En Colombia, la guerrilla intensifica sus acciones; diez muertos y un pozo petrolero dinamitado

Reuter, Dpa, Efe y Afp, Santafé de Bogotá, 11 de septiembre Ť La guerrilla colombiana intensificó sus hostilidades en las últimas horas con la muerte de cinco policías, tres civiles y dos candidatos a puestos de elección popular, además de dinamitar un pozo petrolero en el noroccidental departamento de Antioquia.

Estos hechos llevaron a que en el sureño departamento de Putumayo otros 48 candidatos a las elecciones regionales del 26 de octubre se vieran obligados a renunciar, con lo que se elevó a 111 el número de aspirantes que han preferido no participar ya en los comicios, en el marco del sabotaje efectuado por las guerrillas.

Una columna de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tomó durante cinco horas el municipio de Pajarito, en la provincia de Boyacá. El saldo fue de cinco policías y tres mujeres muertas durante un ataque al cuartel de la policía, además de daños a un centro de salud y tres casas y el saqueo de una sucursal bancaria.

El alcalde Teodoro Barrera indicó que el ejército y la policía demoraron mucho tiempo en llegar, por lo que los rebeldes permanecieron horas en la ciudad y después pudieron escapar hacia una zona montañosa de la cordillera oriental de los Andes colombianos.

En la ciudad de San José del Guaviare presuntos guerrilleros acribillaron a balazos al candidato a la asamblea del departamento del Guaviare, Noé Sánchez, y en el municipio de San Agustín, en Huila, fue asesinado el ex alcalde y candidato al concejo de esa localidad, Angel Valencia.

Aunque medios de prensa han contabilizado la dimisión de 111 aspirantes a puestos de elección popular en los últimos tres días, la Federación Colombiana de Municipios informó que en total los candidatos renunciantes suman ya unos 500, y que las elecciones no podrán realizarse en 40 de los más de mil municipios.

A su vez, otro grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) incendió un equipo de perforación en un pozo ubicado en la localidad de Yondó, Antioquia. Este atentado obligó a que la Empresa Colombiana de Petróleos paralizara la producción de 90 barriles diarios de crudo.

No obstante, un organismo no gubernamental anunció que en las elecciones de octubre los ciudadanos podrán pronunciarse contra la violencia, pues en una tarjeta se pedirá a los grupos armados pactar un acuerdo de paz y respetar los derechos humanos. Indicó que este mandato por la paz será apoyado por Naciones Unidas.

El presidente de la Comisión Nacional de Conciliación, obispo Alberto Giraldo, pidió por su parte a los grupos rebeldes que emitan ``signos y señales para saber si en un futuro se puede hablar de paz''. Es decir, les pidió que den una respuesta a la propuesta de negociaciones de paz planteada por el gobierno de Ernesto Samper.

El responsable de la lucha contra los secuestros, Rubén Darío Ramírez, dio a conocer que en el curso de este año han sido secuestradas un total de mil 83 personas, 159 de ellas raptadas por las guerrillas en los dos últimos meses en el marco de su política de sabotaje a los comicios.

Entre tanto, un estudio del grupo estadunidense de derechos humanos Washington Office on Latin America (WOLA) señala que la lucha que se libra contra las drogas en Colombia está llevando ``agua al molino'' de las guerrillas. Asienta además que la erradicación de cultivos ilegales con el apoyo de Estados Unidos ``está haciendo más mal que bien'', al realizarse a la par con los operativos de contrainsurgencia en los que se violan los derechos humanos.

La conclusión del estudio indica que el programa de fumigación en Colombia causa más daño porque obliga a la gente a internarse aún más en la selva para seguir cultivando coca, y esto hace que las filas de las guerrillas se expandan y se genere un crisis socioeconómica que sólo beneficia a las FARC y margina al gobierno.

En Miami, un juez federal estadunidense resolvió que American Airlines es la responsable del accidente ocurrido en 1959 cerca de la ciudad colombiana de Cali y en el que murieron 159 personas, por lo que esa empresa deberá responder a las demandas en su contra.