La Jornada 13 de septiembre de 1997

Urgen reformas a la política social, coinciden Carlos Rojas y diputados

Ciro Pérez Silva y Oscar Camacho Guzmán Ť La Cámara de Diputados y el secretario de Desarrollo Social, Carlos Rojas, coincidieron en que es necesario redefinir la actual política social del gobierno y acordaron elaborar de manera conjunta y a la brevedad posible un programa nacional que tenga como ejes el combate a la pobreza, la creación de empleos, el mejoramiento de los salarios y el fortalecimiento de los municipios.

El titular de la Sedeso dijo: ``La política social debe dar especial relevancia a la atención de los pueblos indígenas, cuyos problemas implican reconocer la persistencia de condiciones adversas, que se revelan como injustas e inadmisibles en la modernidad de nuestro tiempo. De ahí que el gobierno haya reconocido la necesidad de impulsar una nueva relación entre el Estado y las comunidades indígenas''.

Durante la comparecencia de Carlos Rojas ante la Cámara de Diputados --con la que se inaugura el análisis de los temas sociales del Tercer Informe de Gobierno--, las cinco fracciones legislativas (PRI, PRD, PAN, PT y PVEM) expusieron en diferentes tonos la necesidad de modificar la política social a fin de atender con mayor eficacia a los más pobres.

Así, entre las propuestas para una nueva política social se plantearon medidas como la desaparición de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (PRD), la entrega de recursos a los municipios para el combate a la pobreza (PAN), una nueva ley de apoyo y sustento legal a las iniciativas sociales (PRI), programas especiales para generación de empleos (PT) y la sustitución de las ``bolsitas'' de plástico de la leche Conasupo (PVEM).

Uno de los puntos que no pasó sin cuestionamientos fue el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), que despertó sospechas por su similitud con el programa salinista Solidaridad; asimismo, los diputados de oposición cuestionaron su eficacia y consideraron que el monto que se le destinó es insuficiente, pues a cada beneficiario le tocan poco más de tres pesos, según señalaron Clara Marina Brugada (PRD), Margarita Pérez Gavilán (PAN) y Gloria Lavara (PVEM).

Cruda moral en San Lázaro

La comparecencia de Carlos Rojas transcurrió en un ambiente diametralmente opuesto al del día anterior, cuando se liaron a golpes un perredista y un priísta.

Ayer los legisladores parecían apenados y se mostraron sumamente cordiales, especialmente El Macho Barbosa y El Tyson Oceguera (así los apodaron), principales implicados en la trifulca del día anterior.

``¿Cómo les va, diputados?'', saludaba Maximiano Barbosa en el pasillo a un grupo de priístas, mientras Rafael Oceguera recibía afectuosamente a los perredistas que se encontraba.

Tan estaban en otra actitud que hasta el ex diputado Salvador Martínez della Roca, del PRD, fue a sentarse a un lado del coordinador priísta, Arturo Núñez, y a saludar a Enrique Jackson, Fidel Herrera y Oscar González Rodríguez.

De quién es el negocio de las bolsitas

Al abrir la primera ronda de intervenciones, la diputada Gloria Lavara Mejía, del PVEM, se refirió a los diversos programas de combate a la pobreza aplicados por el gobierno y que han evidenciado ``contradicciones e incumplimientos''. Dijo que con los antecedentes y las similitudes de los últimos programas, Pronasol y Progresa, ``es muy probable que lo único que se pretenda es borrar los rescoldos del salinismo y retomar un programa para elaborar otro que tiene muy poco de nuevo''.

Luego cuestionó el uso de bolsas de plástico para repartir leche y dijo que si dejan de usarse ese dinero podría utilizarse para aumentar el abasto mediante la instalación de más lecherías en el país. Esto podría incrementar el número de personas beneficiadas, que hasta 1997 suman 5.4 millones, 95 por ciento de las cuales son niños menores de cinco años.

Recuperación del ingreso: PT

Por la fracción del PT hablaron María Mercedes Maciel Ortiz y Luis Patiño Pozas, quienes fueron los primeros en demandar una nueva política social que ``coloque en el centro de sus estrategias la generación de empleos y la recuperación del ingreso de la mayoría de las familias mexicanas''.

Maciel explicó que el PT ``propone una nueva política social cuyo fundamento sea la más amplia participación de la población en el diseño, en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones, evitando el clientelismo y la manipulación política en la cristalización de sus beneficios''.

Para ello, secundó Patiño, el PT considera necesaria ``la transferencias de recursos a los municipios y aumentar hasta en 50 por ciento de los recursos para el ramo 20 y 26, de combate a la pobreza''.

Auténtico federalismo: PAN

La fracción de Acción Nacional envió a la tribuna a Margarita Pérez Gavilán Torres, quien de entrada cuestionó la ``manipulación'' electoral de los recursos del ramo 26 --destinados a acciones sociales-- por parte de gobernadores priístas, y dijo que en Oaxaca, por ejemplo, Diódoro Carrasco ``ha sustraído parte de lo que le corresponde a los municipios para organizar su propio programa de desarrollo, permitiendo que agentes del PRI entreguen los recursos en nombre del partido oficial''. Y para que no quedaran dudas le entregó al funcionario un videocasete con las ``pruebas'' de su denuncia.

En su segunda interveción, por el PAN habló Eduardo Mendoza Ayala, quien sostuvo que el gasto social rinde hasta 60 por ciento más cuando los recursos los aplica directamente una autoridad estatal o municipal.

Los panistas propusieron también cambiar la política social y que el federalismo se conciba no sólo como desconcentración de recursos, sino que incluya la descentralización de decisiones y facultades.

Convenio social: PRD

Luego de varias intervenciones opositoras, fue la fracción del PRD la que, a través de Fernando Elías Hernández Mendoza y Marina Brugada Molina, propuso no sólo un cambio en la política social, sino también que el Ejecutivo y el Legislativo elaboren juntos un ``convenio inmediato'' en materia social.

Los perredistas propusieron una agenda inicial de cuatro puntos: 1. Promover un acuerdo político legislativo y de Estado que impida que el gasto social real vuelva a caer en el futuro; 2. Propiciar un crecimiento mínimo del gasto social de uno por ciento anual como proporción del producto interno bruto en los próximos tres años, a fin de que en el año 2000 el gasto público para desarrollo social llegue a 12 por ciento del PIB; 3. Acordar metas presupuestales en cada renglón del gasto social en el mediano y largo plazos, con apego a las recomendaciones de organismos internacionales como la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud, entre otros; 4. Fijar cifras reales sobre el volumen y la extensión de la pobreza extrema, a fin de que haya seriedad en las metas programáticas del gobierno.

Asimismo, el PRD propuso eliminar la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que la Cámara de Diputados asuma las facultades de determinar montos y aumentar ingresos.

Sustento legal a iniciativas: PRI

Los priístas José Antonio Estefan Garfias y Javier Guerrero García demandaron una orientación clara y precisa de la política de subsidios y su focalización hacia quienes realmente lo requieren, y se manifestaron por una política social de Estado con mayor cobertura y recursos crecientes.

El PRI convocó a elaborar cuanto antes una iniciativa legislativa de apoyo y sustento legal a las iniciativas sociales para elevar los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos, mediante el diálogo y la concertación.

Política de Estado: Rojas

En su mensaje y en sus respuestas, Carlos Rojas Gutiérrez coincidió en que debe incrementarse el presupuesto destinado al combate a la pobreza en las zonas urbanas y rurales.

Dijo que el Progresa es una ``aportación significativa a la política social que, por su trascendencia, requiere apoyo político y social'', por lo que convocó a elaborar junto con el Legislativo y la sociedad una política de Estado para el crecimiento económico con justicia social.

Rojas celebró las propuestas de los diferentes partidos y dijo que cuando se buscan consensos y los fines son los mismos ``podemos llegar a un acuerdo''. Así, quedó abierta la posibilidad de que en breve una comisión de legisladores y funcionarios de la Sedeso comience a elaborar un programa de combate a la pobreza y creación de empleos.