Octavio Rodríguez Araujo
Polarización y legitimidad

En los últimos veinte días hemos sido testigos de la polarización existente entre el gobierno y la sociedad mayoritaria del país, sin que esto signifique que tanto el gobierno como la sociedad sean monolíticos, homogéneos o indiferenciados en su interior.

El gobierno y su partido dieron muestras de división interna con los desatinos referidos a la instalación de la 57 Legislatura del Congreso de la Unión; luego, por lo menos en la apariencia, ha querido dar muestras de unión al incluir a Roque Villanueva en el presidium de la ceremonia de la Independencia junto al Angel (sin que tuviera nada que hacer ahí el director de una aseguradora) y al comisionar al secretario de Gobernación para el discurso oficial.

La sociedad mayoritaria, la de los de abajo, dio idea de unidad, más que apariencia, en torno a la presencia de los zapatistas en Oaxaca, Puebla, Morelos y en el Distrito Federal. Incluso miembros del FAC-MLN, que por su tradicional sectarismo no son reconocidos como aliados por el EZLN, estuvieron en la marcha del 12 de septiembre, junto al contingente histórico de la representación de las comunidades zapatistas en la capital de México.

Ambos conjuntos, gobierno y sociedad, dieron muestras también de poder: el gobierno con su poderoso ejército el 16 de septiembre y el gabinete ampliado (como si no hubiera diferencias en su interior), y la sociedad volcándose espontáneamente a recibir a los zapatistas y haciendo evidente su solidaridad con ellos sin importarles, como al PAN, que estén encapuchados, que no depongan las armas y que sean, legalmente, ilegales y clandestinos.

El gobierno quiere dar la apariencia de unidad haciendo alarde de poder y tratando de desorientar a la ciudadanía con mentiras reiteradas tales como que el Frente Zapatista es el brazo político del Ejército Zapatista (que no lo es), o con actitudes de autoadorno como haber dicho, a través de sus voceros, que los zapatistas eran bienvenidos al DF, pues los derechos de tránsito y de expresión están garantizados por el gobierno de la República (lo cual no es cierto en la vida cotidiana en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otros estados), y que le deseaban éxito a la nueva organización civil que se ha formado: el FZLN, cuando en la práctica algunos propagandistas de éste han sido impedidos por la fuerza institucional para llevar a cabo sus actividades legales, sobre todo en estados de la República.

Independientemente de apariencias de unidad, tanto en el gobierno como en la sociedad, es evidente que la aparente unidad en el ámbito del poder es más por disciplina que por convicción honesta y desinteresada de quienes lo conforman, mientras que la unidad de la población mayoritaria, pese a sus diferencias reales, es auténtica, espontánea y al margen de expectativas de poder pues bien se sabe que el común denominador de los de abajo es, precisamente, la falta de expectativas no sólo de poder sino de mejorar sus condiciones de vida en corto y mediano plazos, pese al discurso de gobierno.

En otros términos, el gobierno, por su lado, trata de aparentar unidad ante la sociedad sin dejar de ubicarse de espaldas a ésta, mientras que la sociedad, sin importarle el gobierno (que le da la espalda), encuentra unidad en la diversidad gracias, precisamente, a su no identificación con las políticas de gobierno que son las que, en primera y última instancias, lo definen a la vez que victiman a la mayoría de la población.

En resumen, el gobierno tiene, a pesar de sus diferencias internas, el poder, pero cada vez menos legitimidad, mientras la sociedad, que es la que en un Estado soberano da la legitimidad a sus gobernantes, no confía en éstos y le da, quizá sin proponérselo, legitimidad y solidaridad comprometida al EZLN, no como fuerza armada (o a pesar de serlo), sino por haber enarbolado las banderas de lucha más sentidas por las víctimas del poder que no sólo existen en Chiapas ni exclusivamente entre los indios. Es la diferencia entre la fuerza institucional, supuestamente de Estado (que incluye al Ejército), y la fuerza moral de los oprimidos que hacen suyo el derecho a la rebelión, a la protesta, a la crítica, a cambiar el estado de cosas para conseguir democracia, libertad y justicia y, con éstas, una representación legitimada por la mayoría de la población y no por la mayoría de poder sustentado éste cada vez más en la fuerza militar y en el autoritarismo supuestamente institucional.