Human Rights: el gobierno mexicano debe frenar ya los abusos a derechos

Triunfo Elizalde/ II Ť ``Es probable que la inestabilidad provoque más violencia, si el Estado no reacciona adecuadamente en cumplimiento de las normas de protección de los derechos humanos'', advierte Human Rights Watch Americas (HRWA) en un documento denominado Deberes incumplidos y responsabilidad oficial por la violencia rural en México.

``El gobierno --explica el organismo humanitario--corre el riesgo de enajenar aún más a los ciudadanos que ya tienen poca fe en que las instituciones oficiales puedan mediar con éxito y pacíficamente en sus conflictos''.

Después de sugerir al Estado impulsar reformas para aplicar medidas significativas con el fin de acabar con las violaciones de los derechos humanos, HRWA se refiere a la violencia en Chiapas y afirma que ``mientras algunas personas dentro del gobierno estatal dedican su energía a negociar soluciones a los conflictos, comunidad por comunidad, otros funcionarios sacan provecho o manipulan los conflictos para promover sus propios objetivos políticos''.

Dinámica contraria a la paz

Esta actitud, subraya, ``fortalece el ambiente contrainsurgente y tiene la intención de desviar la atención de las autoridades hacia los poderosos terratenientes''.

Esta dinámica contraria a la paz no cuenta directamente con la intervención estatal, pero se desarrolla a través de los grupos de guardias blancas que han operado en Chiapas desde hace décadas, se considera en el texto.

``Son pistoleros a sueldo pagados por caciques que protegen la propiedad privada y la maquinaria política controlada por el PRI'', enfatiza el organismo. ``Aunque el gobierno niega su existencia --afirma--, existen pruebas de que están activos y muchas veces actúan coordinados con la policía''.

Los guardias blancas siempre han existido desde décadas en el panorama chiapaneco, se aclara, ``pero su transformación en grupos armados con nombres específicos, se da en 1995, un año después de la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)''.

Paz y Justicia y Los Chinchulines son dos bandas paramilitares con intensa actividad en la zona norte del estado, y han sido pertrechados con armas de alto poder.

Durante sus operativos expulsan de sus comunidades a opositores del PRI, controlan la circulación de sus enemigos por carreteras públicas y secuestran a simpatizantes del PRD, señala el organismo.

HRWA dice que los individuos que conforman estos grupos son presuntamente responsables de detenciones arbitrarias y hasta de algunos homicidios. Asimismo, impiden la celebración de cultos religiosos diferentes al que ellos profesan y no dejan asistir a los niños a las escuelas donde también van sus hijos.

Los líderes de Paz y Justicia justifican su conformación, según se explica en el documento, supuestamente porque el Estado era incapaz de frenar la avalancha de lo que ellos consideraban representantes de los rebeldes del EZLN: la Iglesia católica de San Cristóbal de las Casas, el PRD y grupos de indígenas activos desde los años setenta.

Justo al sur del área de actividad de Paz y Justicia, comenzaron a realizar tareas de desestabilización Los Chinchulines, ``una organización de simpatizantes de la línea dura del PRI''.

Este grupo es autor de desalojos, agresiones físicas y actitudes políticas que han hecho huir a cientos de indígenas que defienden su derecho a un pedazo de tierra y a la libertad de cultos, se expresa en el texto.

Sin detallar de quiénes se trata y cuál es su origen, la ONG internacional se refiere a un tercer grupo ``que desde hace unos tres meses ha comenzado a operar en torno a comunidades limítrofes con la región en la que se localiza el EZLN''. Se refiere, sin mencionarlo por su nombre, al Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA), del que se sabe posee armamento moderno y sus integrantes son gente con disciplina paramilitar.

Los ataques contra la Iglesia católica se basan ``en el papel político que desempeña y no están motivados por la persecución de seguidores de una religión impupular'', opina el organismo.

``El catolicismo progresista del obispo Samuel Ruiz ha provocado desde hace décadas un conflicto con los que ostentan el poder'', considera HRWA, y ``en lo que a los protestantes toca, han padecido ataques por parte de ciudadanos independientes y políticos locales'', al grado que durante un largo periodo estuvieron expulsados de sus tierras casi 15 mil de ellos.

Así las cosas, la ONG recomienda al gobierno federal adoptar políticas efectivas para poner freno a las violaciones de derechos humanos en el área rural de México, ``incluso en los casos que correspondan a la jurisdicción de los estados''.

Y esto lo considera pertinente luego de que el gobierno de Chiapas ``ha demostrado su falta de voluntad en reconocer las negativas consecuencias en materia de derechos humanos de las acciones de los grupos armados dentro del estado''.

La intervención del Estado contribuiría a procesar jurídicamente a los violadores de los derechos fundamentales de los indígenas chiapanecos, y así ``acabar con la práctica sistemática de la impunidad'', señala.

Afrontar el asunto del Ejército Popular Revolucionario (EPR) ``con apego estricto a la ley''; realizar una investigación exhaustiva sobre las denuncias presentadas por las ONG locales respecto la comisión sistemática de abusos que se han producido en nombre de la lucha contra el grupo armado, y terminar con su resistencia a los tratados internacionales en materia de derechos humanos relativas a la expulsión de extranjeros sin el debido proceso, son otras de la recomendaciones del organismo.

A la Cámara de Diputados le sugiere reunir información sobre la violación de derechos humanos en el área rural de México y valerse de su autoridad para sancionar a los funcionarios del gobierno responsables de estos abusos.

Al gobierno de Chiapas le recomienda apoyar el programa de reconciliación de su Secretaría de Gobernación, con acciones que demuestren la aplicación imparcial de la justicia y la utilización neutral de las fuerzas de seguridad; condenar públicamente a los civiles armados que participan en la violencia con motivos políticos y religiosos, entre ellos Paz y Justicia, Los Chinchulines, MIRA y otros grupos.