La Jornada domingo 14 de septiembre de 1997

Emilio Krieger
Las corrientes confluentes

La nueva situación de México, con una ciudadanía más consciente y participativa, está encaminándonos rápidamente a un engrosamiento de las corrientes que sienten ya con orgullo el deber de contribuir a la realización de las tareas comunes y a la solución de los problemas ancestrales. Pero al mismo tiempo, aumentan las diferencias de opinión y las divergencias sobre las finalidades, sobre las tácticas, sobre las estrategias y sobre las formulaciones ideológicas, políticas y jurídicas.

Aparece, entonces, la necesidad de una amplitud de criterio, de una flexibilidad y de un sentido fraternal para coordinar tendencias y corrientes que, aun en apariencia y en formas distintas, persigue finalidades esenciales comunes. La necesidad de confluencia política y social se vuelve más imperiosa cuando la sociedad se divide más agudamente en dos grandes sectores; el de los que tratan de mantener sus privilegios y conservar sus abusos y el de quienes luchan por construir una sociedad más justa, más democrática y más libre. Ese es el caso de México entero, que encuentra una expresión de claridad meridiana en el caso de la población campesina e indígena de nuestro sureste, especialmente en el rico estado de Chiapas.

Muchos, muchísimos somos los mexicanos que sentimos en lo más profundo de nuestra conciencia política y moral, el deber ineludible de ayudar a nuestros hermanos humildes del sureste en su denodada, heroica lucha para escapar de la miseria, de la explotación inhumana, de la disgregación infamante, de la opresión de caciques y comerciantes latrofacciosos. Muchos de nuestros hermanos dan la batalla con sus armas rudimentarias, otros con prédicas encendidas por la justicia y el respeto a sus derechos, otros aun arriesgando su integridad corporal y su seguridad familiar; otros más, poniendo en peligro sus pobres recursos patrimoniales; y otros, también empeñando batallas desde los foros públicos, las cátedras universitarias y aun desde los púlpitos que reciben el mensaje divino de luchar por la justicia, la paz y el amor entre seres humanos.

Con enorme alegría, estamos viendo cómo crecen impetuosamente, a lo largo de todo el país, las corrientes que se están volviendo ya caudalosas por un México mejor, cuyo primer peldaño habrá de ser la solución del conflicto que aqueja a nuestros compatriotas humildes del sureste.

Obviamente, ese caudal de voluntad mexicano, proveniente de tantas regiones, niveles y formaciones da origen al trazado de diversos caminos que representan sendas concurrentes, corrientes que llevan una orientación hacia una meta común.

Estas reflexiones parecen oportunas en un momento en que está por llegar a esta ciudad capital una marcha de campesinos e indígenas que vienen a pedir que se respete lo acordado y a participar en la formación de su frente político que, sin ser un partido político registrado y subvencionado, es un brazo de acción político dentro de la sociedad civil.

Junto a ese esfuerzo, digno de todo respeto y apoyo, un grupo ciudadano ha planteado ante el nuevo Congreso de la Unión, aparentemente ya liberado del mayoriteo autocrático presidencialista, la primera petición ciudadana para que ese nuevo Congreso, en ejercicio de sus funciones, expida una ley que contribuya a la solución del problema, reconociendo la validez y obligatoriedad de los acuerdos de San Andrés Larráinzar reabriendo el diálogo sobre las múltiples cuestiones pendientes y ordenando que cesen la acción y la represión militares en un conflicto de la sociedad civil.

Esa primera petición será la prueba de fuego para que la ciudadanía sepa si puede contar con la mayoría de quienes fueron electos como mandatarios y representantes del pueblo, para hacer prevalecer la voluntad ciudadana, que hoy se inclina indefectiblemente por una solución justa y digna del conflicto surgido de causas profundas que habrán de ser eliminadas desde lo más profundo de sus raíces.

La marcha de los zapatistas a esta capital y su estancia en ella para el ejercicio de los derechos políticos y humanos de los indígenas no es una acción contraria a la primera petición ciudadana a la LVII Legislatura Federal, ni tal petición pretende debilitar o reducir la importancia de la marcha. Por el contrario, ambas son acciones convergentes que tienden a fortalecerse recíprocamente con el propósito de lograr que los elementos positivos que hoy forman parte de las instituciones estatales, se unan a la gran lucha nacional para solucionar el conflicto armado que sobrevive en el sureste y ya en otras partes del país, para sentar las bases de la construcción de un México más justo y limpio, y para consolidar el ejercicio pleno de una auténtica soberanía nacional, que no se integra con la negación de derechos indígenas a la autonomía, sino con la defensa de los intereses de la nación frente a las agresiones e intervenciones extranjeras, militares, económicas, políticas o policiacas.

Pensemos en la comunidad de objetivos que nos unen y superemos las diferencias tácticas, para convertir en universal e incontenible la gran corriente nacional por la solución justa, limpia, libre y soberana del conflicto de Chiapas, como ejemplo que es de la gran problemática del México actual.