LA IGLESIA FRENTE AL NARCOTRAFICO
Ante el grave problema del narcotráfico, representantes de la Iglesia católica han mantenido en fechas recientes opiniones y actitudes contradictorias, incluso perniciosas, que deben reflexionarse, dada la influencia y resonancia que los mensajes de los sacerdotes y prelados tienen entre la población.
Ayer, el nuncio apostólico Justo Mullor García afirmó que, si fuera necesario, se encuentra dispuesto a reunirse con narcotraficantes para obtener información que ayude a resolver el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Por su parte, durante una homilía en la Basílica de Guadalupe, el sacerdote y catedrático de la Universidad Pontificia de México, José Raúl Soto Vázquez, llevó sus declaraciones mucho más lejos que las del nuncio y exaltó las acciones de ``personas poco recomendables'' --los narcotraficantes-- que, sin abandonar sus actividades delictivas, otorgan a la Iglesia limosnas que, según Soto Vázquez, ``ya quisiéramos hacer''.
Ambas formulaciones de los religiosos son inadmisibles y lamentables, ya que desorientan a la población y se encuentran, de manera peligrosa, al filo de la ley. De llevarse a la práctica las palabras de Mullor García --de las que brotan ecos de las oscuras reuniones que su antecesor, Girolamo Prigione, sostuvo con criminales, los Arellano Félix, sobre los que pesan órdenes de aprehensión-- se suplantarían funciones exclusivas del Ministerio Público y, con ello, se estarían violentando el marco legal y los procedimientos judiciales. Las afirmaciones de Soto Vázquez son igualmente graves, ya que pretenden justificar ante la opinión pública, así sea de forma involuntaria, las acciones delictivas del narcotráfico en aras de una dudosa disposición caritativa.
No debe olvidarse que las ganancias provenientes del tráfico de drogas tienen detrás innumerables padecimientos y muertes de mexicanos, corrupción, impunidad, inseguridad, desintegración familiar y social, lavado de dinero y riesgos para la seguridad nacional, situaciones que representan terribles lacras para la sociedad que deben erradicarse y que, bajo ninguna forma, deben ser justificadas o toleradas.
En contraste con estas declaraciones, cabe mencionar la posición prevaleciente en diversos sectores de la jerarquía católica --dada a conocer hace algunas semanas por el obispo de Mazatlán, Rafael Barraza Sánchez-- de excomulgar a quienes se dedican al narcotráfico. Más allá de las insignificantes consecuencias prácticas que tendría la excomunión de los narcotraficantes, la clara discrepancia entre este señalamiento y las declaraciones del nuncio Mullor García y del sacerdote Soto Vázquez deja entrever la existencia de percepciones ambiguas, contradictorias, incluso equivocadas, al interior del clero católico sobre el problema que representa para el país el tráfico ilegal de drogas y sobre la improcedencia jurídica y moral de mantener relaciones, cualquiera que éstas sean, con los capos de esta actividad delictiva.
La lucha contra las drogas es una tarea en la cual la sociedad se encuentra comprometida y en la que, de manera obligada y permanente, debe respetarse la ley. Otorgar cualquier tipo de concesión o legitimación a quienes cometen delitos de narcotráfico deteriora la credibilidad de quienes lo hacen, vulnera gravemente la legalidad, socava la convivencia social y pone en riesgo la salud, la seguridad y la integridad de la población.