Desesperación y fracaso en sus medidas, señalaron asambleístas

Miriam Posada y Alonso Urrutia Ť La gestión de Enrique Salgado al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) recibió ayer la censura general de los partidos representados en la Asamblea Legislativo: medidas desesperadas, fracaso en las acciones, reprobación de operativos ilegales y hasta la demanda de su renuncia en el pleno, le fueron planteadas.

Esta vez las andanadas provinieron incluso del PRI. Eduardo Escobedo lanzó una dura crítica a situación bajo el argumento de que la batalla la está ganando no sólo el crimen organizado, sino incluso el delincuente solitario. Para el panista Armando Salinas la ciudad enfrenta la mayor crisis de seguridad publica, inédita en su historia, que contrasta con el fracaso de las instituciones policiales, incluida la tentativa de militarización. La crisis --dijo-- es de tales dimensiones que lo que está en juego ``es la viabilidad de un proyecto de desarrollo político, económico y social que depende en todo momento de la capacidad que tengamos para darnos seguridad.

Acción policiaca, apegada la legalidad: PRI

Una de las críticas mas duras contra el general corrió a cargo del priísta Eduardo Escobedo: ``Como nunca en las épocas recientes, la delincuencia generalizada ha logrado insertar en la realidad el duro prefijo negativo de in a la seguridad, con subgrave consecuencia de negación y privacía''.

Tras señalar que las causas de la inseguridad son diversas, aseveró que ``no aceptamos que la delincuencia organizada, con su manejo de inmensos recursos económicos y aun la asociación delictuosa, se amparen en que se delinque por necesidad de supervivencia. Ello equivaldría a sostener que, en tanto no se den cambios en políticas económicas, la actuación es represión, porque se reprime un estado de necesidad''.

Escobedo exigió una actuación legal, oportuna y eficaz. No estamos --añadió-- en contra del operativo per se, pero sí que se ajusten a disposiciones constitucionales como la subordinación al MP, órdenes de aprehensión y actuación en casos de flagrancia.

Tras condenar los ataques e intimidación a la prensa, Escobedo aseveró que en la actualidad hay más presupuesto, 158 por ciento más en tres años, más armamento más personal que no se corresponden con los resultados y la percepción social.

Por su parte, Armando Salinas dijo que el balance general de la seguridad pública revela: crecimiento de la delincuencia, incapacidad en la prevención del delito y en el combate a la delincuencia, asignación de recursos sin planeación errónea estrategia de militarización, fracaso total de la readaptación social, e impunidad y desprecio social a la policía.

Salinas indicó que en la actualidad al menos 6 de cada 10 capitalinos no denuncian los delitos de los que son objeto y cinco de cada diez consideran importante tener un arma en casa. ``Ante la falta de respuesta avanza la inclinación a la justicia por propia mano''.

Consideró que la crisis de las instituciones policiales no es nueva; obedece a un desprecio histórico por parte del Estado. ``Se sigue creyendo que aumentar policías es aumentar seguridad, que del incremento salarial nacerán profesionales incorruptibles, o que la presencial policial intimida al delincuente''.

El perredista Víctor Soto dijo que si bien el problema de la inseguridad pública no se resolverá en el corto plazo, ``que nadie justifique con esto la incompetencia de los cuerpos policiacos en el combate al crimen''.

Rechazó los operativos anticonstitucionales de las colonias Doctores y Buenos Aires. ``Son acciones ineficientes porque la gran mayoría de los detenidos son puestos en libertad, mientras los grandes delincuentes son casualmente alertados y evaden la acción''.

En nombre de la mayoría perredista censuró la militarización policiaca y su argumento de inhibir la corrupción. A su vez, el petista José Narro pidió la renuncia del general por los desaciertos que ha cometido y aseveró que la seguridad pública ``no se solucionará con mecanismos represivos, militarizando ni con métodos en donde el castigo rebasa con mucho el grado del delito'', como en el asesinato de los jóvenes de la Buenos Aires. La ecologista Esbeida Bravo aseveró que Salgado ha fracasado en su gestión, pues no ha desterrado la corrupción, abatido la inseguridad ni profesionalizado la policía.