Sin respetar criterios básicos de racionalidad técnica y económica, durante años Pemex ha extraído aceleradamente el petróleo crudo, no para cubrir la demanda interna, sino para enviarlo crecientemente a Estados Unidos, país que, por las presiones de su gobierno, ya absorbe cerca de 90 por ciento del volumen exportado. Ello ha provocado la pérdida de presión de los campos petroleros y su consecuente declinación anticipada, en particular del yacimiento Cantarell, el más importante del país. En un intento por remontar la pérdida de presión en este yacimiento y continuar con su explotación acelerada, Pemex pretende inyectarle durante 15 años mil 500 millones de pies cúbicos diarios de nitrógeno, que sería producido y suministrado por un consorcio privado mediante la construcción de la planta respectiva.

Diversas y calificadas voces han alertado sobre los graves riesgos e inconveniencias de este proyecto. La inyección masiva de nitrógeno a campos petroleros no tiene precedente en el mundo. Sería emplear una metodología de alto riesgo que no ha sido probada fuera del laboratorio. Existen temores fundados de que el nitrógeno podría dañar irremediablemente las reservas de gas natural existentes en el yacimiento Cantarell. El nitrógeno es un gas inerte y de gran estabilidad, pero no al ciento por ciento. Por ello mantiene cierto grado de reactividad con otros gases, por lo que puede llegar a mezclarse con el gas natural, volviéndolo incombustible (sería como pólvora mojada, que no enciende). Además, Pemex no ha realizado pruebas in situ que demuestren la efectividad de la inyección masiva de nitrógeno para recuperar la presión del yacimiento Cantarell, por lo que, de continuar con su explotación acelerada, se corre el riesgo de que gran parte de las reservas de petróleo crudo aún existentes no puedan recuperarse y se pierdan para siempre.

Dejando de lado estos señalamientos, Pemex insiste en llevar adelante el proyecto. A tal punto llega ese empeño que, sin obtener previamente la imprescindible autorización del Instituto Nacional de Ecología (INE) y de la Semarnap, el 25 de febrero de este año Pemex emitió la convocatoria para llamar a concurso público a los interesados en participar en el proyecto. El pasado 26 de agosto el INE dirigió un oficio a Pemex en el que, de hecho, niega su autorización al proyecto, pues no acepta siquiera iniciar su evaluación porque no se le aportó información suficiente para valorar adecuadamente su impacto ambiental. El oficio del INE señala que si Pemex mantiene su interés en desarrollar el proyecto podrá presentar una segunda solicitud, que para ser evaluada pero no necesariamente aprobada, deberá ir acompañada de la información específica y las pruebas mencionadas por los expertos, mismas que se relacionan en nueve puntos. Asimismo, el INE advierte a Pemex que no puede comenzar las obras en tanto no cuente con la autorización respectiva, pues violaría la Ley General de Equilibrio Ecológico y otras disposiciones aplicables.

A pesar de esta advertencia, Pemex no ha suspendido la licitación y, conforme al calendario fijado, una vez que a principios de septiembre recibió las ofertas de los concursantes, espera emitir su fallo a mediados de octubre. Si finalmente triunfa la cordura y el proyecto no es aprobado. Pemex deberá cancelar la licitación pública que precipitadamente se inició. ¿Los funcionarios responsables resarcirán a la empresa los gastos erogados inútilmente? ¿Qué otras sanciones recibirán por violar la Ley de Adquisiciones al no administrar con eficiencia los recursos públicos que les han sido encomendados?