Invoca México la soberanía para eludir obligaciones: Human Rights
Triunfo Elizalde /I Ť Si el presidente Ernesto Zedillo quiere realmente acabar con lo que ha sido, hasta ahora, la práctica mexicana de abdicar de sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos, su gobierno debe incluir claramente entre sus prioridades la protección de esos derechos, señala Human Rights Watch/Americas (HRWA), por segunda ocasión en este año, en los Deberes incumplidos, responsabilidad oficial por la violencia rural en México.
En el informe proporcionado a La Jornada, HRWA puntualiza que dicha prioridad es necesaria sobre todo en las áreas rurales, ``donde el conflicto violento derivado de las diferencias políticas y religiosas, la insurgencia y la contrainsurgencia, y las disputas sobre tierras y otras demandas comunitarias se traducen en violaciones a los derechos graves y generalizadas''.
Como conclusión ``de la actualización de su primer informe en torno a la violencia rural'' en México, el organismo dirige recomendaciones al gobierno federal, la Cámara de Diputados, al gobierno de Chiapas, ``a los partidos que luchan por el poder'' en este estado, al gobierno de Estados Unidos e incluso a la Unión Europea.
Se trata de un trabajo documentado que toca en forma marginal problemas de Guerrero y Oaxaca. En él se analiza el papel que juegan en Chiapas las guardias blancas de Paz y Justicia, Los Chinchulines y al ``nuevo'' grupo MIRA (Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista), ``grupúsculos que actúan con el beneplácito de las autoridades; saben que no tendrán que rendir cuentas de sus actos y cuentan con que las instituciones del Estado se empeñarán en perseguir más eficazmente a las víctimas que a los victimarios''.
HRWA, responsabiliza ``claramente'' a las autoridades federales de ``no cumplir su obligación de asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en las zonas rurales'', al grado que los afectados no cuentan con un foro confiable para quejarse, y cuando lo hacen a nivel externo, ante la crítica internacional, ``la actitud del gobierno se caracteriza por su rechazo a priori en lugar de asumir el compromiso de investigar exhaustivamente las violaciones debidamente documentadas''.
Precisa que ``no se trata de que extranjeros fijen criterios ajenos a México para señalar cómo se debe manejar el tema de los derechos humanos, lo que se persigue es la aplicación de criterios jurídicos universales que comprometen a México; frente a tantas violaciones a esos principios internacionales de derechos humanos y la renuncia del gobierno a tratarlas seriamente, resulta imprescindible la presión internacional para mejorar la situación interna''.
Para la citada ONG, ``la invocación de la soberanía por parte de México debe ser vista como una forma burda de intentar eludir sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos. De otro modo, las críticas internacionales serían aceptadas y confrontadas seriamente''.
Después de comentar que un gobierno verdaderamente preocupado por mejorar la situación de los derechos humanos ``no se torcería tanto para intentar disminuir la relevancia de la crítica internacional'', subraya que ``lo paradójico es que cuando la crítica proviene de un organismo privado (como HRWA), la Secretaría de Relaciones Exteriores la califica de improcedente por ser unilateral, y si viene de un organismo intergubernamental como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, igualmente la descalifica, por supuestamente carecer de fuerza obligatoria''.
Dice que como resultado de las elecciones de julio de 1997, es de esperar que el nuevo Congreso mexicano juegue un papel de mayor relevancia en la ``fiscalización de los derechos humanos'', ya que sólo con un análisis detenido de la grave realidad de las violaciones a esos derechos en el campo mexicano se podrá exigir a las autoridades que asignen la prioridad requerida a ese problema y se frenen, sancionen y corrijan los atropellos.
En este segundo informe, HRWA se concentra en los problemas de violencia que vive Chiapas; entre otras cosas, señala que ``el gobierno del estado se niega a enfrentar a los intermediarios del poder a nivel local, conocidos como caciques, que apoyan al PRI en el gobierno... las autoridades federales, estatales y locales suelen desmentir la existencia de problemas en materia de derechos humanos, incluso en los casos más flagrantes... los funcionarios judiciales y estatales no suelen cumplir con su responsabilidad de garantizar que las víctimas de la violencia rural tengan acceso efectivo a los recursos legales''.