Los resultados de las elecciones federales y locales del 6 de julio están íntimamente vinculados con el debilitamiento del papel que el PRI desempeñó dentro del sistema político como partido en el poder, es decir, como instrumento y conducto para proporcionar bienestar social a las personas y a las colectividades que se le adherían formalmente o votaban por sus candidatos.

En la etapa en que su capacidad de convocatoria y movilización política en favor del gobierno, así como su correlativa fuerza electoral eran incontrastables, el PRI no requería de otros argumentos para conservar el apoyo de los sectores mayoritarios de la sociedad, que el señalamiento de los beneficios que éstos obtenían a través de las políticas salariales, de control de precios y de subsidios a los artículos de primera necesidad; de reparto de tierras y créditos de la banca oficial; y de la ampliación de la cobertura de los sistemas de seguridad social y de las grandes obras públicas en materia educativa, salud, comunicaciones, electrificación y algunas más.

El PRI cosechaba las reacciones favorables de la población, derivadas de las políticas y las obras del gobierno, y éste se fortalecía con el apoyo popular que el partido organizaba y canalizaba en favor del Presidente de la República y las demás instancias de ejercicio del poder.

Para que tales reforzamientos recíprocos fueran factibles, el partido no estaba constreñido al papel de un receptor pasivo de las decisiones del poder, sino que participaba en la promoción o, en su caso, la implementación de las políticas gubernamentales que incidían favorablemente sobre los intereses de los grupos sociales que formaban sus principales bases de apoyo.

Estos mecanismos formaban parte de las reglas no escritas del sistema. Ampliaban y fortalecían la capacidad de penetración del partido respecto del conjunto de la población y de los sectores mayoritarios en particular, al presentarse como gestor eficaz del bienestar social en los ámbitos más trascendentes de las políticas gubernamentales y no sólo en asuntos coyunturales y problemas específicos de alcances limitados.

La etapa en que estos procesos interactivos dejaron de ser funcionales coincide con la conversión ideológica del círculo gobernante, en su connotación estricta. La creciente complejidad del aparato gubernativo federal había hecho necesario el reclutamiento de funcionarios seleccionados por su capacidad técnica y no por sus antecedentes de militancia partidista. Los cuadros del PRI vieron mermadas las oportunidades de ser recompensados con cargos públicos en el ámbito administrativo.

Las contradicciones al interior del sistema se acentuaron gradualmente, pues los funcionarios que habían sido seleccionados por sus títulos académicos tenían conciencia de que debían el cargo a sus méritos personales y no a una filiación partidista de la que carecían. Por tanto, no reconocían vinculación ni compromisos con el PRI ni con sus militantes, ya que, por el contrario, percibían las identidades tradicionales del partido y el gobierno como una rémora del pasado que era necesario eliminar.

A su vez, los cuadros priístas se consideraban injustamente desplazados y sus resentimientos alentaron una visión maniquea de la actuación gubernativa, expresada en la tesis de que la fuerza política del partido era el principal sostén del gobierno, pero que a cambio de ese apoyo nada se recibía, sino errores cuya factura tenía que pagar el PRI en los procesos electorales. Las rivalidades se agudizaron cuando, además de copar la administración pública, los representativos de la vertiente de los técnicos y administradores arribaron también a los cargos directivos de primer nivel en el PRI.

Antes de ese predominio cupular, se postulaba preferentemente como candidatos a cargos de representación popular (diputados, senadores, presidentes municipales y gobernadores) a cuadros con reconocida trayectoria dentro del partido y/o sus sectores, y se mantenía un razonable equilibrio entre la llamada clase política priísta y los grupos formados en la administración pública, pues unos y otros permanecían en su respectivo ámbito natural. Llegó el día en que el desplazamiento de los ``priístas de placenta'' fue casi total. Los candados estatutarios que se establecieron formalmente en la XVII Asamblea, no son sino una reacción defensiva, pero podrían convertirse en un arma contraofensiva de los desplazados.