Jaime Martínez Veloz
Chiapas: La hora del Congreso de la Unión
(segunda y última parte)

En los trabajos de la Cocopa, la concertación demostró ser un método útil para superar diferencias. Este ejemplo puede servir para que en el futuro, en el marco de un Congreso sin mayorías hegemónicas, la concertación se tenga por indispensable. Ninguna fuerza por sí sola podrá aprobar cambios constitucionales, por lo que se requerirá de una mayor voluntad de conciliación y acuerdo.

Esta consideración es de la mayor relevancia para superar el empantanamiento actual del diálogo. Muchos estamos convencidos de que un punto central para superar esta situación lo constituye la discusión en el Congreso de la Unión de la propuesta de cambios constitucionales en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas, elaborada por la Cocopa a partir de los Acuerdos de San Andrés. En este sentido, cabe aclarar que no hay una ``propuesta zapatista'' de cambios constitucionales en la materia, sino un documento elaborado por una comisión plural del Congreso de la Unión, formulada en apego a los documentos firmados por ambas partes en aquel ya lejano 16 de febrero de 1996.

Ante lo encontrado de las posiciones asumidas por las partes en este punto, sería recomendable, por un lado, que el gobierno federal empezara a concretar el ofrecimiento hecho por el secretario de Gobernación durante su comparecencia en la Cámara de Diputados y retirara su propuesta de iniciativa en esta materia; y que, por otro, ambos actores aceptaran que la nueva legislatura, con su especial y representativa composición política, sea el escenario para que se definieran y aprobaran los cambios constitucionales en materia de derechos y cultura de los pueblos indígenas, a partir de la iniciativa formulada por la Cocopa, buscando en todo momento privilegiar los consensos entre las fracciones.

En este sentido, ambas partes deberán asumir que el Congreso de la Unión no es una oficialía de partes que sólo espere las iniciativas para proceder a su aprobación, sino un poder republicano con capacidad de adecuar y mejorar las propuestas de cambios legales y constitucionales teniendo como marco el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés.

Por otro lado, parte consustancial de la continuidad del diálogo es lograr un ambiente adecuado para el mismo. En este sentido, sería a todas luces indispensable la instrumentación de una estrategia de distención que defina mecanismos de solución a los agudos conflictos sociales y políticos que se dan en el estado, especialmente en la zona Norte y Los Altos.

Dicha estrategia debe combinar una disminución de la presencia del Ejército en Chiapas, el desarme de las guardias blancas, el cese de la represión por parte de las fuerzas policiales del estado, y un cambio de tono en las declaraciones de las autoridades estatales que minimizan la gravedad de la situación y descalifican a los críticos.

Hoy por hoy, debe reconocerse que el punto de partida para la reactivación del diálogo es la discusión y aprobación de una propuesta de cambios constitucionales en materia de derechos y cultura indígena. Lo anterior, sumado a una política de distensión y atención cabal de la problemática política y social en el estado, es la base para redefinir las condiciones en que se reanudaría el diálogo.

Siendo este paso trascendente, no sería sino el inicio de un camino más amplio que debe culminar en aquello que, sin exagerar, constituye un anhelo nacional: lograr un acuerdo de paz con justicia y dignidad. Con ello se posibilitará la conversión del EZLN en una fuerza política civil, lo que redundaría en su incorporación plena al necesario diálogo nacional para la reforma democrática del Estado.

Lo que está en juego en Chiapas no es quién gana y quién pierde, sino la suerte de millones de mexicanos indígenas. Chiapas no es un problema de imagen, sino de los principios básicos que nos rigen como nación. Quienes están más preocupados por ganar que por resolver, deben saber que ceder no es perder.