Gobierno y PRI, ``obligados'' a cumplir los pactos de Larráinzar
Elizabeth Velasco C. Ť El problema central para el reconocimiento de los acuerdos de San Andrés Larráinzar ``no es de puntos ni de comas o de precisiones de carácter jurídico'' en la iniciativa de ley de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), sino de índoles política y de confianza, asegura el priísta, integrante de esa instancia de coadyuvancia en la 56 Legislatura, Jaime Martínez Veloz.
Sostiene que el PRI y el gobierno surgido de ese partido tienen una obligación y un compromiso ``legal, moral y político'' con los indígenas del país y con el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés por tres razones.
Las demandas planteadas en esos acuerdos, explica, están consideradas en el Programa de Acción del partido; fueron aprobadas en su 17 asamblea en un punto de acuerdo donde se ratifica apoyar el proceso de paz y dar solución al conflicto de Chiapas. Además, el gobierno --emanado del PRI-- firmó esos acuerdos y tiene una gran deuda, no de ahora sino de hace años, con los pueblos indios.
El también secretario de Organización del Movimiento Territorial del PRI advierte que hay presiones de grupos poderosos que quieren dar salida al conflicto de Chiapas por una vía distinta a la del diálogo y la negociación. Ante ello, considera que el gobierno tiene que dar señales de buena voluntad con el retiro de su contrapropuesta y hacer un llamado al EZLN a reanudar el diálogo.
Pero de no lograrse un avance hacia el diálogo, Martínez Veloz considera que la única opción que se avizora es que la iniciativa de la Cocopa se presente en el Congreso de la Unión y sea revisada con un afán ``maduro y constructivo'', principalmente por parte de los priístas, quienes deben llevar a cabo una alianza natural con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) --``y no con Acción Nacional que niega el reconocimiento de los derechos indígenas''-- para lograr las reformas a la Constitución.
Sostiene que los acuerdos de San Andrés, y con ello la iniciativa de la Cocopa, no violentan la Constitución mexicana. ``Habrá, sí, una alteración de la Carta Magna con su aprobación, pero en un sentido positivo para el desarrollo democrático del país. Por ello los diputados priístas tienen que apoyar dicha iniciativa''.
No incorporar los derechos colectivos de los pueblos indios a la Constitución representa para el PRI altos costos, como un desgaste político, y lo peor sería hacer el juego al Partido Acción Nacional para que éste obtenga los triunfos.
En entrevista con La Jornada, el ex integrante de la Cocopa recomienda a los legisladores de su partido que antes de hablar de los acuerdos de San Andrés y decir que intentan transgredir el orden constitucional, primero ``tienen que leerlos, igual que el programa de nuestro partido, para que no hablen por hablar''.
Afirmar que ``los acuerdos de San Andrés violan el orden constitucional significa hacer un señalamiento al gobierno federal en el sentido de que éste firmó acuerdos que violentaban las normas constitucionales''.
--¿Qué interpretación le da a lo declarado por el delegado gubernamental para la paz en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, quien insiste en revisar la iniciativa de la Cocopa?
--La definición del gobierno en la actual coyuntura política tiene grandes dificultades. Es decir, no existen elementos que den confianza al EZLN para que se siente a revisar la iniciativa y se hagan las precisiones correspondientes, porque no hay una sola acción material, concreta, que le diga a los zapatistas y a los pueblos indígenas nucleados a su alrededor que hay avances como para sentarse a negociar. Por ello, la mejor solución a este impasse es que la iniciativa se presente en el Congreso de la Unión.
Martínez Veloz subraya que hay que ser cuidadosos en las formas, ya que en diciembre de 96, cuando el gobierno dijo que haría precisiones de carácter jurídico a la iniciativa de la Cocopa, lo que realmente hizo fue presentar una nueva iniciativa. Esa postura contrastó con las declaraciones de la comisión que entonces se manifestó por abrir el gran debate nacional e incorporar en él al EZLN.
Aprecia que, no obstante, hoy existen hechos positivos como el que se hayan hecho ya, después de un largo silencio, declaraciones del delegado gubernamental y del secretario de Gobernación. Sin embargo, el EZLN requiere respuestas claras en términos de cumplir los acuerdos de San Andrés.
Insiste en la necesidad de que el gobierno retire su contrapropuesta. Creo que los dirigentes ``están para entender, no para interpretar''. Al hacerlo, no gana ni el EZLN ni pierde el gobierno, gana la nación. Si hay ese reconocimiento público de Joaquín Coldwell y de Emilio Chuayffet, ``no hagamos más para frenarlo y busquemos los mecanismos para solucionar el conflicto''.
En ese sentido, exhorta a los diputados priístas a que la iniciativa sea discutida con un afán constructivo, responsable, de cara a la nación, y sea en el Congreso donde se defina la necesidad o no de hacer las precisiones de carácter técnico que se requiera. Siempre y cuando, subraya, no se vulneren los acuerdos de San Andrés, ni se establezcan mecanismos jurídicos ni candados que hagan en la práctica inviable la propuesta.