Pidió no cancelar acciones preventivas por ``temor a excesos''

Alonso Urrutia y Miriam Posada Ť El secretario de Seguridad Pública, general Enrique Salgado Cordero, salió en defensa de las redadas policiacas: ``decir no a los operativos es decir sí a la impunidad.

Si no nos ven en sus territorios, si no temen nuestras acciones que afectan sus redes clientelares, seguirán creciendo y mañana no hablaremos de la necesidad de operativos, sino de toques de queda y zonas de la ciudad donde la delincuencia gobierne.

Comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa en la que el general borda sus conclusiones en lenguaje militar hacia el final de la sesión y advierte que ``aplicar la ley fuga no es la solución, lo sabemos, pero tampoco podemos cancelar toda acción preventiva, por temor a los excesos que se puedan cometer''.

Cuatro horas después de una comparecencia que unifica a los partidos en su condena a la inseguridad, antes de que el general se lanzara a la defensa abierta de sus acciones, previa advertencia de que la seguridad pública ``debe ser vista sin prejuicios ideológicos o partidistas. Es un asunto que atenta contra el tejido social en sus nervios fundamentales de integridad física y derecho patrimonial''.

Agregó que la seguridad pública ``debe ser considerada un asunto de Estado que demanda posturas propositivas, más que actitudes críticas que conducen a la inmovilidad''. Dijo que se cuestionaba ``si sería mejor no hacer nada para evitar las críticas, no hacer nada por el riesgo de los excesos en las acciones operativas, no hacer nada para afirmar que mientras exista pobreza habrá delincuencia.

Añadió que rechazaba que la ciudadanía tomara la ley en sus propias manos y ``condenamos absolutamente que los policías lo hagan, pero no caigamos en el error de victimizar a la delincuencia''. Reconoció que existe rechazo a los operativos, aunque lo atribuyó a que estas acciones tocan las redes de complicidad, impunidad y encubrimiento que permiten la actuación del crimen organizado.

La delincuencia ataca a la sociedad y es ésta, a través de su instrumento, la policía, la que debe responder para evitar que ``el cáncer siga creciendo''. Aseguró que la sociedad mexicana está muy avanzada en la defensa pública de los derechos humanos, pero muy retrasada en sistemas de readaptación social, de impartición de justicia, de preparación de sus policías. ``Estas realidades extremas hacen que la defensa de los derechos humanos pareciera ser una defensa de los delincuentes y que el combate a la delincuencia no sea visto como una defensa de los ciudadanos''.

Concluyó: ``¿Si no son los operativos, entonces qué? ¿Si no hacerlos ahí donde la delincuencia se anida, entonces dónde? ¿Si no hacerlos ahora que la ciudadanía lo exige, entonces cuándo? Es un asunto de respuestas''.

Salgado afirmó que es necesario fortalecerlas acciones disuasivas, pues ``lo preventivo es el único mecanismo para evitar los extremos a los que puede llegar una ciudadanía cansada, tomando la ley en sus manos''.

Atribuyó la falta de profesionalización, la carencia de espacios para los cursos de actualización, las patéticas prestaciones a las que tienen derecho los policías y que ``ya han sido rebasadas'' por sus propias necesidades, a la carencia de recursos presupuestales ``que impiden la consolidación de programas y proyectos''.

El secretario también le adjudica a la falta de recursos que haya un policía por cada 937 habitantes en la ciudad de México, ya que la SSP debe hacerse cargo de la seguridad de 8 millones de habitantes y una población flotante que asciende a 7 millones más.

Y destaca que por la falta de recursos los capitalinos viven en una situación de temor constante que impide la amplia participación ciudadana a través de las denuncias, aunque, aclara, que en éste --al que considera el mayor problema--, también influye la falta de credibilidad y confianza en la policía. Sin embargo, la SSP recibió 5 mil 206 millones de pesos como presupuesto para 1997, de los cuales mil 508.5 le corresponden a la Policía Auxiliar y 736 millones a la Bancaria e Industrial.

Tan sólo 52.6 por ciento del presupuesto se destinó al rubro de servicios personales; es decir mil 558 millones, para materiales y suministros se destinaron 436.8 millones de pesos, para servicios generales 590.5 millones de pesos, para transferencias 43.4, para bienes muebles e inmuebles 306.9 y para obras públicas 25.6 millones de pesos.