Dado el sistema bicameral de nuestro Poder Legislativo Federal, salta a la vista que la postura de renuencia presidencial a la propuesta de la Cocopa en materia de derechos y cultura indígena encontrará su mejor trinchera defensiva en la mayoría priísta del Senado, la cual, en caso necesario, podría contar con el refuerzo de algunos senadores panistas.

Pero aún en el supuesto de que Zedillo o sus agentes transmitieran órdenes a los senadores priístas de aprobar la iniciativa de la segunda Cocopa y, por lo mismo, tal iniciativa quedara convertida en proyecto de ley aprobada por el Congreso, le quedaría a Zedillo el arma del ``veto presidencial'', ejercido dentro de los diez días siguientes a recibir el proyecto de Ley, legislativamente aprobado, de conformidad con el artículo 72 de la Constitución. Ese veto sería el cuarto obstáculo (la oposición interna de alguno de los nuevos integrantes de la Cocopa a presentar la iniciativa al pleno, el voto en contra del PAN a esta iniciativa y el posible rechazo de la Ley, si fuera aprobada por los diputados, en el Senado constituyen los tres primeros obstáculos) , cuya remoción requeriría una nueva votación del Congreso, en la cual ambas Cámaras con el voto calificado de dos terceras partes de sus miembros, decidiera mantener la vigencia de la Ley aprobada, contrariando así abiertamente la voluntad del jefe supremo de la Nación.

Política y psicológicamente no cabe admitir que el Congreso, por el 66 por ciento de los votos de ambas Cámaras, se enfrente al veto presidencial, aunque sea interpuesto por un presidente tan débil e ineficaz como Ernesto Zedillo.

Por todo ello, el veto presidencial, si Zedillo se atreviera a ejercitarlo, será el traspiés final para la iniciativa de la Cocopa pues nadie imaginaría una decisión legislativa que la privara de efecto.

Pero vamos a suponer, contra toda previsión racional, que aún pudiera la iniciativa cocopiana rebasar el cuarto impedimento y que, sobreponiéndose al veto presidencial, lograra la mayoría de dos tercios en cada cámara colegisladora y, por lo mismo, derrumbara jurídicamente el efecto negativo del veto.

En esta hipótesis tan improbable, no se habrían acabado las desazones para la iniciativa aprobada por el Congreso y vetada ineficazmente por ``el señor presidente'' pues como seguramente lo recordarán los juristas forestales, que merodean en Los Pinos, ha dotado al procurador general de Justicia de la Nación, en los términos de los artículos 102 y 105 de la Constitución de la facultad de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recurso de ``acción inconstitucional'' para plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución (texto del artículo 105, fracción II de la Constitución publicado en el Diario Oficial del 22 de agosto de 1996).

De acuerdo con esta reforma constitucional zedillista, cabe interponer un quinto y último obstáculo, consistente en el recurso de acción constitucional mediante el cual un subordinado del ``señor presidente de la república'' puede hacer intervenir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ella decida, como órgano supremo de control constitucional, si una ley aprobada por el Congreso y que, además ha superado el veto presidencial, se ajusta o no a la Constitución.

Dados los recientes antecedentes de la oncena jurídica que hoy integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos miembros fueron unánimemente propuestos para el puesto por el actual Presidente, merecería un calificativo más allá de ingenuo, el legislador o el ciudadano que creyera que la Suprema Corte iba a decidir en contra de la voluntad presidencial.

Quedan, por tanto, cinco obstáculos jurídicos que tendría que vencer la iniciativa de la segunda Cocopa para alcanzar el nivel de una norma general obligatoria y coactiva, legítimamente expedida y promulgada y reconocida por la Suprema Corte de Justicia como acorde con la Constitución.

No podemos echar al olvido que mientras se recorre esa larga carrera de obstáculos, Zedillo, enemigo declarado de la proposición de la Cocopa, estaría facultado, según dicen sus fieles servidores, como jefe supremo de las fuerzas armadas, a continuar la represión y la agresión militar contra el EZLN.

¿Qué podemos esperar, racionalmente, de la iniciativa legislativa de la nueva Cocopa ante ese panorama tan erizado de obstáculos que pueden ser manejados por el gobierno.