Nuestro accidentado camino hacia un auténtico Estado de derecho ha sufrido un terrible tropiezo: el hallazgo de los cadáveres de tres jóvenes que días antes habían sido detenidos por policías preventivos, al parecer en un enfrentamiento casual. Los cuerpos presentaban huellas de haber sido ejecutados.

El mismo día en que el aterrador suceso fue conocido (10 de septiembre), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, al igual que muchas otras voces, como las de los representantes de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, condenó el triple crimen, exigió que sea esclarecido y que sus autores sean juzgados conforme a la ley. El Procurador y el secretario de Seguridad Pública se han comprometido a esclarecer los hechos y a ejercer las acciones legales correspondientes.

El 11 de septiembre la CDHDF emitió su Recomendación 12/97, caso de Abusos en los operativos policiacos, dirigida al procurador general de Justicia y al secretario de Seguridad Pública, en la que solicita a ambos que: 1) Todas las acciones que se realicen para prevenir o perseguir delitos se apeguen estrictamente a derecho; y 2) Se pongan en marcha inmediatamente las acciones tendientes a cumplir debidamente el Programa de Seguridad Pública 1995-2000 del gobierno capitalino.

Recomendó también al Procurador que se integren sin dilación las averiguaciones previas iniciadas contra servidores públicos, por los abusos cometidos durante los operativos policiacos; y que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido Marco Antonio Gracia Lozano, subdelegado de Averiguaciones Previas en la delegación Miguel Hidalgo.

La Recomendación es consecuencia de la investigacion de 36 quejas recibidas en las últimas semanas por abusos cometidos por las policías preventiva y judicial durante sus operativos. Tales han sido: agresiones físicas y verbales, detenciones y allanamientos sin mostrar orden judicial, detenciones arbitrarias masivas, detenciones de sospechosos, presentación injustificada de detenidos al Ministerio Público o al Juez Calificador, y omisión de detener a los verdaderos delincuentes.

La Recomendación señala que la prevención y la persecución de los delitos son cruciales en la lucha contra la delincuencia. Que la prevención, entendida como la presencia sistemática y permanente de los policías preventivos en la calle, es indispensable, y que no puede ser eficaz si se realiza esporádicamente en uno u otro punto de la ciudad. Que las acciones para cumplir órdenes judiciales de cateo o aprehensión son necesarias y plausibles. Y que tratándose de delincuencia organizada, de delitos graves o de presuntos delincuentes especialmente violentos, es razonable y muchas veces hasta indispensable que se haga un despliegue numeroso y organizado de fuerzas del orden, para evitar enfrentamientos y garantizar el éxito de la operación.

Señala también que los operativos policiacos no han sido eficaces en medida razonable. Un gran número de los detenidos ha tenido que ser puesto en libertad por la autoridad competente --el Ministerio Público o el Juez Cívico-, porque los policías que los llevan no justifican las detenciones. Otros han sido detenidos con el argumento de que se trata de sospechosos.

Ningún operativo se justifica fuera de los supuestos que establece el artículo 16 constitucional (flagrancia, orden judicial y orden del Ministerio Público en caso urgente). Permitir a la policía que detenga a todo aquel de quien sospecha, es abrir la puerta a todas las arbitrariedades. Estos argumentos son irrebatibles. Parecería que los operativos han sido ordenados sólo para apaciguar a la opinión pública y no para atacar adecuadamente la grave enfermedad de inseguridad colectiva.

Para ejemplificar lo que típicamente han sido los operativos, relata los detalles del que se llevó a cabo el 28 de agosto en la colonia Anáhuac. Veinticinco personas fueron golpeadas, detenidas y trasladadas a la 9a. Agencia Investigadora, donde permanecieron varias horas bajo la custodia del comandante Mauro Enrique Tello Quiñones. Este manifestó a la esposa de uno de los detenidos que ``éstos eran asaltantes, varios traían droga y armas, y que eran mafiosos''. A pesar de ello, el comandante liberó a 14, puso a disposición del Juez Cívico a 9 y presentó a uno ante el Ministerio Público. ¿Por qué los ``asaltantes, portadores de drogas y mafiosos'' fueron puestos en libertad sin mayor trámite? Y si ellos no eran tales delincuentes, ¿por qué habían sido detenidos? El subdelegado de Averiguaciones Previas de la delegación Miguel Hidalgo, Marco Antonio Gracia Lozano, a pesar de que todo el tiempo estuvo enterado de la presencia de los detenidos en la agencia, con inexcusable complacencia ante la irregularidad se limitó a sugerir a la esposa de uno de los detenidos que formulara las denuncias correspondientes. Incumplió su deber de ordenar que fueran puestos de inmediato a su disposición.

El secretario de Seguridad Pública aceptó inmediatamente la Recomendación. Ojalá que el Procurador también lo haga y que ambos la cumplan pronta y debidamente.