La Jornada sábado 13 de septiembre de 1997

Eduardo Montes
Los zapatistas en la capital

Con el levantamiento armado del EZLN el 1o. de enero de 1994 se dio un fuerte impulso a la democratización del país, a la revitalización de las fuerzas políticas de izquierda y movimientos sociales que abrieron las puertas a la transición democrática en México. Antes de aquella fecha el salinismo neoliberal y sus apologistas estaban embriagados de triunfalismo, el proyecto neoliberal marchaba y les importaba un comino que la injusticia social y las desigualdades se hubieran profundizado. Una a una, importantes conquistas del movimiento social en este siglo habían sido liquidadas; con la careta de la globalización, en unos cuantos años se produjo una especie de contrarrevolución silenciosa, con consecuencias desastrosas para la mayoría de mexicanos y la soberanía nacional.

Según la propaganda oficial del salinismo, el país estaba a punto de entrar al primer mundo, pero el levantamiento zapatista contribuyó a destruir ese espejismo, ayudó a extender la lucha contra el neoliberalismo y a restablecer la confianza en las posibilidades de las fuerzas democráticas y de izquierda, así como a la renovación de los enfoques sobre problemas fundamentales como el de la marginación, abandono y opresión de millones de indígenas, sin cuya superación es impensable la democracia verdadera y un régimen de justicia social.

La capital del país --de ricas tradiciones de lucha--, en donde esos cambios políticos se plasmaron el 6 de julio último en una votación mayoritaria de los ciudadanos en favor de los candidatos de la democracia y la izquierda, tiene, pues, razones sobradas para dar la bienvenida a los mil 111 zapatistas que ayer llegaron a la capital desde las cañadas de Chiapas y la Selva Lacandona. Con su lucha contribuyeron a cambiar la vida política del país. Vienen hoy a recordar a todo mundo que no se han doblegado, el conflicto no ha concluido, y se mantienen, agravadas, las causas que orillaron al EZLN al alzamiento armado de 1994. Han recorrido mil 500 kilómetros para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y el fin de la ocupación militar de Chiapas, del acoso constante e ilegal sobre las comunidades, base social del zapatismo. Buscan que la sociedad y sus organismos, partidos políticos incluidos, como lo hicieron en enero de 1994 y en otros momentos críticos, presionen y generen iniciativas para orillar al gobierno a rectificar su conducta y a entrar deveras en el camino de las soluciones políticas.

La táctica gubernamental de dilación del conflicto, firmar acuerdos sin el propósito de cumplirlos, reforzar el cerco militar en la selva y las cañadas de Chiapas, y propiciar la formación de bandas paramilitares para enfrentar a la sociedad en el norte de ese estado, ha tenido como objetivo central aislar al EZLN, separarlo del movimiento político democrático empeñado en ganar nuevos espacios en todo el país.

Parcialmente esa táctica le ha dado resultado al gobierno. La sociedad y sus organismos no han tenido fuerzas suficientes para imponer una rectificación a esa conducta, y los enfoques sectarios y diferencias políticas en el movimiento han jugado un papel sumamente negativo. Hasta el momento, el equipo del doctor Zedillo se ha burlado de los acuerdos de San Andrés y se triplicó la presencia militar y policiaca en aquel estado: de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Intermediación, actualmente hay 209 lugares con efectivos militares --desde cuarteles hasta retenes intermitentes--, mientras que en febrero de 1995 sólo había en 74 puntos geográficos. Tal presencia violatoria de la Constitución agudiza el conflicto, intimida a la población, desorganiza su actividad productiva, lleva la prostitución a las comunidades, agobia a sus habitantes; es un enorme obstáculo a la solución del conflicto.

La marcha de los zapatistas a la capital debe entenderse como un llamado a las organizaciones sociales y a los partidos para que pongan fin a su débil interés en el conflicto, y hagan suyas las demandas zapatistas de cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y de desmilitarización de Chiapas. Existen hoy, después de la batalla político-electoral de este año, mejores condiciones para ello. Particularmente el PRD, el más beneficiado con los cambios, está obligado a generar iniciativas parlamentarias y políticas encaminadas a sacar el conflicto del punto muerto en que se encuentra.