Es insuficiente y vaga la información disponible sobre la naturaleza de las concesiones de carreteras iniciadas por Salinas de Gortari, y las condiciones en las que el gobierno de Zedillo canceló la mayoría de ellas hace unos días. Los órganos legislativos, los partidos políticos y los ciudadanos debemos exigir que se publique toda la información, porque es un tema de interés nacional que nos involucra a todos, pues compromete al patrimonio público y los impuestos pagados por los contribuyentes.

El tema tiene particular importancia para el futuro gobierno democrático y la ciudadanía del Distrito Federal, pues las dos administraciones anteriores, fieles a la política neoliberal, multiplicaron las concesiones de infraestructura urbana y servicios públicos, algunas de ellas aún sin concretar y que deberán ser sometidas a revisión; y la Ley de régimen patrimonial y servicios públicos del DF, aprobada en octubre de 1996 por la Asamblea de Representantes, concede poderes discrecionales al jefe de Gobierno en este campo y contiene aspectos muy problemáticos que deberían ser reconsiderados por la nueva legislatura. El fracaso de las grandes empresas concesionarias de carreteras (ICA, Tribasa y GMD, entre otras) y del gobierno, debe tenerse en cuenta, porque no responde a ``fallas'' de personas o procedimientos, sino a causas estructurales que hacen económica y socialmente inviable este modelo en muchos sectores, irreflexiva y apuradamente privatizados por el PRI-Gobierno, con el prematuro y excesivo beneplácito de los empresarios privados.

La primera constatación, refrendada por la actual crisis del sistema bancario, es que el sector privado puede ser tan ineficaz, ineficiente e imprevisivo como el público, y que en él anida también la corrupción inherente al sistema económico-político. En sectores estratégicos como el financiero y bancario, de infraestructura y servicios públicos básicos, la quiebra de las empresas privadas tiene tantas implicaciones políticas, económicas y sociales globales, que el Estado y los gobiernos no pueden permanecer al margen y terminan asumiendo los errores privados, entrando en contradicción con su política neoliberal.

Por otra parte, en infraestructuras como las carreteras y las calles urbanas, el sistema hidráulico y la electricidad, que constituyen monopolios naturales y requieren de suelo y recursos naturales en grandes cantidades y extensiones, no operan realmente el libre mercado ni la competencia, aunque estén en manos de empresas privadas que son tan monopólicas y excluyentes como las públicas.

La gran magnitud de la inversión requerida y las altas tasas de interés bancario imponen elevadas tarifas al usuario, que en la situación de degradación aguda del ingreso personal y empresarial y crisis recurrente, contraen el mercado (aforo carretero o consumo de bienes y servicios) e impiden la rentabilidad privada. Igualmente, los largos plazos necesarios para la recuperación del capital invertido no son compatibles con las altas tasas de interés imperantes. Es un círculo vicioso sin salida en nuestras economías. Al mismo tiempo, la necesidad de grandes cantidades de suelo y recursos naturales para su construcción y operación, dan lugar a conflictos con sus propietarios privados que sólo el Estado puede resolver mediante su intervención.

Por todo ello, el interés empresarial, de los propietarios territoriales y de los usuarios y consumidores, exige que el Estado intervenga directamente o a través de subsidios en estos sectores. Esta acción es un asunto de interés público; así fue como los estados capitalistas asumieron en el pasado su control; aún el fundamentalismo neoliberal del actual gobierno tuvo que ceder ante la terca realidad y abandonar su política anterior de concesiones carreteras. No es la primera vez ni será la última en que esto ocurra, y más vale que se analice en calma la situación y se actúe a tiempo, reorientando la política, y no cuando han estallado las contradicciones y su solución es demasiado costosa.

En las acciones de salvamento de los últimos 3 años, hay dos aspectos que son totalmente injustos para la sociedad mexicana: que el costo de los errores del gobierno y los grandes empresarios caiga sobre todos los ciudadanos, al cargar el rescate de las empresas sobre el presupuesto público y los contribuyentes (banca y carreteras); y que después de ``rescatadas'' por el Estado, las empresas o redes se mantengan en manos privadas (bancos) o se concesionen nuevamente a los empresarios para su administración, como se propone para las carreteras. Como han señalado algunos analistas, este es ``riquismo'', política mil veces peor que el mal llamado ``populismo'', pues se subsidia a los ricos a costa de los pobres. En ambos casos, los privilegiados han sido los banqueros.

En los sectores estratégicos de infraestructura y servicios sociales, el neoliberalismo salvaje a la mexicana se contrapone al crecimiento económico y el desarrollo social, porque al mismo tiempo impide la acumulación de capital, interés de los empresarios privados, y genera exclusión social, opuesta al interés de los trabajadores.