LA MARCHA ZAPATISTA, EN JUCHITAN; GOBERNACION, CONTRA LA AUTARQUIA

José Gil Olmos, Ciro Pérez Silva y Oscar Camacho Ť El gobierno federal quiere reanudar cuanto antes el diálogo y las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirmó ayer el secretario de Gobernación, Emilio Chuay-ffet Chemor, no obstante reiteró que la propuesta zapatista sobre derechos y cultura indígena significa una ``fisura'' en la estructura constitucional del Estado mexicano y una amenaza a la soberanía nacional.

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, dijo que el presidente Ernesto Zedillo no pretende renegociar los acuerdos alcanzados en el diálogo de San Andrés Larráinzar, sino que ``quiere honrar su palabra empeñada y desea su conversión en normas jurídicas, compatibles con nuestro marco constitucional, preservando la soberanía, la estructura de los tres niveles de gobierno y la igualdad jurídica ante la ley''.

Sin embargo, al referirse al Ejército Popular Revolucionario (EPR), advirtió que no habrá ningún diálogo con este grupo armado porque para el gobierno federal son ``terroristas''.

Desde el inicio de su intervención, Chuayffet abordó el tema del conflicto chiapaneco, no sin antes señalar que la imaginación, el respeto y la prudencia son las ``virtudes necesarias para seguir la transformación de la República''.

Garantizada, la seguridad de la marcha

Los legisladores de PRD, PVEM, PT y PAN le cuestionaron el silencio gubernamental luego 13 meses de interrupción del diálogo con el EZLN. Además, saludaron la marcha de los mil 111 zapatistas hacia la ciudad de México, e incluso alguno propuso que se formara una comisión legislativa que les diera la bienvenida a su llegada a la capital del país.

El secretario de Gobernación reiteró, al respecto, que la integridad física de los zapatistas en su marcha desde el sur del país está asegurada porque el gobierno de la República ``tiene que hacer valer esa garantía de seguridad para todos los mexicanos sin excepción''. Además, dio la bienvenida a la marcha tras indicar que la conversión del EZLN en fuerza política ``será sin duda saludable para la República''.

Antes, Chuayffet señaló que el gobierno federal reiteraba su voluntad para lograr la paz con justicia en Chiapas y que a partir de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna se deberían reiniciar pronto las negociaciones con la participación coordinada y decisiva de los poderes Legislativo y Ejecutivo.

``Es compromiso del gobierno del presidente Zedillo dar respuesta efectiva a las demandas de las comunidades indígenas, los programas institucionales se desarrollan sin interrupción y con la firme intención de superar rezagos históricos. En particular, los acuerdos de San Andrés Larráinzar reconocieron el enorme valor que tienen para los mexicanos las culturas indígenas, sus lenguas, sus tradiciones y sus formas de vida'', sostuvo Chuayffet desde la tribuna.

Empero, en ningún momento mencionó a la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), encabezada por el obispo Samuel Ruiz García, mientras que de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por legisladores de los partidos que integran el Congreso de la Unión, la calificó como una ``instancia esencial de coadyuvancia entre las partes''.

Responsable de la política nacional y a nombre del gobierno federal, explicó que la ausencia del tema del conflicto chiapaneco en el tercer Informe del presidente Zedillo fue porque el diálogo con el EZLN se rompió desde el 29 de agosto de 1996 y desde entonces no ha habido ningún avance.

Cinco horas de cuestionamientos

Durante la comparecencia que duró más de cinco horas, Chuayffet fue cuestionado reiteradamente por los diputados de oposición, quienes señalaron que el tema quiere ser evadido por el gobierno federal porque incluso en su ultimo Informe el presidente Zedillo evitó mencionarlo.

``Ello implica que no se ha avanzado hacia una resolución por la vía pacífica, a pesar de las iniciativas de los rebeldes para conformarse como fuerza civil, por el incumplimiento del gobierno a los compromisos pactados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de hecho adquiridos por el conjunto de la sociedad mexicana'', refutó desde el inicio el diputado del Partido del Trabajo Ricardo Cantú Garza, quien dijo a Chuayffet que para reiniciar el dialogo con el EZLN es necesario, antes, cumplir con los acuerdos de San Andrés.

Advirtió el diputado que 13 meses es mucho tiempo de silencio cuando lo que está en juego son los derechos de un grupo amplio de mexicanos. ``El incumplimiento gubernamental en Chiapas parece destinado a mantener ahí un foco de atención y a presionar con el despliegue militar hacia una muy improbable solución''.

Más tarde, al cuestionamiento del diputado perredista Demetrio Sodi de la Tijera de que la ``cerrazón'' gubernamental para cumplir los acuerdos de San Andrés provoca un clima de incertidumbre y tensión en todo el país, Chuayffet insistió en que el presidente Zedillo ``no ignora los problemas candentes'' y que en el caso de Chiapas lo ha atendido dando protección a los zapatistas en las 18 reuniones en San Andrés Larráinzar y en los seis foros que han organizado, ``restaurando'' el diálogo suspendido por las detenciones de César Yáñez, Javier Elorriaga y Gloria Benavides.

Además, señaló que en Chiapas se ha dedicado una inversión federal de 55 millones de pesos desde 1995 a la fecha e instalado 32 centros de atención social. ``Eso significa también atender de raíz los problemas que se han expresado sin duda en esa parte de nuestro país'', afirmó el funcionario gubernamental.

Autonomía no es autarquía

Chuayffet centró en cuatro puntos la discrepancia gubernamental con la que identificó como propuesta zapatista de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas.

En primer lugar, señaló que autonomía no puede ser confundida con ``autarquía'' y menos que genere ``soberanías distintas a la soberanía del Estado mexicano. Esta, precisó, tiene que ser acotada por la Constitución. En segundo lugar: que no se puede ``inaugurar un nivel de gobierno regional'' porque se atentaría contra la estructura constitucional del Estado mexicano. Como tercera discrepancia apuntó la distribución de los distritos electorales de acuerdo con la distribución geográfica de los pueblos indígenas. Finalmente, habló de la posesión de los propios medios de comunicación de los pueblos indígenas y dijo que esta iniciativa rompe con la ley porque da lugar a excepciones.

El diputado perredista Gilberto López y Rivas aclaró al secretario de Gobernación que no era la propuesta zapatista la que estaba en discusión, sino la hecha por la Cocopa. Asimismo, criticó el uso inconstitucional de las fuerzas armadas para la persecución de la delincuencia y la calificación del EPR como ``terroristas'', y que no se hablara de la represión en Oaxaca y Guerrero, donde 157 integrantes del Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de Liberación Nacional han sido torturados, desaparecidos y apresados.

El secretario de Gobernación argumentó que el Ejército no sirve sólo para defender al país de enemigos del exterior, ``sino para perseverar la seguridad interior''. Mientras que del EPR reiteró que la violencia declarada en sus manifiestos para derrocar al gobierno ``son instrumentos de lucha que nuestro derecho positivo prohíbe''.

Elizabeth Velasco C. Ť La propuesta que en su comparecencia ante la Cámara de Diputados hizo el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, de reanudar el diálogo por la paz en Chiapas si la nueva Cocopa ofrece métodos y caminos, es más de lo mismo: ``retórica gubernamental'', aseguró Oscar González Yáñez, legislador del Partido del Trabajo e integrante de la Comisión de Concordia y Pacificación saliente.

``En decenas de ocasiones los integrantes de la primera Cocopa nos desgastamos presentando diversas propuestas para destrabar el diálogo para la paz y todas fueron rechazadas por el Ejecutivo. Tal parece que siempre nos tomó el pelo y ahora pide más de lo mismo'', dijo.

Precisó que ni a los miembros de la nueva Cocopa ni al EZLN les corresponde ofrecer caminos y métodos para reanudar el diálogo, sino al gobierno federal por ser el que se ha negado a aceptar la iniciativa de ley indígena de la Cocopa.

Lamentó que pese a los ``buenos deseos'' de Chuayffet Chemor no haya señales claras del gobierno para reformar la Constitución en materia indígena, y consideró que una muestra de ello es la sugerencia que en días pasados hizo el delegado gubernamental para la paz en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, de revisar la iniciativa de ley presentada por la Cocopa saliente. ``Desconocemos a qué juega el gobierno al proponer una revisión, cuando el mismo aceptó y firmó los acuerdos de San Andrés en febrero de 1996'', indicó.

El gobierno debe cumplir: Díaz-Polanco

A su vez, el ex asesor de la mesa de cultura y derechos indígenas del EZLN, Héctor Díaz-Polanco, dijo que para evitar más derramamiento de sangre --como advirtiera en recientes declaraciones un comandante zapatista--, el gobierno debe cumplir su palabra.

``Esperamos casi de manera desesperada que el gobierno honre su palabra y convierta en realidad los acuerdos de San Andrés. En estos momentos las palabras del secretario de Gobernación son una flaca aportación; esperamos señales positivas que se traduzcan en hechos y acciones de gobierno'', acotó.

Díaz-Polanco demandó también respeto por parte del gobierno a la marcha zapatista y a la realización del congreso del EZLN para conformar una organización política legal.

``Esta marcha puede influir para que la cuestión de los derechos y autonomía indígenas se afirmen como uno de los puntos básicos de la agenda nacional y legislativa. La presencia de los zapatistas en el centro de poder del país permitirá renovar el compromiso por la paz en Chiapas, además de impulsar un proyecto estratégico como es la creación del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN)''. La decisión del EZLN de crear una organización política legal, subrayó, permitirá abrir un abanico de posibilidades a la participación política ciudadana, a partir de un enfoque novedoso --plantado en la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona-- y que consiste en luchar no por el poder, sino por la reorientación de las políticas gubernamentales. Esperamos entonces que se forme un frente plural, tolerante y creativo.

Triunfo Elizalde Ť ``Esta es la gran oportunidad para contribuir al restablecimiento del diálogo que pueda llevar a la paz en Chiapas. Por ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está dispuesta a proporcionar sus instalaciones para que, si existe interés, se lleve a cabo aquí la reanudación de las pláticas entre los zapatistas y el gobierno federal. Se trataría de un espacio neutral'', dijo ayer Adolfo Hernández Figueroa, tercer visitador general de la CNDH.

La confirmación de que seis funcionarios de la CNDH viajan desde ayer al lado de la caravana zapatista fue hecha a varios medios de comunicación durante una reunión a la que no se invitó a La Jornada. Empero, vía telefónica, Hernández Figueroa reveló a este diario que la institución ``tiene interés legítimo'' en participar en este importante acontecimiento de la historia nacional, lo mismo para atender al respeto a la dignidad humana que ``las quejas que presenten quienes pudieran ser afectados por actos u omisiones violatorios de los derechos humanos'' de parte de ``algún servidor público o autoridad gubernamental''.

``No importa --expresó en dos ocasiones-- que en esta acción de brindar las instalaciones de la CNDH a los zapatistas y a los representantes del gobierno pudiera desgastarse un visitador general; lo importante es no desaprovechar este acontecimiento histórico de unir a quienes realmente pueden destrabar la situación, y qué mejor que ofrecerles la sede de la CNDH, donde tendrían nuestra asesoría jurídica, nuestra observación imparcial y la seguridad del desarrollo de las pláticas''.

``Cuando la caravana arribe a la capital, yo estaré con un equipo de colaboradores a recibirla y para cubrir en todo momento su estancia en la ciudad de México, es decir, visitadores de distintas profesiones sumarán su esfuerzo y voluntad de apoyo a los visitadores que ya están participando en esta importantísima misión humanitaria''.

De manera espontánea, Hernández Figueroa manifestó su inconformidad con el anuncio de que más de 20 mil policías vigilarán a los zapatistas una vez que entren al Distrito Federal. En su opinión ``no hay que recibir con aparatos y dispositivos de seguridad a quienes vienen con el único propósito de trabajar en favor de la paz.

Guadalupe Ríos, corresponsal, Juchitán, Oax., 9 de septiembre Ť El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió aquí que no dialogará con el gobierno hasta que cumpla las condiciones mínimas de respeto a los acuerdos de San Andrés y se desmilitarice la zona de conflicto, afirmó Hugo, vocero del grupo rebelde, ante miles de istmeños de ocho etnias de la región concentrados frente al palacio municipal en el acto de recepción a la caravana zapatista.

Hugo dijo que además del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés en materia de derechos y cultura indígenas, así como de la salida de efectivos del Ejército federal y policías de Seguridad Pública de todas las comunidades indígenas del país, exigimos libertad, democracia y justicia para los indígenas y no indígenas de todo México''.

En su mensaje destacó que el EZLN aspira a la unidad de todos y acusó al gobierno de querer dividir a los pueblos para lograr su destrucción.

``No importan los cercos militares, las tanquetas ni los miles de uniformados que nos rodean en Chiapas; nuestro objetivo es decirle al gobierno que cumpla su palabra'', lanzó de entrada Hugo.

Luego llamó a todos los pueblos de México, a los obreros, campesinos, amas de casa, mujeres y hombres, niños y jóvenes, a luchar ``por la unidad que es tan importante como el agua para la milpa''.

Aquí, en la plaza principal que ahora no lució los trajes regionales de la mujer local, y en cambio mostró los sombreros de cintas de color de los indígenas tzeltales, tzotziles y zoques con el rostro cubierto, el pueblo istmeño les aplaudió largamente y retieró su vocación democrática:

``Hoy les decimos a nuestros hermanos zapatistas que no están solos; todos estamos con ellos, aquí, unidos. Hermanos huaves, mixes, chontales, zoques, mixtecos y zapotecas los acompañamos en su lucha'', dijo al recibir a la caravana el conductor del acto masivo que concentró a más de 8 mil personas.

Hermann Bellinghausen, enviado, Juchitán, Oaxaca, 9 de septiembre Ť El acto es histórico y, además, es el encuentro de varias historias. Una COCEI ya mayor de edad recibe al todavía nuevo EZLN en la plaza de Sushitán, como pronuncia suavemente el zapatista Carlos el nombre de esta ciudad.

Leopoldo de Gyves habla, 23 años después, ante los mil 111 zapatistas que llenan de colores la plaza juchiteca. Los listones de los tzotziles, los bordados chinitos de las tojolabales, los paliacates rojos y los pasamontañas negros dan nueva vida a una plaza que ya ha visto luchas, tragedias y triunfos.

``Compartimos con ustedes el sueño de refundar la nación mexicana sobre las bases de la democracia y la justicia'', expresó el líder histórico de la COCEI. ``Los acuerdos de San Andrés deben ser base de reformas constitucionales en el actual periodo de sesiones del Congreso''.

El Istmo de Tehuantepec es una región amenazada, ``está en la mira de grandes intereses económicos'', agregó de Gyves: ``No aceptaremos un progreso sin nosotros. Defender el Istmo es un acto de patriotismo''.

Ante los representantes de una organización en resistencia, la voz de la COCEI es una que ha triunfado, que participa en el poder y gobierna. Pese a sus diferencias, son historias que se encuentran a flor de piel en rincones de un México profundo que ya aprendió a salir a la superficie.

En una plaza central juchiteca llena a la mitad, también se dio el encuentro de organizaciones y dirigentes de la región. Según Adelfo Regino, de la coordinación del CNI para la marcha, el acto es ``histórico''. La marcha de los mil 111 zapatistas ha logrado una excepcional reunión ``de los pueblos huave, chontal, popoluca, mixe, nahua, zapoteco, zoque, chinanteco y mixteco''. También hay chontales de Tabasco, o sea, todos los pueblos indígenas del Istmo.

Están presentes las luchas de Uxpanapa y las voces del sur de Veracruz, de la UCIZONI y la UCIRI, la OPIMAR, los maestros de la sección 22 del SNTE y la Asociación de Técnicos y Profesionistas de Pemex.

Nada es totalmente normal. De pronto todas las organizaciones presentes están de acuerdo. Eso debe inquietar a la vigilancia federal que llena un acto no tan tumultuoso. Pese a que participa el presidente municipal coceísta, Roberto López Rosado, y el ayuntamiento es anfitrión de los zapatistas, desde las 8:30 dejan de funcionar los teléfonos públicos del centro de Juchitán. Como si un poder, por así decirlo, ``federal'' se inmiscuyera por la mala en un ayuntamiento libre. Para los juchitecos eso no es novedad.

La costumbre de la resistencia no se quita después de las victorias y los reflujos.

Hubieron de esperar la noche los zapatistas para marchar. El calor estaba matador. Pero en cuanto refrescó en la oscurana, la marcha recorrió las calles de Juchitán. Decían los mil 111: ``Madre miseria/padre el olvido/hoy despertó/el pueblo dormido''.

Un Juchitán urbanizado, ya sin los lodazales que recuerdan los veteranos periodistas del 77, del 83. Una pequeña ciudad, fuertemente zapoteca, que recibe ``a los grandes luchadores chiapanecos que hoy encabezan dignamente la lucha de los pueblos indígenas'', según el conductor del acto coceísta. Después presenta a la Comisión Política del Agrupamiento Especial Emiliano Zapata del EZLN, que acompaña a los istmeños en el vistoso escenario, muy al estilo de Tehuantepec y Juchitán, con harto color.

Son los compañeros Isaac, Obed, Carlos, Hugo, Omar, Karina, Claribel, Braue.

En uso de la palabra, Carlos dice: ``En Sushitán nuestra meta es llegar al Distrito Federal. No importan los cercos. Estamos aquí con ustedes''.

Desde la recepción esta tarde, el motivo recurrente de los saludos ha sido ``recordarle al gobierno federal que los zapatistas no están solos''.

A la hora que termina el acto, pasadas las 10 de la noche, lo que están los zapatistas es cansados. Un trajín muy largo se delata bajo algunos pasamontañas. Pero siguen compactos, sólidos, llenando la calle frente al palacio municipal.

Antes de irse a dormir a la casa de la Cultura de Juchitán, Hugo lee el mensaje principal del EZLN: ``El mal gobierno nos sigue dividiendo y peleando entre nosotros, y lo que tenemos que hacer es ver quiénes son nuestros enemigos y con ellos duro y sin cuartel hasta su derrota... Si exigimos que solucionen a la buena, solo se ríen y se hacen pato; en todo caso, nos turnan a sus oficinas burocráticas para dar vueltas y vueltas hasta desesperarnos y dividirnos''.

Así, dirigiéndose a las organizaciones istmeñas en la casa de la COCEI, Hugo señala: ``Sólo unidos podemos avanzar para construir entre todos un México grande donde las riquezas sean repartidas para todos los mexicanos y no sólo para un puñado de millonarios, un puñado de poderosos y de parásitos''.

Más historias que se cruzan. Más palabras que se encuentran.

Juan Balboa, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 9 de septiembre Ť Para Juan Bañuelos, integrante de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), la ``gran marcha de los más pobres'' que se dirige al Distrito Federal tiene como demandas primordiales que se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, demostrar su opción por la paz y el diálogo, y presionar al gobierno para que cumpla con los acuerdos firmados en San Andrés Larráinzar.

``La marcha zapatista resume la esperanza que tienen las etnias de nuestro país de que por fin sean reconocidos sus derechos como ciudadanos y que el gobierno no siga siendo mudo, ciego y sordo'', apuntó el poeta chiapaneco, al participar en la presentación del libro Memorial de Chiapas, editado por La Jornada.

Dos integrantes de la Conai, los poetas chiapanecos Juan Bañuelos y Oscar Oliva; un cronista de los sucesos desde la aparición pública del EZLN, Hermann Bellinghausen; uno de los coautores del libro, Luis Contreras, y el representante de La Jornada, Eduardo Montes, participaron en la presentación del texto prologado por el subcomandante Marcos.

``Lo más significante es que esta obra aparezca en estos momentos, en este día en que se inicia la gran marcha, de cerca de mil 500 kilómetros de recorrido por la paz a la ciudad de México, de los indígenas mexicanos, los de Chiapas, los más pobres de los pobres, que demandan que sean reconocidos sus derechos'', continuó Bañuelos.

El también poeta Oscar Oliva valoró la importancia que tiene para la literatura chiapaneca la aparición de éste libro, que recoge 106 testimonios de personas que han vivido de cerca los acontecimientos de enero de 1994; dijo que Memorial de Chiapas forma parte ya de este ``gran canto general de la literatura'' chiapaneca.

El periodista Hermann Bellinghausen destacó que Memorial de Chiapas es un documento de peso a favor de la paz, ``fruto de un terremoto del que todos tienen algo que testimoniar, memorias de una revuelta, que no son lo mismo que memorias revueltas''.

Señaló que ``en esta asamblea de anécdotas vividas'' se dan cita un cruzado de la ecología universal, un abogado mixteco, un artista plástico y alguien que amaneció crudo en San Cristóbal de las Casas en el año nuevo de 1994, lo importante, no sé si raro, es que todos hablan de lo mismo.

Andrea Becerril Ť Un grupo de senadores de PRI, PAN y PRD se reunieron ayer en privado con el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, quien --en versión de los legisladores-- les aseguró que el número de efectivos militares en Chiapas ha disminuido, que no habrá contemplaciones en castigar a integrantes de las fuerzas armadas involucrados en el narcotráfico y aceptó la invitación que le formularon para que asista al Senado de la República.

El presidente de la Comisión de Defensa del Senado en la 56 Legislatura, Alvaro Vallarta; el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en esa cámara, Héctor Sánchez, y el senador panista Juan de Dios Castro, coincidieron en que se trató de una reunión cordial, en la que el titular de la Sedena respondió a todas las preguntas, incluso las referidas a temas ``difíciles'', como son los casos de Chiapas y el involucramiento de algunos elementos de las fuerzas armadas en el narcotráfico.

Su asistencia (de Cervantes) a la 57 Legislatura de la Cámara de Senadores será un hecho sin precedente, precisó Vallarta, ya que nunca antes se ha presentado, ni siquiera en comisiones, en ese órgano legislativo. No ha habido, dijo, ninguna resistencia del general Cervantes Aguirre a dialogar con los legisladores, ya que ``nada tiene que ocultar''.

La mecánica de la visita del titular de la Defensa, agregó Vallarta, la definirán los coordinadores de las fracciones parlamentarias, ya que debe ser una invitación formal, acordada en el pleno, que se habrá de analizar una vez que concluyan las comparecencias de seis funcionarios que ya están acudiendo --el primero fue el canciller José Angel Gurría-- para analizar el Informe presidencial.

Durante un desayuno de trabajo, el coordinador de los senadores del PRI y presidente de la Gran Comisión, Genovevo Figueroa, expresó a Cervantes Aguirre el interés de los legisladores por comentar con él los temas incluidos en el Informe que tienen que ver con las fuerzas armadas. Después tomaron la palabra otros representantes del Senado.

Héctor Sánchez, del PRD, informó que planteó a Cervantes que el diálogo que ayer sostuvieron con él cerca de 20 legisladores durante un desayuno privado, se diera una vez más pero en el Senado de la República, a fin de que otros senadores pudieran plantearle las inquietudes en torno a temas relacionados con las fuerzas armadas y su actuación.

A la reunión, agregó Sánchez, asistió por el PRD Félix Salgado Macedonio y expuso a Cervantes su inquietud por el incremento de la militarización en Oaxaca, Guerrero y Chiapas.

Al respecto, el secretario de la Defensa, precisó Sánchez López, respondió que el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, y del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en Oaxaca y Guerrero, es lo que obligó a las fuerzas armadas a intervenir, ya que se trata de grupos que declararon la guerra al gobierno mexicano.

Sobre el tema el senador del PAN, Juan de Dios Castro, explicó que Cervantes Aguirre respondió que entiende que la simple presencia del Ejército Mexicano en esos estados pueda crear desconfianza, pero señaló que la actuación de las fuerzas armadas se da en el marco constitucional y está consciente de que deben respetarse los derechos humanos.

El funcionario --agregó el panista-- recalcó que en Chiapas no se ha incrementado el número de efectivos militares, sino que ha disminuido.

Asimismo, Cervantes Aguirre respondió a preguntas de senadores del PAN en torno a quejas por irregularidades cometidas contra la población en el Operativo Alacrán. El secretario de la Defensa habría dicho que lamenta que hubiera incidentes, pero que se habrán de revisar.

Tanto Vallarta como Héctor Sánchez y Juan de Dios Castro explicaron, en entrevistas por separado, que Cervantes Aguirre hizo una amplia explicación del papel del Ejército en la actual lucha contra el narcotráfico.

Se refirió al caso del general Jesús Gutiérrez Rebollo y dijo que, desafortunadamente, las autoridades militares ignoraban datos que de haberse sabido con antelación habrían permitido conocer sus actuaciones. Sin embargo, añadió que al tenerse la información se actuó de inmediato y no sólo se concretaron a fincarle responsabilidades en el aspecto militar, sino que fue llevado ante las autoridades competentes.

Cervantes Aguirre respondió asimismo a interrogantes en torno al general José Francisco Gallardo Rodríguez, y de él sostuvo que no está bajo proceso por insistir en la creación del ombudsman militar, sino por tres delitos contemplados en el Código de Justicia de las fuerzas armadas.

Al final, los legisladores precisaron que consideran insustituible en estos momentos la labor del Ejército en el combate al narcotráfico, aunque esperan --precisó Juan de Dios Castro-- que su participación vaya disminuyendo al darse la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública. Además, concluyó el perredista Héctor Sánchez, que haya respeto a los derechos humanos de los residentes en las localidades en que se lleven a cabo operativos de la lucha antinarcóticos.