En el XV Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que terminó el viernes pasado en Buenos Aires, Argentina, se trataron tres temas en pública discusión, a base de ponencias fundadas, a su vez, en informes nacionales y otro en mesa redonda.

Los tres primeros temas fueron la discriminación en el empleo; el alcance internacional de los convenios colectivos de trabajo y el análisis de si la seguridad social forma o no parte de los derechos humanos. La mesa redonda coordinada por Arturo Bronstein, un argentino que labora en la OIT, trató --en mi concepto, no de manera satisfactoria-- el tema imposible de la formalización de la economía informal. Algo que pretendemos hacer en México a través de la famosa reforma a la Ley del Seguro Social, que intenta inscribir a los que trabajan al margen de las relaciones laborales, los ahora llamados ``cuentapropistas'', un nombre horroroso que se supone identifica a los que trabajan por cuenta propia.

Mucho habría que decir de todo. Pero me llamó la atención el interés despertado por el tema tercero, discutido sobre la base de las ponencias de un profesor alemán y una profesora filipina, que aceptaron que sí son derechos humanos los amparados por la seguridad social, lo que me parece que no hacía falta discutir. Los más de 25 oradores inscritos, entre ellos quien esto escribe, nos fuimos más allá del tema para tratar, simple y sencillamente, de los efectos fulminantes contra la seguridad social de los nuevos sistemas privados de pensiones, de los seguros privados para cubrir riesgos de trabajo y de los servicios médicos particulares que sustituyen ya a los institucionales.

El pretexto: los apuros financieros de los sistemas no son imputables a la seguridad social, sino a la política conservadora que aplastó los salarios y, de paso, a las cuotas.

La delegación chilena: Alfredo Valdés, Francisco Walker y un ex ministro de Trabajo notablemente conservador cuyo nombre no retuve, tuvimos una breve y sustanciosa discusión personal; ellos hicieron la defensa de la solución seguida en su país, modelo indiscutible para, por lo menos, América Latina. El resto de los oradores, particularmente los peruanos Jorge Rendón y Francisco Javier Romero, se olvidó, o casi, de la calificación científica y arremetió en contra de la privatización. Aquello asumió las características de un referéndum de gentes muy calificadas sobre la pesadilla de la cancelación de la seguridad social que se ha convertido en la cuenta de ahorros del Estado y en un negocio fabuloso de los bancos, con cargo a las espaldas empobrecidas de los trabajadores del mundo.

Fue sintomático que el tema principal fuese dejado a un lado y se agarrara por los pelos la oportunidad de hacer la defensa magnífica de la seguridad social. Me llamó la atención la mayoría aplastante que se expresó en contra de la privatización, sin dejar de reconocer que más de uno habló de cualquier cosa menos de los temas propuestos. Pero la tribuna mundial era atractiva.

La mesa redonda se deslizó por el tema imposible de formalizar lo informal. Marly Cardone, una laboralista destacada del Brasil, planteó en alguna de sus intervenciones si no nos estábamos preocupando de algo que a los informales no les preocupa. Porque la formalización sería pagar impuestos y cuotas a eso que era antes la seguridad social. Y no parece que a los informales les interese mucho. Yo llegué, sin oportunidad de expresarlo públicamente, a la conclusión de lo paradójico que resulta que ahora se preocupen los empresarios por estos informales, que lo son porque los echaron a la calle invocando costos intolerables, pero que se han convertido en amenazas gravísimas para la seguridad pública y que, al mismo tiempo, ya no tienen capacidad de compra, con lo que los ahorros empresariales se dan de narices con la falta de mercado.

Entre tanto, el largo camino de regreso a casa lo cubrí con la lectura de un libro recién publicado en Buenos Aires, en el que un grupo de laboralistas destacados se pregunta sobre el destino inmediato del derecho del trabajo. En general la conclusión colectiva es que prevalecerá, pero con cambios rotundos.

Habría que preguntarse si estos cambios no lo convertirán, como muchos pretenden, en un derecho del empresario.

Un buen motivo, dicho sea de paso, para una gran batalla.