Recomendación a la SSP y a la PGJDF
Alberto Nájar Ť La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal recomendó a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría capitalina, que cesen de inmediato todos los ``operativos policiacos ilegales'', así como que se sancione a los responsables de los abusos cometidos durante el cateo efectuado el pasado 28 de agosto en la colonia Anáhuac. Esta recomendación fue aceptada ayer por la Secretaría de Seguridad Pública.
El ombudsman capitalino, Luis De la Barreda Solórzano, advirtió que deben terminar ``las detenciones de sospechosos e inocentes, que cesen los allanamientos, los daños, los golpes'', dijo. ``Permitir a la policía que detenga a todo aquel de quien sospecha es abrir la puerta a todas las arbitrariedades''.
La recomendación 12/97 establece que los operativos policiacos no han sido eficaces, pues hasta la fecha ``los resultados son pobres'', pues la mayoría de los detenidos fueron remitidos a los juzgados cívicos, e incluso a muchos de ellos se les hicieron imputaciones que a la postre resultaron falsas.
Y es que la mejor garantía de que se castigará a un delincuente es una investigación profunda apegada a derecho y que proporcione al juzgador todos los elementos suficientes para aplicar, en su momento, la sanción que corresponda.
``En lugar de detener ilegalmente para investigar, los delitos deben ser investigados de manera sistemática y profesional'', sentenció la CDHDF. ``No tiene sentido realizar detenciones de duración fugaz sólo por justificar el operativo con un alto número de detenidos, si éstos obtienen pronto su libertad''.
De la Barreda aclaró que la postura de la CDHDF no es que terminen las operaciones policiacas instrumentadas con base en la ley; es decir, aquellas donde se cuenta con órdenes de aprehensión o de cateo. La policía debe seguir en las calles y cumplir con las tareas que por ley le corresponden; dejar de hacerlo constituye también un abuso ``y lo que queremos es que se termine con ellos''.
Desde el punto de vista policiaco, prevenir la delincuencia es tarea crucial y por eso la presencia de agentes de la Policía Preventiva es indispensable. Sin embargo, esto debe ser una tarea permanente, pues ``no puede ser eficaz si se realiza de manera esporádica en uno u otro punto de la ciudad'', y en donde las más de las veces los verdaderos delincuentes evaden a los uniformados, pues reciben previamente el aviso de estas acciones.
Luego, el presidente de la CDHDF rechazó el argumento de las corporaciones policiacas en el sentido de que las comisiones de derechos humanos no los dejan trabajar, porque lo único que se hace es ``que no los dejamos abusar''.
Como ejemplo, señaló que la policía japonesa consigna a 98 por ciento de sus detenidos, mientras que los agentes judiciales mexicanos ponen a disposición de jueces y ministerios públicos sólo al 4 por ciento de los inculpados por algún delito.
La recomendación 12/97 se refiere a los abusos cometidos durante los operativos realizados por la SSP en las últimas semanas, en los que la constante son agresiones físicas y verbales, detención de personas sin orden de aprehensión o presentación, allanamiento de viviendas y detenciones masivas arbitrarias.
El documento pone especial énfasis en el cateo de la colonia Anáhuac, donde paradójicamente los vecinos que demandaron la acción policiaca fueron golpeados y en el caso de Antonio Alvarez Cortés, acusado de portar un arma que le fue sembrada.
Por los abusos cometidos en este operativo, la Comisión de Derechos Humanos del DF recomendó que se inicien los procedimientos administrativos correspondientes para sancionar al comandante Mauro Tello Quiñones, responsable por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de las acciones, así como también se castigue a Marco Antonio Lozano Gracia, subdelegado de Averiguaciones Previas en Miguel Hidalgo, quien a pesar de tener conocimiento de la detención de personas acusadas de diversos delitos, no cumplió con su obligación de solicitar que se pusieran a su disposición de inmediato.