaría si, como se pide, el general Salgado deja su cargo? Los grupos cívicos nos deberían presentar el perfil del nuevo jefe de Policía, y sobre todo la forma concreta en que tendríamos que enfrentar a la delincuencia. Es muy importante la defensa de los derechos humanos de los ciudadanos sospechosos, hasta los culpables tienen derecho a una defensa. Pero el Estado tiene como función básica garantizar a los ciudadanos comunes y corrientes que puedan vivir en paz, conservar sus vida, libertad, seguridad y patrimonio. La sociedad es un organismo vivo y finalmente debe defenderse contra un ataque duro e impune.

¿Quién no endosaría las críticas a la corrupción policiaca y los abusos? Sin embargo, hay que exigir a los críticos que anexen propuestas concretas para combatir a los delincuentes y desmontar sus organizaciones dentro del marco de la Ley. Si no, sus reclamos, absolutamente legítimos, sonarían a ``pacifismo'' como el que le abrió la vía a Hitler en la segunda preguerra. Una democracia endeble sería una pobre democracia. Una sociedad abierta y libre tiene que generar sus mecanismos de defensa, si no quiere perecer en una restauración autoritaria. Por supuesto, necesitamos una modificación radical de las leyes. Las disposiciones de la Constitución sobre suspensión de garantías fueron pensadas para una sociedad de principios de siglo. Los juristas y los políticos deben inventar fórmulas nuevas y crear estados de excepción que permitan combatir a la delincuencia. Es enteramente razonable pedir el despido masivo de las Policías. La descomposición de estos cuerpos parece irreversible. ¿Pero qué se haría con los policías cesados? ¿Cómo impedir que aumenten las bandas de asaltantes?

Es una buena idea la creación de una Policía nacional con un gran dispositivo tecnológico. ¿Dónde están los recursos financieros para crearla? ¿Cuáles serían los procesos de reclutamiento y entrenamiento? ¿Cómo evitar que se corrompan los nuevos cuadros? Suena bien la propuesta de organizar al pueblo en forma autogestionaria para que ayudemos a identificar a los maleantes, para que colaboremos con la Policía en la prevención y persecución del delito. ¿Cómo crear una cultura participativa en la que los ciudadanos aprendan a vigilar sus barrios y consideren que los problemas individuales, cuando son masivos deben atacarse en forma colectiva? ¿Cómo reducir la delincuencia sin iniciar ya la redistribución?, ¿sin cambiar la política económica?

El próximo gobierno del Distrito Federal debe de ceñirse estrictamente a la ley. Pero la ley debe de ceñirse a la realidad. Las disposiciones liberales, generosas, de los tiempos normales son inaplicables en las épocas de emergencia. Si no hay ingenio y voluntad política suficiente por parte de los gobiernos, de los partidos y de la sociedad civil, el problema de la inseguridad va a seguir creciendo en México. El pueblo victimado, harto de la politiquería, empezará a pedir a gritos no sólo toque de queda sino un régimen de mano dura, un regreso autoritario corregido y aumentado.