La presencia de los zapatistas en México y su entusiasta y solidario recibimiento por decenas de miles de capitalinos de diversas filiaciones, obligó al gobierno a romper su silencio sobre el conflicto iniciado el 1o. de enero de 1994 y la paralización de las negociaciones con el EZLN; atrajo la atención de los medios de comunicación e inyectó nuevos ánimos al movimiento solidario con la causa de los zapatistas. También presionó a los partidos políticos representados en las cámaras legislativas para que definan sus posición frente a los acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la Cocopa, y se empeñen en la búsqueda de soluciones.

Con la marcha de los delegados de las comunidades zapatistas a la capital del país --iniciativa política audaz y muy creadora--, se rompe, así sea de momento, la táctica gubernamental consistente en darle largas al problema, desgastar al zapatismo en Chiapas, cansar a las fuerzas solidarias y aislar al EZLN, separándolo del cada días más fortalecido movimiento político democrático y de izquierda, cuyos avances han sido importantes en los últimos meses.

Aunque el problema no sale de la vía muerta en la que entró hace un año, lo conseguido en las últimas semanas es un avance importante: pone tanto al conflicto iniciado en enero del 94 como a las demandas de los pueblos indígenas, en la agenda de los problemas nacionales que las fuerzas políticas y sociales partidarias de cambios democráticos deben resolver en el futuro inmediato. No será fácil.

Ciertamente, la marcha zapatista obligó al gobierno a romper su silencio, pero tanto el discurso del secretario de Gobernación en la ceremonia oficial del 16 de septiembre, como las diversas y cotidianas declaraciones de Pedro Joaquín Coldwell, el comisionado gubernamental para negociar con los zapatistas, revelan la ausencia completa de voluntad política del gobierno para caminar hacia la solución del conflicto. Uno y otro se ponen la careta de conciliadores y juran que el gobierno no quiere renegociar los acuerdos de San Andrés de los pobres. inútilmente pretenden convencer a la opinión pública de que los intransigentes son los zapatistas.

Sin embargo, sus hechos contradicen sus palabras. Las llamadas observaciones del gobierno al proyecto de ley elaborado por la Cocopa son una revisión de los acuerdos de San Andrés a nombre de su interpretación jurídica. Un cuadro comparativo de la iniciativa de la Cocopa y de dichas observaciones confirman la pretensión gubernamental de dar marcha atrás a los acuerdos que en representación del gobierno firmó Marco Antonio Bernal el 16 de enero de 1996. Ciertamente el gobierno sabía que sus observaciones serían rechazadas por el EZLN, pero no le importaba pues su objetivo fue impedir que el proyecto de ley se presentara a la Cámara de Diputados y de esa manera paralizó las negociaciones. Eso forma parte de su táctica.

Los representantes gubernamentales tampoco pueden justificar la fuerte presencia militar en Chiapas. El señor Coldwell dice que los militares están allá porque el EZLN hizo una declaración de guerra. Cierto, pero desde enero de 1994 se declaró por ambas partes una tregua por tiempo indefinido y en 1995, tras el fracasado intento de una solución militar, se aprobó la ley para darle cauce al conflicto, pero eso no se tradujo en repliegue del Ejército federal sino en su reforzamiento, con graves perjuicios de todo tipo para las comunidades. No hay nada que justifique ni militar ni políticamente la abrumadora y costosa presencia de efectivos militares en aquella zona.

Si el gobierno tuviera verdadera disposición para sacar el conflicto del punto muerto en que se encuentra, debería dar señales prácticas en esa dirección. Estas pueden ser: un retiro sustancial de tropas en Chiapas y el retiro también de su iniciativa de Ley del 20 de diciembre de 1996, contrapuesta a la de la comisión del Congreso.

Tal vez es pedirle peras al olmo. Si no se ve obligado por la presión social y por las cincunstancias políticas, el gobierno no va a renunciar a sus concepciones sobre el problema indígena ni a la defensa de los fuertes intereses económicos ocultos detrás de la hipócrita defensa gubernamental de ``la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial'', que no ponen en riesgo los indígenas de Chiapas ni de ningún estado, pues sólo reclaman respeto a sus derechos, dignidad y justicia.