Solicitará la PGR a Cuba investigar la estancia de Amado Carrillo en ese país

Juan Manuel Venegas Ť La juez novena de distrito en materia penal de esta ciudad, Teresa Irma Fragoso, fue suspendida 15 días por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), debido a los indicios que existen de que el narcotraficante Amado Carrillo pudo haber sobornado con 30 mil dólares a ella y otros funcionarios del juzgado con sede en el Reclusorio Sur.

En tanto, la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), comenzó ayer los trámites oficiales para solicitar la colaboración del gobierno de Cuba, e iniciar las indagatorias en torno a la estancia de El señor de los cielos en la isla en el primer semestre del año y las actividades que desarrolló desde allí.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud cuenta con elementos indicativos de que la organización de Carrillo estableció, desde territorio cubano, nexos con un cártel angloamericano que opera desde las Antillas el traslado de heroína, metanfetaminas, crak y hachís hacia Estados Unidos.

Las pesquisas sobre la actuación de la juez Fragoso empezaron a principios de junio pasado, cuando negó una orden que la PGR le había solicitado para catear una residencia que el cártel de Juárez tenía en Xochimilco, que posteriormente fue asegurada cuando un juez del fuero común concedió la orden de cateo y se pudo comprobar que era propiedad de Carrillo.

En aquella ocasión, el fiscal antinarcóticos Mariano Herrán Salvatti ordenó no recurrir a la apelación contra la negativa; se salió del fuero federal ``para ya no tener problemas'' y recurrió a un juzgado de distrito en materia de fuero común para catear y resguardar la residencia ubicada por el rumbo de Tepepan.

Comenzadas las investigaciones por la presencia en la capital del país de Amado y Vicente Carrillo Fuentes, y de Eduardo González Quirarte, la inspección que se logró de dicha residencia (con un valor superior al millón de dólares) permitió a las autoridades allegarse información que llevó hasta el abogado Sergio Aguilar Hernández, detenido junto con varios de sus colaboradores el 24 de junio.

Aguilar Hernández reconoció ante las autoridades, y también ante los medios de comunicación, su ``relación de trabajo'' con el capo. Eso valió para que la fiscalía obtuviera otra orden de cateo, esta vez para inspeccionar el despacho de Aguilar.

Allí se encontraron evidencias documentales del pago de 30 mil dólares que el propio Aguilar Hernández -presuntamente en nombre de Amado Carrillo- hizo a funcionarios del juzgado noveno para proteger el inmueble de Tepepan.

Para la fiscalía, los documentos sobre ese pago resultan un ``fuerte indicio'' de la presunta responsabilidad de la juez Fragoso en el delito de cohecho.

A tal grado es el convencimiento de las autoridades, que el jueves 10 de julio de este año, cuando el fiscal Herrán Salvatti confirmó la muerte de Carrillo Fuentes, se ofreció un informe sobre su actividades ilícitas, en el que se afirmó que ``en junio pasado (Carrillo) pagó a un juez 30 mil dólares para negar una orden de cateo''.

Días después, reunido con algunos reporteros, Herrán precisó: ``Las investigaciones sobre ese cohecho aún están en curso... y si encontramos responsabilidades del juez (la juez Fragoso), por supuesto que solicitaremos el ejercicio de la acción penal en su contra''.

Incluso se destaca que el abogado Aguilar Hernández fue consignado por los delitos de cohecho y posesión de 5 gramos de cocaína, y se encuentra en libertad provisional bajo proceso, luego de pagar una fianza de 60 mil pesos.

La suspensión temporal de Fragoso, decretada por el Consejo de la Judicatura debido a la queja de la PGR por los presuntos ilícitos cometidos en su actuación como responsable del juzgado noveno, podría terminar en su destitución definitiva -en caso de que las pesquisas en su contra se confirmen-, con lo que la Procuraduría General de la República quedaría en libertad de solicitar el ejercicio de la acción penal.

Respecto a la estancia de El señor de los cielos en Cuba, la fiscalía antinarcóticos precisó que cuenta con indicios y datos que establecen que Carrillo Fuentes estuvo en la isla.

La dependencia cuenta con facturas de la compra de boletos de avión México-La Habana y Santiago de Chile-La Habana a nombre de los alias que el capo y su hermano Vicente usaban para trasladarse de un país a otro, así como las declaraciones ministeriales de Moisés Guindi Cohen y Jesús Bitar Tafich, ambos testigos bajo la custodia y protección de la fiscalía.

Por ello se pidió la colaboración del gobierno de Cuba para profundizar en las investigaciones y determinar el grado de maniobra que Carrillo Fuentes pudo establecer a raíz de su estancia en la isla.