Solicita la SRE al gobernador de Virginia evitar que ejecuten a Murphy

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 11 de septiembre Ť El canciller mexicano José Angel Gurría presentó hoy una carta al gobernador de Virginia, George Allen, solicitando su intervención para detener la ejecución del connacional Mario Murphy, programada para el 17 de septiembre en esa entidad.

La misiva de Gurría, con copia a la secretaria de Estado, Madeleine Albright, contiene una propuesta sin precedente, al ofrecer que si el gobernador atiende la solicitud para conmutar la sentencia de Murphy por cadena perpetua, el gobierno de México podría hacerse cargo de su custodia para que cumpla condena en su propio país.

Murphy, acusado y condenado a morir por su participación en un homicidio por contrato en 1991, sostiene que su derecho de asistencia consular, otorgada bajo la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, fue violada, y ese argumento es precisamente la base de la solicitud del gobierno mexicano y de los abogados defensores al pedir que la Suprema Corte acepte evaluar el caso (y con ello postergar la ejecución) o que, en última instancia, el gobernador Allen conmute la sentencia de muerte por cadena perpetua.

Gurría indica en su carta a Allen que el gobierno mexicano entregó este jueves una solicitud para la conmutación de la pena impuesta a Murphy, y señala: ``No hemos logrado descubrir una razón satisfactoria por la cual nuestro ciudadano ha sido singularizado entre los acusados con él en este caso para recibir la pena de muerte''. Afirma que eso podría haber tenido otra conclusión si Murphy hubiese recibido la asistencia legal de su cónsul, como lo estipula la Convención de Viena.

El canciller mexicano ofrece al gobernador de Virginia: ``Si usted decidiera estar de acuerdo con nosotros en que su compasión y misericordia no serían malgastadas en el señor Murphy, mi gobierno, dentro de las limitaciones impuestas por nuestra Constitución, aceptaría la custodia de Murphy y lo encarcelaría en México sobre términos aceptables para ambos (gobiernos)''.

Propuesta alentadora

Mark Warren, encargado de este tipo de casos para Amnistía Internacional, comentó que la propuesta no tiene precedente, pero que a través de ella Gurría ofrece una ``situación en la que todos ganan''. Aunque ha existido un acuerdo de traslado de criminales entre ambas naciones, con base en un concepto de equidad que asegura que el reo cumplirá una condena equivalente en el otro país a la que le fue impuesta en el primero, hasta la fecha no se ha podido aplicar a los casos de pena capital. ``La simple razón es, obviamente, que no hay pena de muerte en México. Pero esta es una solución potencial muy efectiva y una propuesta alentadora''.

El martes pasado, los abogados de Murphy presentaron su solicitud de clemencia al gobernador, y alegaban tres razones por las que Allen debería intervenir en el caso y conmutar la pena: la sentencia de muerte aplicada a Murphy está ``fuera de proporcionalidad'' de las condenas recibidas por los otros cinco individuos que participaron en el homicidio; segundo, su condena se produjo violando el artículo 36 de la Convención de Viena, ya que las autoridades nunca le informaron sobre su derecho de obtener asistencia legal de su cónsul, y tercero, hay evidencia de que Murphy no representa ninguna amenaza al gobierno estatal si es integrado a su sistema penitenciario para cumplir una condena de cadena perpetua.

A principios de este mes, los abogados también presentaron una solicitud ante la Suprema Corte pidiendo una evaluación del caso en torno a la violación de la Convención de Viena, la cual será apoyada formalmente por el gobierno de México.

Hoy en Richmond, Virginia, el cónsul Salvador Cassián entregó la carta de Gurría a Allen junto con la petición jurídica mexicana de apoyo a la solicitud de clemencia presentada por Murphy al gobernador. Una primera nota diplomática mexicana, enviada al Departamento de Estado en junio pasado, sobre el incumplimiento de la Convención de Viena todavía no recibe respuesta, informó el abogado de Murphy. La embajada de México informó que una segunda nota diplomática fue entregada el 8 de septiembre, señalando posibles vicios en el proceso y solicitando que el gobierno federal informara al gobernador Allen de la posición del gobierno mexicano en este caso.

``Hay más de 60 extranjeros en las filas de la muerte en este país cuyos derechos bajo la Convención de Viena han sido violados'', comentó William Wright, uno de los abogados de Murphy. ``Sin embargo, es muy difícil lograr que el Departamento de Estado actúe, pero tarde o temprano tendrá que hacer algo'', añadió.

Este jueves, la procuradora general Janet Reno fue cuestionada sobre el caso y las violaciones de la Convención de Viena, pero se limitó a responder que se busca atender ese tipo de problemas. Indicó que al surgir el tema pidió a su Oficina de Asuntos Internacionales trabajar con los fiscales estatales ``para asegurar que la gente fuera informada de las provisiones de la Convención de Viena...''

Mientras tanto, el destino del mexicano a seis días de su cita con la muerte ahora está ante las dos últimas instancias que pueden detener su ejecución. La primera reside en la decisión de la Suprema Corte, que puede hasta el último momento anunciar si retoma o rechaza el caso, y finalmente, el propio gobernador.

Según la oficina del mandatario estatal, éste esperará hasta que se agoten todos los recursos legales ante las cortes para anunciar su propia decisión. De acuerdo con Greg Crist, de la oficina de gobierno de Virginia, Allen recibió la petición de clemencia y junto con su asesor legal ``están evaluando el caso'' y se reunirán con los abogados de Murphy el viernes.

Fuentes de la gubernatura informaron que en estos casos se realiza una evaluación del asunto y casi siempre se emite la decisión del gobernador hasta el día de la ejecución. Desde 1982 hasta la fecha, en Virginia se ha ejecutado a 40 reos. El actual gobernador ha otorgado clemencia sólo en una ocasión.