Campaña contra la Conai y el centro Bartolomé de las Casas en medios locales
En Chenalhó, presencia descarada de paramilitares Campaña contra la Conai y el centro Bartolomé de las Casas en medios locales
Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de septiembre Ť Las aguas están revueltas en Chenalhó. Da la impresión que una mano negra las quisiera enturbiar. Es abierta la existencia de grupos paramilitares de priístas, auspiciados por la policía y el Ejército.
A la vez que aparecen armas en Santa Marta, y Puebla es un campo de tiro, se dan expulsiones de familias enteras por simpatizar en el EZLN o el PRD, por apoyar el municipio autónomo con cabecera en Polhó, por no dar dinero para las obras de los priístas, o para la compra de balas en las comunidades. Cada día es de balas en las comunidades. Cada día en más comunidades de este municipio tzotzil, de tradiciones arraigadas, viejos caciquismos y nueva política ``antiguerrillera'', como prefiere llamar Sedena la guerra de baja intensidad, la vida se descompone, por ``importación''.
Simultáneamente, desde los medios gubernamentales se ha desatado una
campaña de desprestigio contra la Conai, y en especial contra el
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Dicho centro
documentó los hechos violentos en la región indígena de Chiapas, y de
las historias de horror de Chenalhó también ha hecho denun-
cias. Aparejado a esto va una campaña semántica en los medios locales
contra ``términos tan manoseados como `guerra de baja intensidad',
`sociedad civil', `guardias blancas' y muchos otros'', enumera
La marcha zapatista para reinstalar a los desplazados de Tabtechum y
Los Chorros terminó en Polhó sin imponderables, después del incidente
del francotirador en Yabtechum. Pero persisten las dudas sobre el
apaciguamiento de las comunidades.
Van dos historias, a manera de ejemplo.
Dos, tres pueblos divididos
Santa Marta, Chenalhó, esta prácticamente incomunicado con su cabecera
municipal, en el extremo del municipio. Su salida natural es la
cabecera de San Andrés. Su relación de ``tradición y costumbre'' es
con ésta, pero por ley pertenecen a Chenalhó.
El fiel de la balanza en Santa Marta es el gobernador. Y sobre
él viene la presión del Ejército y el gobierno.
Un día llega un joven teniente del Ejército federal, oriundo de
Zacatecas. Se presenta al gobernador y al maestro de la
escuela. Los convence de que los zapatistas (abundantes en la
comunidad, por cierto) representan un peligro, están fuera de la ley,
y hay que combatirlos.
Después, el gobernador se arrepiente. Le dan dolores de cabeza
y lo aquejan dudas de conciencia.
Como quiera, las armas ya llegaron. Han de ser nuevas, porque ``de
noche brillan como plata''. Según el gobernador, costaron 20
mil pesos y las pagó el municipio constitucional.
Ahora, por la noche hay adiestramiento en Santa Marta. Llevan a los
hombres. Les pasan ``película, primero, instrucciones para el manejo
de armas. Luego les pasan pornografía. Para rematar la parte teórica,
hay baile con muchachas en bikini'', que preocupa especialmente a las
mujeres, para terminar con ejercicios militares. A sus casas llegan
tarde los hombres, dicen las señoras.
De los entrenamientos que da la policía en la comunidad de Puebla no
hay testimonios, aparte de los tiros que todas las noches se oyen en
todo el valle.
En el ejido Colonia Libre Los Chorros (donde se suscitaron los
incidentes últimos, expulsión incluida de los zapatistas, casas
quemadas y saqueadas) el procedimiento fue distinto. No por la vía
``tradicional'' como Santa Marta, sino por la corporativa.
En julio, el edil constitucional Jacinto Arias Cruz encargó a todos
sus agentes municipales que levantaran listas de quiénes eran del PRI
y quiénes no, en cada paraje.
En Los Chorros se llama a una asamblea. El agente toma nota. Casi
nadie se apunta. Los que se identifican como ``sociedad civil''
instauran un debate, y le mandan decir a Jacinto Arias con el agente
que no tiene derecho a dividir las comunidades.
Lo mismo dicen muchos priístas que no se habían apuntado.
En septiembre, se exige dinero a los pobladores de Los Chorros, Puebla
y otros parajes para la compra de armas y municiones ``para defender a
la comunidad''. Se castiga a los que no colaboran. En algunos lugares,
como Los Chorros, se les expulsa.
Listas blancas y ligas negras, para repartir favores y horrores.
Se agrega la participación renovada de una banda originada en San Juan
Chamula: Los degolladores, que en años anteriores ejecutaron
sangrientas expulsiones de chamulas evangelistas y en tiempos
recientes han orientado sus acciones contra zapatistas, miembros de la
organización Abelas y otros perredistas, en Chenalhó y Pantelhó.
La gente del municipio autónomo asegura que el promotor de la
contra, para dividir las comunidades hasta extremos letales, es
el ex diputado Antonio Pérez Hernández, priísta como Arias, y también
con el respaldo del gobierno estatal.