Lo que nadie deseaba se suscitó ayer: la violencia.
Empujones y uno que otro golpe en la Cámara de Diputados e intervención de las fuerzas policiacas en Campeche, con uso de agua a presión y macanas eléctricas.
Por sus resultados inmediatos, lo sucedido en la Cámara de Diputados parece menos grave, pues así como hubo gente proclive a la violencia, hubo en los dos bandos --PRI y PRD-- quienes buscaron apaciguar inmediatamente. Sin embargo, lo sucedido demuestra que el delicado equilibrio en el Congreso de la Unión debe consolidarse con acciones más firmes y no con acuerdos de corto plazo.
Otro problema vinculado con lo sucedido en la Cámara de Diputados es la política económica del régimen, de la cual el compareciente secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, es uno de los adalides, mientras que el diputado perredista Maximiano Barbosa es dirigente de uno de los sectores de la sociedad más afectados por esos programas: los deudores de la banca agrupados en El Barzón.
Lo de Campeche es más serio, pues hay versiones en el bando perredista de que resultó lesionado un hijo de la senadora Layda Sansores, la candidata a gobernadora que no admite su derrota.
Al parecer, la acción de las fuerzas del orden fue decidida porque los seguidores de Sansores pretendían permanecer en plantón hasta el día 15, para impedir la transmisión del gobierno, pues insisten en que su candidata fue despojada como consecuencia de un fraude, a pesar de que sus alegatos han sido rechazados por todos los tribunales.
Si el objetivo era hacer desistir a los manifestantes, no se logró, pues hay informes de que Sansores y sus simpatizantes permanecen frente al palacio de gobierno.
En Campeche se requiere también un acuerdo político para evitar que se rompa la continuidad en el gobierno, y la responsabilidad en apariencia recae en la dirigencia del PRD, la cual deberá decidir si respalda las tácticas de Sansores o acata las decisiones de los tribunales electorales.
Por si algo faltara en este panorama, a partir de hoy estarán en la capital las huestes y los simpatizantes del EZLN que exigen la inmediata aprobación de una ley sobre indigenismo que recoja los acuerdos de Larráinzar.
La cosecha
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