Jaime Martínez Veloz
Chiapas: la hora del Congreso de la Unión/I

Heberto... cuánta falta nos haces

¿Qué significa la presencia zapatista en el Distrito Federal?

De manera pacífica y legal, finalmente los zapatistas tomarán la ciudad de México. Al igual que otros millones de mexicanos, los indígenas buscan atención y justicia. Con su presencia en la urbe, aspiran a sumar fuerzas con otros segmentos sociales y políticos con el objeto de superar los obstáculos que impiden reiniciar el diálogo ahora suspendido. Exigen se respeten los Acuerdos de San Andrés firmados en febrero de 1996 por las representaciones del EZLN y el gobierno federal.

Importante por la calidad de los participantes más que por su número, el evento zapatista ha despertado manifestaciones de apoyo y de respeto de ciudadanos, grupos, partidos e inclusive del gobierno federal, como corresponde a la nueva realidad que se vive.

Este acto pacífico se encuentra con una ciudad y un país con buenas y trascendentes noticias, entre las que destacan un Congreso de la Unión producto de las elecciones más transparentes de nuestra historia, integrado por un abanico partidario representativo del sentir de la sociedad mexicana; el ofrecimiento presidencial de discutir con el Legislativo una política económica de Estado -propuesta ya aceptada por el bloque opositor- y la postura del Poder Ejecutivo que, en boca del secretario de Gobernación, afirma se honrará la palabra empeñada en San Andrés.

En este marco, es válido hacer un recuento de la situación que guarda el conflicto en Chiapas. A más de dos años de creada la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) y a casi uno de que se decretara la suspensión del diálogo, no caben las explicaciones fáciles acerca del estado del mismo.

Hoy, la idea fundamental que debe prevalecer en el estado de Chiapas no es sólo la del reparto de recursos y el despliegue de diversos programas sociales, sino la redistribución del poder político conforme a canales institucionales. De lo contrario, nos arriesgamos a la inestabilidad con violencia como una forma cotidiana de existencia, lo cual es intolerable e insostenible para la salud de la República.

La desatención social y política sobre las negociaciones que sufrimos en la Cocopa prácticamente desde el pasado diciembre, sumada a la manipulación informativa, la cerrazón de las partes, la reorganización de los grupos de poder locales y el desgaste del Ejecutivo estatal, hacen necesarias medidas de gran envergadura, más allá de las puestas como condición por el EZLN el año pasado para reanudar el diálogo.

Con distintos matices, la situación del estado se ha agravado, siendo especialmente aguda en la zona norte y en Los Altos. Inclusive, la problemática ha superado a la relacionada propiamente con el conflicto, pero encuentra en la solución de éste la piedra de toque para empezar a superar los obstáculos que empantanan las negociaciones.

Parte fundamental en la búsqueda de la solución del conflicto chiapaneco, le corresponderá al Congreso de la Unión que con su representatividad y pluralidad deberá tener un nuevo peso y dimensión.

Desde nuestra experiencia, este renovado Poder Legislativo debería adquirir una participación mayor y más activa en el contexto del diálogo. Con este objetivo, sería aconsejable revisar y adecuar la actual Ley para el Diálogo que en la práctica circunscribe a la Cocopa a tareas de coadyuvancia que finalmente están sujetas a la voluntad de las partes.

No se trata, desde luego, de sustituirlas, pero sí de buscar los mecanismos que doten al Congreso de la Unión de una mayor iniciativa política, de la capacidad de llamar a las partes y vigilar el cumplimiento de los acuerdos. En suma, deberá darse al Legislativo un papel activo y convocante.