La homogeneidad que da cuerpo a las coaliciones gobernantes tiene un enemigo potencial emboscado: su actitud excluyente. Cuando se cierra a lo distinto llega a ser tan compacta que elimina cualquier variante de las tesis santificadas por las cúpulas decisorias. A ese fenómeno se le llama cultura hegemónica autoritaria. En su operación se van descartando, casi de antemano, las variantes y oposiciones que pudieran alterar o matizar la visión dominante. Más aún, los mismos puntos finos son rechazados por una actitud que mucho tiene de incapacidad y temor ante las diferencias y lo emergente. La historia del país remite, casi de manera automática, al recuento de tales conductas pero, con mayor precisión, a los tiempos actuales y en concreto al modelo de crecimiento en boga.

Es alarmante constatar cómo las élites financieras, públicas y privadas de México, mantienen y difunden sus posturas con tal semejanza y simultaneidad que es difícil distinguir al interlocutor en turno. Más bien dan la sensación de asistir a una continuada puesta en escena del mismo discurso. Nada varía en sus afirmaciones y postulados, los supuestos son idénticos, de tanto repetir lugares comúnes se les transforma en axiomas que ya no requieren de referentes ni sostenes y las creencias se esparcen con la seguridad de que serán aceptadas sin mediar crítica alguna.

Por estos días se están buscando los acuerdos mínimos que desaten la discusión sobre políticas que, eventualmente, pudieran integrar un ``modelo de crecimiento de Estado''. Pero a renglón seguido se expresan condicionamientos varios: tendrá que cuidarse el equilibrio de las finanzas públicas. Otro, el mandato del mercado es sacrosanto. Uno más, el gobierno sólo se encargará de lo indispensable y por ello se entiende la seguridad y las instituciones de carácter social. Y que no se olvide la responsabilidad fiscal. Después, todo se encadena de tal forma que se obviarán los detalles puesto que ya se coincide en no alterar los equilibrios tan penosamente logrados, se razona desde lo alto. Además, el doctor Zedillo, sus estribaciones burocráticas y asociados de las grandes corporaciones, están convencidos, hasta la misma médula del conocimiento fundacional, de que las políticas empleadas son congruentes, eficaces y que, después de la disputa, la cordura se impondrá por sobre las discrepancias sin fundamento de los opositores.

No hay peligro de virajes indeseados. Todo quedará bajo el control de los hacendarios de siempre. Las tribulaciones del empresariado de gran altura y los inversionistas del exterior ya no requerirán de las amenazas y los exorcismos para no variar el rumbo de lo establecido. El mandato de las urnas del 6 de julio, según se descubre en tales peticiones de continuidad, se agota en el recambio de funcionarios. La alianza para el gobierno de la Cámara, su insistencia en la búsqueda de nuevos rumbos, contenidos y acentos tanto en el presupuesto como en la ley de ingresos, sin olvidar el compromiso social, son un caso menor y aislado, parecen exigir algunos.

Más que un equilibrio financiero per se, lo que podría preceder a esa petición, sin soslayarla, sería la exigencia de que el gobierno se allegara ingresos suficientes para compensar, de manera acelerada, las inequidades sociales. El gasto en desarrollo para la justicia es, a todas luces, insuficiente. No se trata de alegar incrementos porcentuales en el presupuesto destinado a este rubro para demostrar la voluntad justiciera y la eficiencia del modelo económico para lograrlo. Lo crucial es el monto por habitante en realidad empleado. Los recursos que hoy se destinan al rubro de lo social es menor, bastante menor, que lo invertido hace décadas, justamente cuando se vivía en el criticado Estado Benefactor de los setenta.

Pero no se trata de volver los pasos hacia atrás, sino imaginar fórmulas actuales. Instalar los imperativos de bienestar por encima de cualquier otra prioridad, inclusive de los llamados rescates financieros. Después, es cierto, habrá que privilegiar el volumen de ingresos suficientes para impulsar el crecimiento de la industria mediana, de la pequeña y de la agricultura más allá de los niveles ya alcanzados en el pasado. Y, por último, dotarse de todos los medios para garantizar la seguridad del Estado y de los ciudadanos. Lo que no se menciona iría a continuación.