En su reciente informe de labores, presentado al Congreso de la Unión, el presidente Zedillo hizo un llamado para que se establezca ``una política de Estado para el crecimiento económico'' dentro de ``una democracia plena, plural y armónica''. Ello sugiere que el debate sobre el diseño de la política económica del gobierno debe ser amplio y abierto para tener en cuenta los intereses de todos los ciudadanos. Sin embargo, numerosos voceros del gobierno y directivos de la banca también han insistido recientemente en que no debe modificarse en un ápice el proyecto económico.

¿Por qué tanta insistencia en que no debe haber cambios en la estrategia económica? Sólo existen dos explicaciones. La primera es que se teme que cualquier sugerencia de que vaya a haber cambios en las políticas económicas podría asustar a los inversionistas extranjeros o nacionales y afectar las tendencias bursátiles. La segunda es que un cambio en estrategias podría afectar los intereses de los grupos favorecidos hasta ahora, que son los grandes grupos financie-ro/industriales que han crecido y se han consolidado de manera formidable en el último decenio y medio.

Sin embargo, existen amplios sectores económicos en el país a los cuales sí les beneficiaría un cambio en el proyecto económico a elaborarse este año a partir del intercambio entre Ejecutivo y Legislativo. Entre éstos se cuentan sobre todo las pequeñas y medianas empresas manufactureras, comerciales y de servicios, al igual que los pequeños y medianos productores agrícolas y ganaderos, los cuales reclaman mayores apoyos financieros y, sobre todo, una mayor flexibilidad en el crédito bancario. Ellos han sido perjudicados por la extraordinaria astringencia impuesta por el Banco de México a la apertura de créditos por la banca comercial a las empresas relativamente pequeñas. En cambio, las compañías grandes cuentan con financiamiento interno y externo a tasas relativamente accesibles.

En otras palabras, el manejo actual de la política financiera y crediticia no es de ninguna manera democrático, sino claramente favorable a las grandes empresas, especialmente las exportadoras. Ello, por supuesto, refleja la intención del gobierno de favorecer el dinámico modelo exportador, actualmente en curso. Sin embargo, la economía mexicana no está construida sobre un solo riel -el mercado externo-, sino también sobre otro riel no menos importante, el mercado interno.

El proyecto económico a elaborarse deberá reconocer que no todos los sectores y empresas económicas trabajan a la misma velocidad ni en las mismas condiciones. Ello sugiere que no es suficiente diseñar unas políticas macroeconómicas que concuerden con proyecciones utópicas de un desarrollo que aparentemente sería ininterrumpido durante los veinte próximos años. Es necesario prestar más atención a lo concreto, a los diversos y serios problemas de cada uno de los sectores estancados o atrasados de la economía, a las políticas económicas municipales y estatales, a la dinámica diferenciada de cada región de la República. Por ello, más que nunca, se requiere una política de Estado para un crecimiento económico realmente amplio y competitivo, y no simplemente oligopólico, como lo ha sido en los últimos años. Y por ello también es urgente y necesario que se escuchen las muchas voces de México en el Congreso en el diseño de un proyecto económico que ya no sea excluyente, sino incluyente.