Violento desalojo policiaco de un predio en disputa entre ejidatarios
Matilde Pérez U. Ť Cerca de 200 integrantes de Seguridad Pública de Chiapas, acompañados por comisionados del Tribunal Superior Agrario (TSA), desalojaron la madrugada del viernes de una parte (mil 156 hectáreas) de la finca La Perseverancia a los ejidatarios de Rubén Márquez, quienes desde hace más de una década las tenían en posesión por formar parte de este ejido, que comprende 5 mil 300 hectáreas de acuerdo a una resolución presidencial de 1970.
El desalojo fue para entregar dicha superficie a los ejidatarios de Juan Sabines Gutiérrez, a quienes el gobierno estatal les compró en 1985 las fracciones El Zarzal, Amazonas, Lindavista y Vista al Mar de la citada finca ganadera -municipio de Tonalá-, una de las más importantes en su ramo en Chiapas y aún en poder de la familia Zardáin.
Ambas partes ya habían externado su desacuerdo con la Secretaría de la Reforma Agraria, ya que mientras el ejido Rubén Márquez reclama parte de la citada superficie, el ejido Juan Sabines Gutiérrez interpuso una demanda porque los terrenos que se le pretenden entregar no corresponden a las características ni a la localización que estableció la Comisión Agraria Mixta.
Es preocupante que los cuerpos de seguridad pública de Chiapas sean responsables de coadyuvar en el reparto agrario, expuso el abogado Alfredo Villegas. Agregó que el desalojo es ilegal pues los uniformados entregan a los ejidatarios de Juan Sabines Gutiérrez terrenos que están en posesión de los de Rubén Márquez y no los terrenos por los cuales el gobierno del estado pagó -en 1985- 296 millones 840 mil 962 pesos, que cubrían el costo de las mil 156 hectáreas y bienes distintos a la tierra: casa habitación, cercos, abrevaderos, baños garrapaticidas y pozos profundos.
A los ejidatarios desalojados, los uniformados y los comisionados del TSA les informaron verbalmente que tienen ``30 días para cosechar el maíz y 15 días para sacar al ganado''. Sin embargo, no se les permite el acceso a los terrenos que tenían en posesión.
La acción policiaca, advirtió Villegas, podría provocar un enfrentamiento entre los ejidatarios, mientras que la familia Zardáin sigue usufructuando una superficie que ya no le pertenece.
En 1995, la Comisión Agraria Mixta confirmó que los terrenos a entregar a los ejidatarios de Juan Sabines Gutiérrez están a 40 metros sobre el nivel del mar, su suelo tiene una profundidad de uno a dos metros y pendientes de dos a 12 grados, de acuerdo a documentos en poder de La Jornada. Sin embargo, la superficie que se les pretende entregar está entre 300 a 500 metros sobre el nivel del mar, en un terreno accidentado y pedregoso.
Villegas se preguntó por qué si Seguridad Pública del Estado ahora coadyuva en las ejecuciones agrarias, en el caso de la ampliación del ejido La Garrucha -cuya sentencia en favor de los campesinos fue emitida por el TSA en 1996- no ha acudido a hacer el deslinde correspondiente obligando al Ejército a levantar el campamento que mantiene en terrenos de los campesinos.