ASTILLERO Ť Julio Hernández López

``¿Acaso fue mi policía la que tuvo la culpa?'', preguntó el general Luis Roberto Gutiérrez, jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal, a los embravecidos vecinos de la colonia Buenos Aires que impidieron, el pasado jueves, realizar la diligencia de reconstrucción de los hechos que iniciaron con una balacera y terminaron con la ejecución extrajudicial de tres jóvenes.

Mi policía, dijo el general en jefe de los judiciales capitalinos -según la nota de Alberto Nájar y Bertha Teresa Ramírez, publicada en La Jornada-, y con ello trasladó el ámbito de responsabilidad a la única otra policía, la preventiva, que jefatura otro general, Enrique Salgado Cordero, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Esa otra policía tiene entre sus vertientes un grupo especial de disuasión -cuyos integrantes se hacen llamar Jaguares-, sobre el cual recaen la sospechas generalizadas y la acusación concreta de los vecinos de la Buenos Aires, de haber secuestrado a tres personas y haberlas ejecutado.

Diversas diligencias y tareas de investigación habrán de realizarse para establecer la verdad jurídica de los hechos pero, desde ahora, se pueden advertir varios resultados políticos y sociales que se han revelado con mayor nitidez a partir de la crisis reciente de la colonia Buenos Aires.

El rechazo popular a la policía

Por un lado está el enérgico rechazo de la población a los cuerpos policiacos. Es innegable, reconoció Salgado Cordero -de acuerdo con una nota firmada por Víctor Ballinas, también en La Jornada- que ``el apoyo de la comunidad es al delincuente... vemos la acción agresiva de la población contra la policía''.

La animadversión de los presuntos protegidos contra sus presuntos protectores se sustenta -además de otros factores, como la prepotencia y el abuso- en el hecho múltiples veces comprobado, siempre creciente y nunca corregido, de que muchos de los policías se han convertido en patrocinadores y explotadores de los propios delincuentes y a que, en esa distorsión perversa, los agentes son una élite beneficiada económicamente de una situación de permanente criminalidad a la que ellos, con sus propios modos e intereses, contribuyen personalmente.

No está de más recordar que la corrupción policiaca que afecta al ciudadano común y corriente es la base de una pirámide cuyas alturas reciben deslumbrantes botines recaudados por los escalones de mando que, a su vez, se van beneficiando de parte de esas ganancias.

Por ello resulta tragicómico que el regente Oscar Espinosa anuncie, con espectacularidad irresponsable, que en el tramo final de su mando habrá de desplegar contra la delincuencia una guerra sin cuartel que no se vio en los años previos de su gestión. Todo fuera como hacer declaraciones periodísticas.

Mano dura: escuadrones de la muerte

Pero, con todo y lo alarmante que resulta el deterioro de la seguridad pública y los claros indicios de que el aparato de respuesta del Estado ha sido corroído estructuralmente a un grado casi terminal, el episodio de la Buenos Aires ha servido de buen pretexto para que se desplieguen las banderas del pensamiento fascistoide promotor del combate a la delincuencia por encima de los derechos humanos y con el uso de mecanismos como los escuadrones de la muerte.

Hastiados y aterrados por los niveles de delincuencia que se han alcanzado en la ciudad de México, muchos ciudadanos reclaman mano dura de las autoridades. Sólo amedrentando de verdad a los delincuentes se podrá abatir el índice de criminalidad, aseguran quienes defienden las soluciones de extrema fuerza, y hay quienes añoran los mensajes ejemplares que en el pasado enviaban algunos jefes policiacos a los delincuentes, al asesinar a algunos como advertencia oficial de intolerancia.

Esa percepción simplista -que pretende entender a la delincuencia como innata, dejando de lado la desigualdad económica y la marginación social- ha sido especialmente inducida en estos días mediante la exhibición de los antecedentes penales de los ejecutados de la Buenos Aires, en una nada delicada maniobra que busca fortalecer el razonamiento elemental de que, aun cuando se hubieran dado excesos de los policías, debería juzgárseles con menos rigor, atenuados, por el hecho de que las víctimas hubieran sido unos delincuentes reincidentes.

A la par se ha desarrollado una silenciosa campaña contra los derechos humanos (en cierta medida es inecesaria, pues por ejemplo, en el caso de la oficina dirigida por Mireille Roccatti se vive una especie de ineficiencia intencional), adjudicando al respeto de esos derechos un carácter inhibitorio favorable a los delincuentes y su impunidad.

Ambos razonamientos inducidos, el que busca justificar la mano dura de los policías en el combate a los delincuentes y el que considera a los derechos humanos freno necesariamente desechable, pretenden abrir el camino a una realidad que ha ensangrentado a otras naciones, sobre todo en Centro y Sudamérica, como son los escuadrones de la muerte y las operaciones policiacas al margen de la ley.

La experiencia histórica muestra que la implantación de métodos autoritarios extralegales para enfrentar a la delincuencia ha prohijado abusos peores que los combatidos, y que la tolerancia social a esos sistemas incontrolados de represión suele ser preámbulo de acciones contra grupos y personas defensoras de causas sociales o contra políticos adversos al régimen dominante.

Astillas: Las restricciones que se pretenden imponer al libre ejercicio del periodismo en la Cámara de Diputados constituyen un grave error que, en el fondo, pueden servir de bandera y pretexto para que otros aspectos, verdaderamente importantes y trascendentes del ámbito de los medios de comunicación, no sean analizados y corregidos. La revisión de las cuentas gubernamentales asignadas a las oficinas de comunicación social, la lucha contra la corrupción, el apoyo a la profesionalización de los periodistas y el debate sobre el derecho a la información son algunos de los puntos importantes, y no la asepsia informativa que algunos diputados desean establecer en las curules de San Lázaro... El corresponsal de El Universal en Querétaro, Juan José Lezama, reportó que el vocero oficial de la iglesia católica en el estado, José Morales Flores, dijo respecto de la nominación de Mariano Palacios como líder del PRI, que la ``trascendencia'' de este nombramiento llevaba a esa institución eclesiástica a considerar que ``si la gente en Querétaro dice que se robó las cosas, en un acto de constricción (sic) debería regresar ese patrimonio, y si le da pena hacerlo, que lo regrese en obras''. A esta columna han llegado, con plena identificación, nueve distintos comentarios -por fax y por correo electrónico- de queretanos que en un tono indignado hablan, sin aportar pruebas, de una gran corrupción de Palacios Alcocer cuando fue gobernador de Querétaro...

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