A pesar de los intentos por encubrirla, la comparecencia del general Enrique Salgado mostró la grave crisis de seguridad pública que vive la ciudad. Por primera vez en muchos años, un jefe de policía acepta la existencia, al interior de su corporación, de actos de corrupción --las cuotas y los cohechos promovidos por los mandos intermedios--, así como de inmoralidad, indisciplina, falta de profesionalismo y pérdida de valores éticos, además de los consabidos bajos salarios.

Todos estos males, entendemos, existían antes de que Salgado llegara a la jefatura de la Policía Preventiva. ¿No fue acaso el propósito de suprimir la inmoralidad y la corrupción el que dio pie al remplazo de civiles por militares en los mandos? Pero el que ayer el general Salgado haya informado de la permanencia de estas distorsiones muestra claramente la incapacidad de su gestión. ¿Por qué no ha podido sanear a la dependencia en estos 14 meses? Las causas son aún desconocidas.

Véase por donde se vea, la comparecencia de Salgado con todo y sus estadísticas sobre la supuesta reducción delictiva, exhibe el fracaso de los mandos militares para enfrentar la creciente inseguridad de la ciudad. La experiencia muestra que no basta el simple cambio de mandos y que no es suficiente colocar al frente de ellos a militares o civiles honestos.

Pero el rasgo más grave de la crisis es que, para enfrentar la delincuencia y la impunidad, el general Salgado no ofrece más opción que continuar realizando sus cuestionados operativos policiacos. Es inadmisible desde cualquier punto de vista la disyuntiva que propone entre operativos o toques de queda.

La inseguridad pública tiene causas más profundas que las medidas coercitivas no tocan. La delincuencia ha rebasado la capacidad numérica de la policía. Una buena parte de los delincuentes son desempleados y jóvenes rechazados de los centros educativos. El cierre de fuentes de empleo y la reducción del ingreso escolar de nuestros jóvenes tuvo sus consecuencias. La delincuencia no sólo se nutrió de jóvenes, también por muchos de los 3 mil 500 elementos de la policía cesados y suspendidos desde l994. Aún más. Está documentado --ahora visualmente-- el contubernio entre los delincuentes y miembros de la policía que reciben cuotas por brindar amparo no al automovilista, sino al delincuente.

Es cuestionable que los estrategas comerciales de los consorcios televisivos estén convirtiendo a sus reporteros en sabuesos. A ese paso, habría que darles armas para que se defiendan y, acaso también, para que persigan a los infractores. Las funciones de investigación e inteligencia contra la delincuencia deben permanecer en los cuerpos de seguridad pública y no ser trasladados a los medios de comunicación.

Una delincuencia que se hizo diurna ha rebasado la respuesta profesional de los cuerpos de seguridad. La policía está más capacitada para detener a borrachitos nocturnos y a jóvenes escandalosos que para enfrentarse a las 700 audaces bandas que, a la luz del día, cometen asaltos a bancos, a comercios y a vehículos.

La actual policía no cuenta con la experiencia, la capacitación y, mucho menos, con el armamento y las infraestructuras modernas indispensables. Antes que los operativos, urge el trabajo de inteligencia con tecnologías y capacitación adecuadas para enfrentar el crimen organizado.

Otro aspecto es el ámbito geográfico de la delincuencia. Sólo 40 por ciento de la ciudad se ubica en el Distrito Federal; en éste se comete la mayoría de los delitos, pero gran parte de la delincuencia se refugia en los municipios conurbados, en donde no pueden actuar las policías Preventiva y Judicial del Distrito Federal. Es tiempo de pensar seriamente en crear una corporación metropolitana de seguridad pública, con un mando unificado, como la tienen otras grandes ciudades del mundo en las que se agrupan demarcaciones diversas.

El de los bajos salarios sigue siendo un asunto central. Ninguna corrupción se erradica y ninguna mística y moralidad se fortalece si no se cuenta con lo indispensable para vivir dignamente.

El gobierno entrante tendrá que pactar no con la delincuencia, como parece habérselo sugerido el actual regente a su futuro colega, sino con las cámaras legislativas federales, para contar con recursos suficientes que permitan un inmediato y sustancial incremento de sueldos y prestaciones sociales de nuestra policía.

Los tiempos de transición requieren modificar las limitadas estrategias actuales de seguridad pública. Los ciudadanos debemos pasar del temor a las propuestas organizadas. Los órganos legislativos han de transitar de la cultura de la oposición a la cultura de gobierno, para subsanar vacíos e insuficiencias legales en la procuración de la justicia. En suma, deberá fortalecerse el estado de derecho, antes de que sea demasiado tarde.