Investigará grupo legislativo anomalías en la privatización de Ferronales; Sacristán y Bonilla comparecerán
Oscar Camacho Guzmán y Ciro Pérez Silva Ť Por iniciativa de PAN y PRD, y sin objeción alguna del PRI, en los próximos días se constituirá en la Cámara de Diputados una comisión especial que investigará y revisará ``irregularidades'' en la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, así como los ``despidos injustificados'' de más de 40 mil trabajadores, y para ello deberán comparecer los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Carlos Ruiz Sacristán, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Bonilla.
Tal fue el consenso que ayer expresaron en la tribuna de la Cámara de Diputados las fracciones de PRD, PAN y PRI, a lo largo de un debate en el que los legisladores priístas no tuvieron elementos para responder a las serias críticas que panistas y perredistas exhibieron para demandar que esa Cámara intervenga en el problema ferrocarrilero.
Los legisladores del Revolucionario Institucional tuvieron que conformarse con hacer tan sólo una defensa del dirigente del sindicato ferrocarrilero, Víctor Flores, diputado también, que el día de ayer estuvo ausente.
Corría la parte media de la sesión ordinaria cuando el diputado del PAN, Javier Paz Zarza, pidió la palabra y llevó a tribuna el caso de los ferrocarrileros.
De entrada, se previno sobre eventuales críticas, al recordar que su fracción votó a favor de la privatización de este sector en la legislatura pasada, con la condición de que se realizara en forma transparente, asegurando que se seguiría considerando como parte fundamental del patrimonio nacional, que se mejoraría la prestación del servicio y que se realizaría sin afectar uno solo de los derechos de los trabajadores del riel.
El sindicato, cómplice: Paz Zarza
Sin embargo, indicó que esto no se ha cumplido, toda vez que ``la empresa ha sido utilizada con carácter patrimonialista por un selecto grupo de presuntos expertos financieros, con la complicidad y la anuencia del sindicato'', que se ha traducido en una afectación a los derechos de los trabajadores, en el curso de lo cual los dirigentes sindicales han recurrido a todo tipo de acciones para acallar las voces disidentes.
El legislador panista citó casos como el despido de 177 trabajadores el pasado 17 de julio, del taller Casa Redonda del valle de México, y dio a conocer también que se obliga a firmar a los trabajadores un convenio de despido en el que se le hace decir al trabajador que la relación laboral se da por terminada por iniciativa del propio empleado, a fin de que no haya lugar para la liquidación que marca la ley.
Asimismo, puso en evidencia cómo a los trabajadores despedidos la empresa les retiene más de 3.5 por ciento de su liquidación por concepto de ``cuota sindical'', lo que es ``a todas luces violatorio''.
Enseguida, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Rosalío Hernández Beltrán, se sumó a la denuncia y presentó una panorámica de los efectos que ha significado para los trabajadores la famosa ``modernización'' de Ferrocarriles Nacionales de México.
En primera instancia, señaló que tanto los funcionarios de Ferrocarriles como las autoridades del Trabajo y las juntas de Conciliación, y el titular de Comunicaciones y Transportes, han hecho caso omiso al artículo transitorio de la ley que aprobó la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, en el que se establece que las concesiones se realizarán respetando los derechos de los trabajadores.
``Pero al parecer, estos funcionarios han interpretado al revés el contenido de este artículo transitorio, porque efectivamente, antes de entregar esas empresas han reajustado a más de 50 por ciento del personal. Esto es, que de más de 80 mil trabajadores que existían a principios de esta década, actualmente no quedan más que 39 mil, aproximadamente'', señaló.
Lo que queda del contrato colectivo
En seguida, el diputado Rosalío Hernández detalló cómo ``de las 3 mil cláusulas que contenía el contrato colectivo de trabajo, ya sólo quedan aproximadamente 208''.
Y citó responsables: ``Todo ello asesorado por un ilustre abogado patronal que durante dos sexenios estuvo en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el licenciado Arsenio Farell Cubillas, quien desde ahí, desde su bufete, asesoró a la administración de Ferrocarriles Nacionales de México para castrar este contrato''.
Añadió que para concretar este ``salvaje reajuste de personal, se han utilizado mil argucias: desde las jubilaciones prematuras y los retiros voluntarios forzados, hasta los despidos''.
Enlistó además la reducción de 200 estaciones ferroviarias; el incumplimiento en la prestación del servicio médico y la penosa situación de más de 11 mil jubilados que aún le piden a la Cámara de Diputados que intervengan de manera urgente para aliviar su situación económica.
Y por eso, el perredista dijo que ``es una deuda de este Congreso, de esta Cámara de Diputados, el tener que llamar a cuentas al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al titular de Comunicaciones y Transportes, para que vengan y nos expliquen el por qué no han actuado fielmente al contenido del artículo 5o. transitorio de este decreto''.
Asimismo, y basado en el artículo 93 constitucional, que otorga a las minorías parlamentarias el derecho a formar comisiones investigadoras, propuso la formación de una comisión especial plural que investigue el proceso de privatización de Ferrocarriles Nacionales de México, propuesta coincidente con la que previamente había hecho el diputado panista Javier Paz Zarza.
Por el Partido Revolucionario Institucional subió a tribuna Juan Moisés Calleja Castañón, quien intentó salir al paso de las críticas opositoras señalando que la privatización de Ferrocarriles se hizo porque el gobierno carece de recursos para su modernización, y agregó que en todo este proceso han intervenido las dirigencias sindicales, y que incluso el director de esa empresa ``afirmó públicamente que ningún trabajador sindicalizado sería afectado en sus derechos laborales''.
Y aceptando desconocer cómo se ha dado el proceso de privatización, dijo que ``si ha habido algún incumplimiento por parte de la administración de Ferrocarriles, la fracción obrera del PRI apoyará las gestiones de los afectados''.
Empero, salió en defensa de su correligionario Víctor Flores, al decir que son ``falsas'' las acusaciones que se han hecho en su contra. Terminó su intervención señalando la aceptación del PRI para que el asunto se turne a las comisiones respectivas, a fin de que sean citados ``no sólo los funcionarios responsables que se han mencionado, sino todos aquellos que resulten involucrados''.
Sin embargo, una parte de la intervención del priísta molestó tanto a las bancadas de PAN y PRD, que el panista Javier Paz Zarza volvió a la tribuna para reclamarle al priísta ``la falta de congruencia'' entre sus palabras y los hechos.
Paz Zarza dijo: ``La dirigencia del sindicato ferrocarrilero ha lastimado la dignidad de los trabajadores impunemente''. Y agregó: ``Hoy en día los trabajadores no esperan discursos ni solidaridad, quieren hechos, y exhortamos a los compañeros del PRI a que con hechos demuestren que queremos respeto estricto a los trabajadores, pues no podemos seguir permaneciendo impávidos ante el desbarajuste que están provocando los financieros, los presuntos financieros de Ferrocarriles Nacionales de México''.
Moisés Calleja ya no dijo nada, pero en su lugar subió a tribuna el priísta Antonio Fernández Rodríguez, quien reiteró que ``si la administración de Ferrocarriles Nacionales no ha respetado'' los derechos laborales, ``habremos de intervenir con toda fuerza y con toda claridad'', aunque insistió en que el sindicato ferrocarrilero no ha tenido actitudes irregulares en su actuación. ``Y con esto fijamos la postura de los diputados obreros priístas''.
Cita la Cámara al líder del sindicato azucarero
También por decisión de los cinco grupos parlamentarios, se tomó un punto de acuerdo por el cual se le pide al secretario general del Sindicato de la Industria Azucarera, Enrique Ramos Rodríguez, que acuda a la Cámara de Diputados para reunirse con una comisión de trabajadores inconformes, a fin de poder solucionar las demandas planteadas.
En torno a la Cámara de Diputados hay un plantón desde hace 15 días, en donde participan trabajadores azucareros provenientes de siete ingenios ubicados en Veracruz, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Tamaulipas, entre otros.
En la misma sesión, y por acuerdo unánime de PRI, PRD, PAN, PVEM y PT, se determinó constituir en la Cámara de Diputados una Comisión de la Mujer, a fin de promover reformas legislativas que permitan igualdad efectiva de géneros en los aspectos laboral, social y político, así como aquellas normas que las protejan en su actividad urbana, rural o indígena, y con el fin de desterrar toda forma de discriminación hacia ellas.